La Policía Nacional Civil (PNC) borró de sus estadísticas oficiales a 14 de las 16 víctimas enterradas en cuatro fosas del cementerio clandestino que fue descubierto el segundo fin de semana de mayo de 2021 —desde los días 7, 8 y 9— en la casa número once del callejón Estévez, Chalchuapa, Santa Ana y que era habitada por el exagente Hugo Ernesto Osorio Chávez.

Esto puede verificarse en el proceso de acceso a la información PNC-UAIP-95-2022 —cuya respuesta fue recibida el 18 de marzo de este año y firmada por la oficial de información Zelma Alejandrina Escalante Iraheta— en el que fueron solicitadas las cantidades de cementerios y fosas clandestinas, así como también el número de víctimas encontradas fallecidas, entre septiembre de 2020 al 15 de febrero de 2022 a nivel nacional desagregado por año, mes, departamento y municipio.

Al verificar casilla por casilla la respuesta de la institución es que en el departamento de Santa Ana los investigadores encontraron cuatro víctimas enterradas en todo 2021: dos en Metapán y dos en Chalchuapa. Mientras que en los meses de enero y febrero de 2022 fueron halladas tres víctimas: dos en Coatepeque y una en el municipio de Santa Ana.

Sin embargo, en las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) sí están incluidas las personas encontradas en la casa del exagente Osorio Chávez: 16, según el proceso de acceso a la información 106-UAIP-FGR-2022, que es coincidente con la evolución del relato de los hechos: cerca de la medianoche del 7 de mayo de 2021 la PNC recibió una llamada telefónica en la que unos vecinos alertaban que habían escuchado los gritos de una mujer; casi una hora más tarde dos policías entraron a la casa de Osorio Chávez y encontraron cuatro cadáveres tirados en el suelo, incluyendo a dos mujeres que eran madre e hija.

En las siguientes semanas comenzaron las exhumaciones: en un primer momento diversas fuentes aseguraron que había unos 40 cuerpos en el cementerio clandestino; el 18 de mayo el criminalista Israel Ticas habló de 15; tres días más tarde el ministro Villatoro afirmó que eran ocho y el presidente Bukele volvió a decir que eran 15.

El 10 de mayo la Fiscalía presentó requerimiento contra Osorio Chávez por los feminicidios de Cristina Palomo Lima y Mirna Cruz Lima; siete días más tarde fue presentada la acusación contra diez sospechosos más por los asesinatos de trece personas.

El número de víctimas de Chalchuapa fue notable y trascendió por su monstruosidad. Pero para la institución que dirige Mauricio Arriaza Chicas la dimensión del caso, aparentemente, fue menor.

Esto, sin embargo, se ha repetido con otras víctimas: en el departamento de La Libertad, en todo 2021, según la PNC solo fueron encontrados cinco cuerpos en cementerios o fosas ilegales: cuatro en Nuevo Cuscatlán y uno en Zaragoza.

Pero, al menos desde la primera quincena de diciembre de 2021, la PNC ya estaba haciendo inspecciones oculares mientras la Fiscalía realizaba levantamientos de piezas óseas en la zona rústica conocida como Torre A+2 de la Finca Suiza, lugar en el que el 5 de febrero de 2022 el ministro de Seguridad confirmó los hallazgos de 26 cuerpos.

Esto también lo confirmó Idalia Zepeda, de la Asociación de Derechos Humanos (ASDEHU), que ha tenido acceso a diligencias de investigación en los cuales ha quedado confirmado que, por lo menos hasta el 16 de diciembre de ese año, la PNC había colaborado en el hallazgo de doce osamentas de víctimas. «A todos esos restos Medicina Legal les da una descripción y un código; a veces menciona actas policiales y a veces no», agregó.

«Definitivamente cuatro personas no son», concluyó Zepeda.

En la Finca Suiza fueron encontrados los cuerpos de la futbolista Jimena Ramírez Granados y de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, todos vistos por última vez en la colonia Quezaltepec, Santa Tecla.

Entonces si existe evidencia del hallazgo de los cuerpos ¿por qué la PNC borró a las víctimas de Chalchuapa y de Nuevo Cuscatlán?

En una nota incluida en la resolución PNC-UAIP-95-2022 la oficial de información señaló: «son registros dinámicos de investigación iniciados, los cuales son proporcionados por las secciones de análisis y tratamiento de la información, quienes son responsable de sus captaciones en primera fase, los avances en el proceso investigativo se encuentran bajo dirección funcional de la Fiscalía».

Esto, sin embargo, es inaplicable en este caso por una razón evidente: el tiempo. Entre la resolución final y el hallazgo de las víctimas de Osorio Chávez habían transcurrido unos diez meses a lo que debe sumarse la notable trascendencia mediática del caso y las pruebas de las diligencias de investigación en las que participó la policía; y, en el caso de Nuevo Cuscatlán, casi tres meses.

En las estadísticas policiales de los últimos diez años, además, existe casi absoluta concordancia entre el hallazgo de cuerpos en cementerios o fosas ilegales y su registro estadístico. En los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén pueden encontrarse varios casos: en 2013 fueron hallados 18 cadáveres en Colón, así como en Santa Ana, Izalco y San Luis Talpa. O los dos casos más de este tipo más relevantes, cuantitativamente hablando, de 2019: en marzo la Fiscalía inició las excavaciones en la urbanización Vista Al Lago y en los siguientes nueve meses encontró 19 cadáveres; entre julio y agosto también fueron descubiertos 20 cuerpos en Comacarán, San Miguel, aunque en medios de comunicación la versión fue que había 19.

Además, al asumir al poder el Gobierno ya había dejado de publicar las estadísticas básicas de cementerios o fosas clandestinas, como lo advirtió Zaira Navas el 21 de octubre de 2021 en la audiencia Desaparición forzada de personas en El Salvador, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cada uno de estos números quedaron registrados en las estadísticas oficiales en sus dimensiones exactas. Pero los de Chalchuapa y Nuevo Cuscatlán no. ¿Por qué?

Danilo Flores, del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA, recordó que en una publicación la investigadora Jeannette Aguilar ya había señalado algo parecido: en los consolidados anuales de homicidios la Mesa Tripartita —FGR, IML, PNC— está excluyendo las osamentas encontradas y omitiendo extraer todos los cuerpos de las fosas. «No es correcto», agregó.

Zepeda opinó que existen dos posibilidades: históricamente la PNC arrastra carencias materiales —sin computadoras con acceso a internet, sin impresoras— y no todo su personal está calificado deviniendo ambas en dificultades técnicas e institucionales que obstaculizan la actualización oportuna y la provisión exacta de los datos delictivos que administra; luego también existe en el Gobierno de Bukele «una tendencia» a ocultar información.

«Es evidente que el Gobierno quiere no solo culpar o estigmatizar a las familias, sino también decir que está haciendo un gran trabajo y que las cifras están en disminución», señaló.

También recordó que desde «hace meses» ASDEHU pidió al Gobierno una reunión para discutir propuestas concretas como la creación de un registro único de desaparecidos y de los hallazgos de víctimas en cementerios o fosas clandestinos, unificación de las cifras entre el Instituto de Medicina Legal (IML), FGR y PNC, entre otras. A eso sumó la urgencia de establecer protocolos para la toma de exámenes de ADN a los familiares de los desaparecidos y el esclarecimiento de si existe realmente, o no, una unidad especializada en el tema de la Fiscalía.

Una de las hipótesis de Zepeda parece coincidir con la publicación que el presidente Bukele hizo refiriéndose a Osorio Chávez el 21 de mayo de 2021: «sabemos que tuvo relación directa con al menos 15 asesinatos (podrían ser muchos más) cometidos en más de una década».

Sin embargo, en el artículo Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a trece víctimas en el último año el autor explicó, basado en el relato de los hechos contenidos en el requerimiento fiscal, que Osorio Chávez había matado y enterrado a trece de 16 víctimas entre los años 2020 y 2021.

Los cuerpos recuperados de las siete fosas no podían, por tanto, ser contabilizadas como homicidios o feminicidios cometidos bajo los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén, sino como personas asesinadas en la administración Bukele.

Pero para confirmar —o descartar— si fueron registrados como homicidios o feminicidios bajo los gobiernos anteriores fueron solicitadas, vía oficinas de acceso a la información, las estadísticas de esos delitos. Sin embargo, el 7 de julio en la resolución final PNC-UAIP-317-2022 la Policía respondió que esa ya está clasificada como información reservada.

De igual forma el autor solicitó a la Fiscalía la actualización de los hallazgos de cementerios o fosas clandestinas y, nuevamente, la respuesta fue que ya es información reservada porque su divulgación, según la resolución 266-UAIP-FGR-2022, puede provocar «un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos» o comprometer «las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales».

Zepeda dijo que esta nueva reserva principalmente afectará a los familiares de los desaparecidos porque son ellos quienes, al enterarse de la existencia de un cementerio o fosa, quienes acuden a investigar, a preguntar. «Les ocultan datos importantes para la búsqueda», expresó y recordó que en otros países como México está claramente delimitado el papel del Estado y de las familias en la búsqueda de los desaparecidos.

«Es sumamente grave», opinó Flores del OUDH porque, según él, esta información es de interés público y su conocimiento debería servir para la definición de políticas de combate al crimen, además que es un derecho básico de todos los ciudadanos saber la verdad sobre las personas asesinadas.

Sin embargo, el 8 de julio, en una improvisada conferencia de prensa, el vicepresidente Félix Ulloa dijo: «cuando estamos en guerra contra las pandillas, hay información que debe ser reservada. En un período de guerra, y voy a citar las palabras de San Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas, que dice que 'en una ciudad sitiada, cualquier disidencia es traición'». Y agregó que los periodistas y las instituciones defensoras de derechos humanos están posicionándose, cuando cuestionan y denuncian los abusos de poder y los asesinatos cometidos desde la entrada en vigor del Régimen de Excepción, en una «actitud de traición al pueblo».