En la celda siempre recordaba aquel día en que, empujado por una conmiseración profunda, abrió la puerta de la jaula para que los dos pericos escaparan y se libraran de las cadenas de más de ocho mil años de domesticación de las aves en ese momento encarnados en su mamá, que era la dueña de los pájaros. Pero su sorpresa fue que no volaron lejos hasta perderse en el cielo, como él quería; se quedaron, más bien, sobre la rama de un árbol cerca de su casa mirando de costado y chirriando mientras llegaba la hora de la comida.
— Yo le decía: mamá, ellos necesitan libertad. Es lo mismo que tener un perro encerrado.
Durante once meses y cinco días Víctor Horacio Echeverría Barahona vivió como un perro, según sus propias palabras: el suplicio inició el 7 de junio de 2022 cuando estaba en su casa y llegaron dos policías a preguntar si alguna vez había estado en la cárcel. Respondió que no y ellos insistieron en que seguramente sí. Entonces lo capturaron «por el régimen». Pasó al Centro Penal La Esperanza-Mariona donde recibía medicamentos para controlar su hipertensión, pero que se negó a ingerir porque estaban vencidos; estuvo en el Centro Penal de Izalco donde, desde la altura de su celda, vio cómo eran trasladados los cadáveres de los privados de libertad.
Fue uno de los más de 71 mil presos del régimen de excepción de los que se jacta el Gobierno de Nayib Bukele. Él, sin embargo, tiene una particularidad: es periodista y atribuyó las amarguras que soportó al oficio que por más de 20 años desempeñó, principalmente, en medios locales del norte de San Salvador. Y, como en otros miles de casos, sin saber la razón exacta fue liberado, en específico el 19 de junio de 2023. De nada sirvieron la denuncia que su familia presentó en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el recurso de hábeas corpus interpuesto en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Ser periodista es delito (…) hacer periodismo investigativo o que lleves a tu programa a un invitado que incomode a un funcionario basta para que te vinculen con pandillas», afirmó.
«El Gobierno necesita mantener el control de la narrativa lo que logra cuando solo ellos tienen el control de la información», explicó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Según Oswaldo Feusier, abogado de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), este caso es «calcado» porque en él se repiten los patrones de presuntas capturas arbitrarias perpetradas tanto por policías como por soldados desde el inicio del régimen el 27 de marzo de 2022.
Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, explicó que con las reglas del régimen de excepción los capturados han perdido los derechos a un juicio justo e imparcial, a la presunción de inocencia, a que la detención provisional no se prolongue por más de dos años, a la defensa y a las garantías judiciales básicas. Pero otro de los problemas es que, de acuerdo con ella, en general todos los ciudadanos hemos perdido, por ejemplo, las libertades de libre movilidad, reunión, manifestación, entre otras.
«Nayib Bukele está dando un golpe a la Constitución y al Estado de derecho y así es que va a llegar a ser presidente en el 2024», presagió.
El régimen lleva a la reelección
No podemos asumir que la estructura legal —y paralegal— de las elecciones que serán celebradas el 4 de febrero y el 3 de marzo de 2024 se sostiene únicamente en los pilares de las formalmente conocidas como reformas electorales ordenadas por Casa Presidencial. Es obligatorio, más bien, extender el análisis para descubrir que en los últimos dos años los diputados de Nuevas Ideas y sus subordinados impulsaron y materializaron más de 48 modificaciones y nuevas leyes que en la práctica no han tenido más efectos que oxigenar los órganos que vitalizan el proyecto político de largo plazo de la Familia Bukele. Es decir: en los últimos 790 días El Salvador ha visto como la Asamblea Legislativa no ha tenido tarea más urgente que acomodar las piezas necesarias para que Nayib Bukele se eternice en el poder, justo como también ocurrió en el pasado reciente, con sus respectivos mandatarios, en Nicaragua y Venezuela o en países geográficamente distantes como Rusia o Turquía.
Existe, por tanto, experiencia acumulada —y comparable— que muestra los pasos seguidos por los autoritarios del Siglo 21. El académico Mario Fuentes Destarac propuso una lista de esos pasos: controlar los tribunales constitucionales con magistrados domesticados que por órdenes suyas tuercen las constituciones; los organismos electorales que les entregan los registros de votantes para que los manoseen; los poderes legislativos que con diputados amaestrados cumplen su función de elaborar leyes para ellos y direccionarles enormes flujos de dinero sin atreverse a preguntar absolutamente nada y sin exigir rendición de cuentas; las contralorías públicas que se niegan a contarles las costillas; y, finalmente, la destrucción de la prensa independiente.
Por eso no debemos pensar coyuntural sino procesualmente lo que nos permitirá observar que esta etapa del proyecto que se supone está destinado a durar 40 años no inició el 18 de octubre de 2022 con la aprobación de la Ley de Voto en el Exterior. No. Comenzó el 1 de mayo de 2021 con lo que el autor guatemalteco llamó Golpe de Estado Constitucional que consistió en la expulsión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elegidos en 2018 y la imposición de otros que eliminaron artificialmente los obstáculos a las pretensiones de reelección. Y terminará, si llegara a concretarse, con Nayib Bukele traspasando la banda presidencial a Nayib Bukele el 1 de junio del próximo año.
Siguiendo esta línea analítica revisamos 1 mil 678 decretos aprobados entre el 1 de mayo de 2021 y el 15 de julio de 2023 de los que seleccionamos 53 que agrupamos en las categorías propuestas por Destarac: Control de la justicia o sometimiento del Órgano Judicial; Control de los votantes o negación de los derechos de los ciudadanos; Control de los padrones electorales y sometimiento del TSE; Desinstitucionalización e instrumentalización partidaria de lo público.
Sin pretender exhaustividad ni completitud podemos entender este listado como la reforma estructural del poder emprendida por la Familia Bukele y ejecutada por una parte de su séquito servil.
Demostraremos que en los últimos 26 meses nada ha ocurrido por casualidad ni improvisadamente, aunque así parezca cuando se ve, por mencionar dos cosas, la supresión de 218 municipios o la eliminación de 24 curules de la Asamblea. Cada una de las reformas legales o las nuevas leyes tuvieron un propósito que ahora mismo puede respirarse y tocarse en las realidades más cotidianas de los salvadoreños: más y más poder para la Familia Bukele y los círculos de súbditos que les rodean y menos derechos —más exclusión— para la mayoría de los ciudadanos. Por ejemplo: los magistrados impuestos abrieron de par en par las puertas de la reelección para el presidente, pero han rechazado más de 4 mil recursos de hábeas corpus presentados por los familiares de los detenidos supuestamente de forma arbitraria desde la entrada en vigencia del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022; la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió que nadie puede impugnar los nombramientos de los funcionarios de segundo grado, pero a la vez condescendieron el nepotismo étnico después de anular la condena que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) impuso al entonces alcalde Bukele por el nombramiento de su hermano Yamil Bukele en el Instituto Municipal de los Deportes y Recreación (IMDER) en el año 2015.
O la práctica reducción al mínimo de las facultades de las alcaldías y la eliminación de la supra-estructura que las coordinaba está anulando en los territorios las capacidades organizativas de los individuos para reclamar derechos, pero a la vez ha permitido al Gobierno controlar la macro y la micro obra pública para facilitarla a sus aliados y, de paso, tapizarla con el cian y la ene de Nuevas Ideas, el partido que la Familia Bukele fundó con sus empleados de toda la vida. La instrumentalización ha sido tan evidente que incluso Álvaro O´Byrne, exdirector de la Dirección de Obras Municipales (DOM), la justificó a principios del año pasado; o la declaratoria de cada 11 de enero de 2022 como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, justamente en el año en el que el Gobierno intensificó, como uno de sus ejes de comunicación, culpar tanto a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de todos los fallecidos tanto en la Guerra Civil como en los 30 años posteriores a los Acuerdos de Paz; o la eliminación de la fórmula de representación proporcional con la que eran elegidos los diputados que muy probablemente devendrá en la instauración de una Asamblea unipartidista, similar a cómo era antes de 1963 cuando funcionaba la fórmula de representación geográfica que permitió a los autoritarios del Siglo 20 —civiles y militares— dominarlo todo.
Es decir: todas estas son piezas que encajan en la lógica de acumulación de poder político que viene in crescendo desde el año 2012 cuando Nayib asumió como alcalde de Nuevo Cuscatlán.
1. Control de la justicia o sometimiento del Órgano Judicial
1.1 Golpe de Estado.
El Golpe de Estado Constitucional inició el 1 de mayo de 2021 cuando, por iniciativa de los diputados Suecy Callejas, Jorge Castro, Christian Guevara y otros de Nuevas Ideas, la Asamblea derrocó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y en su lugar impuso a los abogados Óscar López Jerez, Elsy Dueñas, Luis Suárez (exabogado de El Blog, propiedad de Manuel Aguilar), José Ángel Pérez y Héctor Nahúm Martínez. Luego hicieron lo mismo con Raúl Melara, el fiscal general que había dirigido las investigaciones por presunta corrupción del Gobierno durante la cuarentena decretada para disminuir la propagación del Covid-19 entre febrero y septiembre de 2020, y en su lugar fue nombrado Rodolfo Delgado.
Después fueron sentados en las sillas restantes de la Corte los magistrados Sandra Luz Chicas, José Ernesto Clímaco, Alex Marroquín, Miguel Flores y Enrique Portillo Peña (estos dos últimos ya no están; el primero falleció y el segundo renunció). La sumisión de la cúpula del Órgano Judicial fue completada en menos de 60 días. ¿Qué posibilidades abrió esto para el proyecto político de la familia gobernante?
Los resultados fueron inmediatos. Veamos una breve lista ejemplificativa.
Sala Constitucional: entre el 5 de mayo y el 6 de septiembre de 2021 los magistrados impuestos absolvieron a la Asamblea de regular el voto en el exterior y en su lugar cargaron con la responsabilidad de elaborar «los procedimientos y mecanismos» al Tribunal Supremo Electoral (TSE); protegieron el nombramiento de Rodolfo Delgado en la Fiscalía General de la República (FGR); rechazaron estudiar los cuestionamientos a la «moralidad notoria» de Pablo Salvador Anliker Infante después de que fue nombrado viceministro de Agricultura, no obstante, las docenas de irregularidades registradas en la gestión de los millonarios fondos para la provisión de los paquetes alimentarios halladas por la Corte de Cuentas y también las publicaciones periodísticas que mostraron indicios de corrupción mientras él fue ministro; blindaron las imposiciones de López Jerez y Dueñas en una sentencia que ellos mismos también firmaron, es decir, se auto blindaron; calificaron de «incoherentes y censurables» las advertencias que en una demanda hizo el abogado Herbert Danilo Cruz Vega cuando impugnó la candidatura a la presidencia, en 2019, de Nayib Bukele por su doble papel: empresario proveedor de servicios al Estado y aspirante a mandatario; y, finalmente, abrieron las puertas para que Nayib Bukele compita para la reelección, como puede verificarse en las sentencias 1-2021, 156-2012, 35-2021, 51-2021 y 30-2019.
«El Gobierno necesitaba eliminar el control que ejercía la Sala de lo Constitucional», comentó Ruth Eleonora López, de Cristosal, porque según ella de no haberlo hecho unos magistrados independientes habrían revisado la legalidad de la ley Bitcoin, los llamados agentes digitales encubiertos, el nuevo sistema de compras públicas que omite la competencia como principal mecanismo de licitación y, finalmente, la expulsión de Raúl Melara de la Fiscalía.
«La Constitución es clara en la prohibición de la reelección y un juez independiente e imparcial no la habría avalado de ninguna forma», dijo Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
La Sala Contencioso Administrativo jugó un papel similar: rechazó dos demandas que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza presentó impugnando las imposiciones de Dueñas, Suárez, José Ángel y Martínez García en la Sala Constitucional, como se puede verificar en los procesos 18 y 19-21-PCS-SCA; también se negó a apartar al presidente Bukele del proceso de remoción de la excomisionada Liduvina Escobar del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) con el argumento de que él «no tiene superior jerárquico».
En poco tiempo fue evidente el engrosamiento de una línea: los funcionarios de segundo grado —magistrados, jueces, comisionados— se convirtieron en barreras de contención construidas entre los ciudadanos que osan cuestionar o impugnar a los funcionarios de elección popular, es decir, presidente, diputados y alcaldes, siempre que sean líderes o subordinados a Nuevas Ideas, lo que en la práctica ha entronizado a la Familia Bukele y reducido a muy poco a la mayoría.
La instrumentalización del Órgano Judicial comenzó a extenderse el 31 de agosto con la purga de todos los jueces mayores de 60 años porque supuestamente estaban manchados de corrupción. La realidad, sin embargo, es otra: una gran parte de los que se quedaron tienen en promedio 53 años y hay otros incluso mayores de 60 años que no fueron removidos de sus cargos. Esto, sin embargo, permitiría a futuro la implementación del régimen de excepción que ha devenido en toda una cadena de supuestos abusos, incluyendo fallecimientos en los centros penitenciarios.
1.2 Amenazar magistrados.
El punto culminante de esta estrategia llegó el 18 de enero de 2023 cuando los diputados reformaron el Código Penal, específicamente el artículo 295-A, que establece una sanción de entre diez a quince años de prisión para quien «por cualquier medio impidiere u obstaculizare la inscripción de candidaturas cuando estas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia».
«Están utilizando las leyes para generar temores y que las personas no actúen», expresó la directora del IDHUCA.
«Nadie puede obligar a una autoridad a incumplir con lo establecido en la ley y la CN», advirtió Ruth Eleonora López.
Julio Olivo, magistrado del TSE, confirmó el 21 de junio en una entrevista radial que esa modificación pretende intimidarlo a él y a los encargados de inscribir a los candidatos, es decir, los integrantes de la Junta Electoral Departamental (JED) y el organismo colegiado. «Pueden tocar hasta 22 años (de cárcel) como agravante», dijo en La Tribu FM. Admitió, además, que tiene «miedo» de ser encarcelado, pero «no por eso voy a dejar de defender la democracia».
Al tener en sus manos las solicitudes de inscripción los magistrados deben verificar que los candidatos cumplan los requisitos legales y constitucionales para poder optar, entre estos los establecidos en los artículos 75, 88, 131, 152, 154 y 248 de la Constitución, así como también lo que señala el Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución que también repite: «respecto de la incompatibilidad (…) que este desempeño dure más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior”».
En la resolución de inscripción de Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, el 22 de octubre de 2018, el TSE se ciñó a la sentencia 58-2013 de la Sala que establecía que nadie que hubiera desempeñado la presidencia en los diez años anteriores podía ser candidato, para esa fecha la prohibición se extendía a los expresidentes Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén.
El 20 de julio los abogados Víctor Manuel Mejía Urbano, José Osvaldo Lemus Lozano y Rafael Antonio González Garcíaguirre presentaron al TSE una solicitud de enjuiciamiento de la resolución de la Sala Constitucional que habilitó la candidatura a la reelección de Bukele, es decir, les pidieron que se nieguen a inscribirlo. ¿Cuán probable es que lo hagan? Desde el 4 de septiembre, y desde entonces en reiteradas ocasiones, magistrados como Noel Orellana y Luis Guillermo Wellman Carpio han adelantado que se limitarán a cumplir la resolución.
El periodo de inscripción iniciará el 7 de septiembre, de acuerdo con el Plan General de Elecciones (PLAGEL) y los artículos 142 al 145 del Código Electoral.
Se tiene, en todo caso, a los magistrados y los jueces, de todos los niveles y de todos los ámbitos, trabajando en pos del proyecto político de una familia.
2. Control de los votantes o negación de los derechos de los habitantes
Entre marzo de 2022 y junio de 2023 los diputados aprobaron más de 20 decretos cuyo principal efecto ha sido la suspensión de algunos de los derechos más básicos para los ciudadanos en general y el agravamiento de las condenas, la eliminación de los mecanismos de competencia en las compras públicas, entre otros.
Entre esos decretos están la aprobación y las dieciséis renovaciones del régimen de excepción, pero también las normativas relacionadas: el régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el marco de la Declaratoria del régimen de excepción; la reforma al Código Penal que habilitó a los jueces sin rostro para principalmente juzgar los casos del régimen; el incremento hasta de doce años de cárcel para menores de edad que cometan delitos, entre otros.
Pero la que más influye en el camino hacia las elecciones 2024 es el régimen.
2.1 El régimen
El 27 de marzo de 2022 los diputados aprobaron el régimen de excepción que, formalmente, ha conllevado la suspensión de las libertades de reunión y asociación, de defensa, a que la detención administrativa no se prolongue por más de 72 horas, a la inviolabilidad de la correspondencia y la privacidad de las telecomunicaciones. En la práctica, sin embargo, más derechos han sido suspendidos.
«Es una medida para garantizar que Bukele siga en el Gobierno», dijo Zaira Navas recordando además que excusadas en esa medida la PNC y la Fuerza Armada han capturado a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que se han opuesto al Gobierno como, aparentemente, ha ocurrido, por ejemplo, con José Leónidas Bonilla Torres, Óscar René Martínez Iglesias, Santos Adolfo Zetino, Esmeralda Beatriz Rodríguez de Peña, entre otros.
Desde la vigencia de la suspensión de garantías constitucionales organizaciones como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entre otras han recibido 6 mil 436 denuncias de capturas arbitrarias, abusos de autoridad, tratos crueles, torturas y muertes en los centros penitenciarios.
«Ningún tirano o dictador garantiza derechos de otros, si no que busca aplastarlos para mantenerse en el poder», concluyó Navas.
Según la propaganda gubernamental hasta esta fecha fueron detenidas más de 71 mil personas, una cifra que se suma a quienes ya estaban en prisión antes del 27 de marzo de 2022, por lo que la población carcelaria es superior a los 97 mil privados de libertad. De ese número es imposible conocer cuántos ya fueron condenados, una de las razones para ser depurado del registro electoral de acuerdo con la ley.
El TSE, hasta junio de 2023, ha eliminado del padrón a 112 mil 401 electores por defunción; a 26 mil 827 por condenas ejecutoriadas; y ha inscrito a 11 mil 498 cuyos derechos políticos les fueron restituidos.
Del derecho a votar que todavía asiste a quienes fueron capturados con las reglas del régimen el TSE no ha dicho nada. Y, por tanto, no existe claridad de si podrán emitir el sufragio el próximo año.
Para las pretensiones de reelección de Bukele, además, es inconveniente que las víctimas de las capturas arbitrarias y sus familiares vayan a las urnas. A estos probables descontentos también podrán sumarse los miles de vendedores desalojados de los centros históricos del país, sobre todo de San Salvador; los más de 15 mil despedidos del gobierno, entre ellos policías mayores de 60 años, exempleados del TSE, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH), entre otros.
3. Control del padrón
Entre el 13 de julio de 2021 y el 15 de marzo de 2023 la Asamblea Legislativa aprobó doce decretos que directa o indirectamente afectan la elaboración del registro electoral. Entre esos pueden mencionarse las millonarias asignaciones presupuestarias al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) para mantener en los últimos 24 meses una supuesta campaña masiva para documentar en el extranjero a salvadoreños, la extensión del plazo para actualizar el cambio de domicilio, la aprobación de la Ley de Voto en el Exterior, entre otros.
Estas reformas legales pueden abrir las puertas para que la Familia Presidencial controle el padrón de electores.
3.1 Más de $43 millones para emitir 400 mil DUI
Entre julio de 2021 y junio de 2023 el RNPN recibió 43 millones 265 mil 541 dólares para ejecutar el programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Emisión y Entrega del DUI cuya principal meta era documentar, en seis meses, a 400 mil 962 salvadoreños, con particular interés en Los Ángeles, California; Dallas, Texas; Woodbridge, Virginia; Silver Spring, Maryland; Long Island, Nueva York; Elizabeth, Nueva Jersey, en Estados Unidos; así como también en Australia e Italia.
Las primeras asignaciones las aprobó la Asamblea Legislativa el 13 y el 27 de julio de 2021: fueron 14 millones 507 mil 670 dólares en incrementos presupuestarios que ingresaron a esa institución, como puede verificarse en los decretos 96 y 109 de ese año. En 2022 la asignación fue de 27 millones 18 mil 843 dólares y entre enero y junio del año que transcurre ha recibido 1 millón 738 mil 316 dólares, según la resolución de acceso a la información 011-RNPN.
Con ese millonario monto emitió y ha entregado el documento a 365 mil 924 personas distribuidos de la siguiente manera: Estados Unidos, 354 mil 92; Italia, 3 mil 938; Canadá, 2 mil 786; España, 1 mil 898; Australia, 909.
En Estados Unidos las localidades con más documentados son: California, con 81 mil 214; Texas, 65 mil 470; Maryland, 47 mil 168; Nueva York, 39 mil 67; Virginia, 36 mil 574; Nueva Jersey, 17 mil 631; Massachusetts, 12 mil 288; y Georgia, 11 mil 848.
El RNPN, sin embargo, fue incapaz de cumplir su propio objetivo. Hasta junio de este año tenía una deuda de 35 mil documentos menos de los programados. La cifra deberá sumarse a los 669 mil 989 salvadoreños en el exterior que ha registrado hasta el 21 de julio de 2023 el TSE. Es decir: en las elecciones de 2024 podrán votar con DUI más de 1 millón 35 mil 913 personas que se supone son de origen salvadoreño. En 2021 fueron registrados como electores 614 mil.
Estos números varían con las cifras dadas a conocer públicamente. A principios de febrero Fernando Velasco, presidente del RNPN, afirmó que había más de 792 mil salvadoreños aptos para votar.
La periodista Carmen Rodríguez, radicada en Washington, explicó que los migrantes suelen tener dos o más empleos y por eso en la brújula de sus prioridades no aparecen las elecciones. Ni siquiera, según ella, quienes ya están legalizados se interesan en las votaciones norteamericanas. «La comunidad salvadoreña no está educada para participar activamente en esos procesos», reiteró.
A eso debe sumarse que el artículo 3 de la Ley especial para el ejercicio del sufragio en el exterior, aprobada el 18 de octubre de 2022, establece que no será necesario que los documentos de identificación estén vigentes para poder votar.
«Para que impacte debe de ser un voto masivo», comentó Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana. «Más de 150 mil deben votar por Nuevas Ideas», calculó, para que ese partido pueda obtener más curules que serán agregados a la circunscripción de San Salvador.
Pero estos números no están escritos en piedra. La cifra puede elevarse con las emisiones de pasaportes, documento que también servirá para ser incluido en el padrón; hasta mayo de este año había registrados más de medio millón. El padrón total que en su poder tiene el TSE contabiliza 6 millones 183 mil 972 electores totales, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.
«La manipulación de los resultados de las elecciones va a salir de aquí», dijo Rodríguez que es testigo de la supuesta campaña electoral adelantada de Nuevas Ideas en el país norteamericano donde, según ella, el partido ha asegurado que obtendrá 1 millón de votos, de las incesantes campañas para que más personas se documenten como salvadoreñas y de las ceremonias de naturalización celebradas por la embajadora Milena Mayorga.
La única forma de tener certeza de la cristalinidad de los datos que alimentarán el registro electoral es auditándolos porque, a diferencias de las elecciones de 2021, 2019, 2018, 2015 o 2014, desde el 14 de junio de 2022 el RNPN pasó de estar adscrito al TSE al control del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública lo que, en la práctica, quitó las facultades de vigilancia del proceso a todos los partidos políticos mientras ha permitido que tenga injerencia una institución subordinada a Casa Presidencial, es decir, a la Familia presidencial.
Esto, además, es una obligación establecida en el Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución: «Las autoridades electorales no pueden depender de las informaciones proporcionadas por funcionarios municipales (refiriéndose a una de las fuentes que alimenta al RNPN) que por ser electos popularmente tienen siempre un interés partidista».
3.2 Subordinados al ministro que responde al candidato presidente
Las fuentes consultadas para este artículo coincidieron en que la subordinación del RNPN al MJSP es sospechosa y provoca incertidumbre de cuán fidedignos serán los datos que el TSE recibirá para elaborar el registro electoral.
En el país, sin embargo, la institución que administra la información demográfica también está controlada por la Familia Bukele: el 8 de agosto de 2022 los diputados disolvieron la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y las funciones que desempeñaba fueron trasladadas a una oficina del Banco Central de Reserva (BCR), que es presidido por Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, exempleado de OBERMET, una de las empresas de Nayib Bukele con las que más licitaciones públicas ganó en los gobiernos del FMLN.
«Lo que puede afectar es la información que la Dirección de Migración debe proporcionar», coincidió Ruth Eleonora López, de Cristosal.
«Era difícil que un solo partido pudiera tomar ventaja», recordó Escobar sobre la múltiple gobernanza sobre los datos de los ciudadanos que existía antes. Aclaró, sin embargo, que hasta este momento nadie ha denunciado irregularidades en la elaboración del registro electoral.
4. Desinstitucionalización e instrumentalización de las instituciones públicas
Entre el 17 de noviembre de 2021 y el 13 de junio de 2023 los diputados aprobaron seis decretos que pueden considerarse elementos de lo que Fuentes Destarac llamó desinstitucionalización y que nosotros también consideramos permanente instrumentalización electoral de lo público.
El antecedente más inmediato podemos encontrarlo a mediados de 2020 cuando el Ministerio de Hacienda injustificadamente se negó a pagar más de 240 millones de dólares a las alcaldías como parte del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES). Después, al asumir Nuevas Ideas el control de la Asamblea, inició el desmantelamiento formal de las instituciones.
Los días 9 y 17 de noviembre los diputados recortaron del 10 al 1.5 por ciento la asignación del FODES y disolvieron el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), nacidas en 1987 y 1996, respectivamente.
En esas fechas también fue creada la Dirección de Obras Municipales (DOM) cuya principal tarea es la ejecución de la obra pública de forma centralizada. Es decir: como ha quedado claro hasta la fecha, las pequeñas obras locales que realizaban las alcaldías, como la pavimentación de una calle o la sustitución del alumbrado público dañado, ahora es el Gobierno Central quien decide cuándo y cómo hacerlas.
¿Cuáles son los criterios para decidir qué obras priorizar y cuáles postergar? Como ha sido documentado, esa institución no tiene claridad de esos criterios.
Esta nueva dinámica parece copiada de las administraciones presidenciales de las décadas más lejanas del militarismo en el país. En el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, por ejemplo, las alcaldías únicamente podían hacer obras públicas después de ser autorizados por el Ministerio de Gobernación o era esta misma institución la que decidía hacerlas o no. El control era tal que incluso los ciudadanos podían acudir al Gobierno Central a pedir la destitución de alcaldes acusándolos, por ejemplo, del «vicio de la pederastia».
Por ejemplo: el 21 de noviembre de 1941 el Ministerio de Gobernación autorizó a las alcaldías de Chalatenango, San Francisco Lempa y Antiguo Cuscatlán a reparar una escuela, un camino vecinal y comprar libros en blanco, como puede verificarse en el Diario Oficial tomo 131, número 261 de esa misma fecha.
Similar efecto de control y exclusión provoca la eliminación de la representación proporcional para la asignación de escaños y la eliminación de 24 curules de la Asamblea Legislativa. Acción Ciudadana ha señalado que la sustitución de la fórmula Hare por D´Hont concentrará el poder en Nuevas Ideas hasta convertirlo en el partido hegemónico y empujará a la extinción a los partidos políticos con menor capacidad de atraer votos. Es decir: las pluralidades ideológica y política están a pocos de desaparecer.
Hasta julio de 1963 El Salvador vivió bajo la pesada sombra de partidos hegemónicos. Lo fue Pro Patria en su momento. También el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD). Y fue posible porque en ese entonces el Consejo Central de Elecciones (CCE), a la hora de procesar los votos, aplicaba la fórmula de representación geográfica o directa, es decir: adjudicaba todos los escaños en una jurisdicción al partido que ganaba la mayoría de votos.
El 15 de agosto de ese mismo año la Asamblea reformó el artículo 139 de la Ley Electoral. En los considerandos de la modificación quedó escrito: «El sistema mayoritario en las elecciones de diputados no permite a fuertes sectores del cuerpo electoral obtener representación». En el nuevo artículo 139 quedó establecida la representación proporcional.
En las elecciones de 1964 el Partido de Conciliación Nacional (PCN, ahora Concertación Nacional) ganó la mayoría, pero por primera vez el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 18 curules en la Asamblea.
El principio de las pluralidades fue arraigándose en los siguientes años —no obstante, la violencia política que lo asolaba todo— y en 1983 fue elevado a rango constitucional. En el Informe Único de la Comisión de Estudio del Proyecto de Constitución quedó escrito: «la representación proporcional es la defensa del derecho de expresión de las minorías (…) la Comisión rechaza como incompatible con el sistema democrático la existencia de un partido único oficial».
¿Elecciones libres y justas? ¿O elecciones controladas?
Muchos teóricos de la política, después de la derrota de los fascismos, propusieron considerar las elecciones competitivas como uno de los rasgos fundamentales de las democracias modernas, es decir, de las democracias representativas. Dieter Nohlen, por ejemplo, enfatizó en que la competencia es complementada por la división de poderes, la vigencia de los derechos humanos y la apertura de espacios, tanto en derechos como en oportunidades, para que la oposición llegue al poder. Y él, al igual que otros, ha considerado que las elecciones competitivas deben ser libres, equitativas, objetivas, periódicas, con sufragio universal, entre otros; en los regímenes autoritarios, por el contrario, puede haber elecciones semi o no competitivas, pero no alternancia en el poder.
Por eso Michelangelo Bovero explicó que las elecciones pueden llevar a la instalación de la regla de la mayoría: los ciudadanos eligiendo a una fuerza política única que terminará configurando la tiranía electiva de la mayoría. Es decir: motivados por la antipolítica darán todo el poder a un solo partido político acabando con algunas de las piezas fundamentales de la democracia como la pluralidad, el debate de ideas y el consenso para terminar abriendo el camino de la arbitrariedad y del pensamiento único. Peor aún, según el autor italiano: si el Órgano Ejecutivo está representado por el mismo partido político de la mayoría parlamentaria, entonces se estará frente a la tiranía de uno o varios jefes que gobiernan a su antojo.
«Claramente está inclinada la balanza», dijo César Reyes, diputado suplente de ARENA. «Lo único que les interesa (a la Familia Bukele y a Nuevas Ideas) es seguir manteniendo el poder, los privilegios y seguir parasitando», agregó. Explicó, además, que las Juntas de Vigilancia Electoral (JVE) son las últimas instituciones autónomas para que los partidos políticos puedan controlar los resultados de las elecciones, pero hoy por hoy están debilitadas porque el Gobierno las ha dejado sin presupuesto.
«Definitivamente no», respondió Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, después de que le preguntamos si considera que las elecciones de 2024 serán libres, justas y equilibradas. «Vamos a tener una mezcla de aspectos democráticos, de algunas libertades, de algún pluralismo y mezcla de algunos aspectos de abuso de poder», expresó. Dijo, además, desconfiar de la imparcialidad del TSE porque «se hace del ojo pacho en algunas violaciones al Código Electoral» mientras otras las castiga severamente.
«El ejercicio electoral 2024 tiene todo el potencial de no ser un proceso transparente, legítimo, de no ser un proceso acorde a derecho», concluyó John Wright Sol, diputado de Nuestro Tiempo, que también respondió que «no» tiene confianza en el TSE.
