El 2 de abril de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la captura de 232 personas a quienes imputó una serie de delitos contra la libertad sexual, y entre los acusados dio a conocer el nombre de un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador: José Edid Cortez Henríquez, excomandante de la capitanía de Puerto El Triunfo, Usulután, muy conocido en esos municipios del Oriente por supuestamente usar el régimen de excepción para chantajear a mujeres exigiéndoles favores sexuales a cambio de no detenerlas a ellas o a sus esposos.

Revista Elementos confirmó, con testimonios brindados por fuentes judiciales, que Cortez Henríquez permaneció detenido, como máximo, dos semanas, pero después logró recuperar su libertad pagando cerca de 12 mil dólares a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el 1 de mayo de 2021 fueron impuestos por el Gobierno de los Hermanos Bukele.

Ese magistrado, que hasta enero de 2022 acarreaba una deuda que provocó que su salario le fuera embargado en su trabajo anterior, ordenó al juzgado que para entonces tramitaba el proceso judicial contra Cortez Henríquez, que le diera medidas sustitutivas a la detención provisional, mientras miles y miles de personas sin antecedentes penales permanecen detenidas mientras esperan que les comprueben las imputaciones en su contra.

Se intentó contactar al señalado a través de dos teléfonos de línea fija y una celular, para obtener su versión tanto sobre los señalamientos de abusos sexuales y de autoridad, sobre su proceso judicial por el que fue capturado y también por el supuesto soborno a un magistrado para obtener su libertad.

Al cierre de este artículo, sin embargo, no había respondido ninguno de los mensajes que le fueron enviados ni correspondido ninguna de las llamadas que le fueron hechas.

Después de las 223 detenciones el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, publicó en sus cuentas de redes sociales: «Nos heredaron un sistema de justicia que permitía que estos cobardes delincuentes salieran impunes. Eso se terminó, reitero una vez más, estamos acá para hacer justicia y proteger a nuestra población de bien».

Parece, sin embargo, que para el excomandante de la capitanía de Puerto El Triunfo esas palabras no aplicaron.

La muerte del campesino y su hija capturada por el jefe militar

José Ismael Márquez Padilla fue enterrado el 18 de septiembre de 2025 en el cementerio más cercano a la comunidad La Gracia, cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulután. Lo mató la insuficiencia renal crónica que padecía, pero también la falta de medicinas y del instrumental básico para el tratamiento de esa enfermedad en el Hospital Nacional de Jiquilisco.

El campesino, además, se llevó a la tumba un deseo incumplido, ignorado por el Gobierno de los Hermanos Bukele: que se le permitiera ver, por última vez, a su hija Karla Patricia Márquez Flores, de 27 años, que el 30 de marzo de 2022 fue capturada por un grupo de policías y soldados quiénes la acusaron de pertenecer a agrupaciones ilícitas, es decir, le aplicaron el régimen de excepción.

Las acusaciones, sin embargo, son falsas según sus amigos y sus familiares que fueron consultados a propósito de este artículo. Sus antecedentes penales también estaban limpios antes de su detención, como lo confirma un documento emitido por el Juzgado de Paz de Puerto El Triunfo al que Revista Elementos tuvo acceso.

En la captura de Márquez Flores participó Cortez Henríquez, según pudo verificarse.

El 30 de marzo, Cortez Henríquez llegó a la colonia El Milagro, de Puerto El Triunfo, a la casa de la joven a la que había acosado sexualmente en el malecón de la localidad, es decir, donde trabajaba como mesera en uno de los restaurantes.

Ella estaba ayudando a una de sus vecinas que estaba en estado avanzado de embarazo. Mientras encerraban el ganado en el establo uno de los policías la llamó exigiéndole salir a la calle para, como suele ocurrir en estos casos, hacerle unas preguntas.

La vecina advirtió a los policías y los soldados que no podían llevársela sin una orden judicial. Fue entonces, según los testigos, que intervino Cortez Henríquez con una amenaza: le ordenó a la mujer meterse a la casa porque si seguía reclamando de una patada le iba a sacar al bebé.

En plena discusión otro vecino se acercó y preguntó por qué se llevaban a Karla. La respuesta que obtuvo es que solo se la llevarían para hacerle unas preguntas y que pronto regresaría.

Desde entonces, ella continúa detenida en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana. Ya transcurrieron 3 años, cinco meses y 20 días.

Eso mismo ha ocurrido con decenas de hombres y mujeres de esa misma localidad. En el caso de los hombres, el militar los echó presos para darse ventaja cuando las mujeres estuvieran solas y, en el caso de las mujeres, porque se resistieron a sus mismas pretensiones. Y hay casos en los que encerró a ambos.

Muchos huérfanos han quedado por la prepotencia de policías y el comandante militar de Puerto El Triunfo. En el caso de Karla, dejó una niña de tres años. Hoy tiene siete.

El deseo de un padre

José Ismael enfermó de insuficiencia renal a los cuatro o cinco meses de que su hija Karla estuviera encarcelada. Su salud decayó muy rápidamente; algunos parientes aseguran que pensar en su hija era una pena que jamás lo abandonó hasta el día de su muerte.

De hecho, cuando presintió que su fin estaba cerca, pidió que le hicieran un vídeo para publicarlo en redes sociales, con la esperanza que llegara a oídos del presidente inconstitucional Nayib Bukele o que alguno de sus funcionarios le comentara que un campesino de Jiquilisco le pedía ayuda: clemencia para su hija y para él, que le concediera el último deseo de verla.

Sentado en una silla de ruedas, aquel campesino enfermo de insuficiencia renal, con una foto de Karla entre sus manos, le pedía a Bukele y a Osiris Luna, director de Centros Penales, que le permitieran ver a su hija por última vez, ya que era paciente renal y no sabía por cuánto tiempo iba a seguir con vida.

Esa petición la hizo el pasado 6 de septiembre. El vídeo fue difundido en redes sociales. era evidente el deplorable estado de salud de José. Aunque su familia no esperaba que falleciera tan pronto.

El 8 de septiembre lo llevaron de emergencia al Hospital de Jiquilisco, donde lo mantuvieron dos días haciéndole pruebas para ver si el catéter que tenía puesto permanentemente le funcionaba, pero nunca se las hicieron. Dos días después lo mandaron al Hospital Nacional de San Miguel para que le cambiaran el catéter.

En San Miguel en cuanto llegó, hicieron lo que ya le habían hecho en el Hospital de Jiquilisco. Incluso, el día en que llegó solo había un paciente renal al cual le realizaban una hemodiálisis, pero la enfermera que estaba atendiendo dijo que ella no podía hacerle hemodiálisis por falta de materiales.

Permaneció en espera y transcurridos unos cuatro días los médicos anunciaron a la familia que era demasiado tarde para cambiar el catéter porque era demasiado arriesgado.

Así lo mantuvieron en el hospital y como a los cuatro días unos médicos le dijeron que ya no podían hacer nada porque era muy arriesgado cambiar el catéter. Al parecer, la verdad es que no había. En ese entonces ya había comenzado a vomitar y del nosocomio llamaron a su esposa para que llegara a brindarle ella misma los últimos cuidados.

Según el testimonio de familiares, en la tarde del 16 de septiembre se levantó de la cama del hospital y fue al baño donde comenzó a vomitar sangre de manera incontenible. La esposa pidió ayuda y las enfermeras llegaron a acostarlo en el piso. Sí: en el piso. Ahí murió.

«Mi viejo murió como perro, peor que un perro; no merecía morir así. Eso no se le hace a nadie», contó un familiar.

Karla no sabe que su padre ha muerto. Cuando ella fue arrestada no estaba enfermo. Tampoco sabe que su abuela materna, un tío de parte de papá y un primo murieron mientras estaba encarcelada.