Gobierno mantendrá oculta hasta 2029 la cantidad de reos en las cárceles

Según la oficial de información entregar esas estadísticas pone en riesgo la seguridad pública y la defensa nacional, así como arriesga la vida y la salud de todos los ciudadanos.

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mayo 23, 2022

La pregunta es cuándo. Pueden ser horas, días, semanas, meses, años.

O nunca más.

Rosa Haydée F. tiene las piernas hinchadas de esperar. Hace cinco días espera que su nieto, Carlos Jonathan D., salga del Penal La Esperanza, en Mariona.

Dijo estar segura de que saldrá. Pero no sabe cuándo.

Carlos, según su abuela, fue capturado el 18 de abril en Jayaque, La Libertad. Ese día salió de casa a comprar tortillas y no volvió más. Ella salió a buscarlo y alguien-un vecino, un conocido le contó que los policías lo habían capturado.

Ese día lo trasladaron a la delegación de Ciudad Arce. Después lo llevaron a Mariona. O al menos eso le dijeron.

De boca de los policías no supo nada. En la Procuraduría General de la República (PGR) una abogada le aseguró que Carlos estuvo en audiencia el 2 de mayo.

Nada más.

«¿Qué va a pasar cuando salga? Él no conoce aquí, se puede perder, por eso lo espero todos los días», dijo.

Ella, de 68 años, ha dormido las últimas cinco noches sobre un cartón tirado a la orilla de la calle. En los últimos cinco días lo único que ha comido son las cenas que llegan a regalar los miembros de algunas iglesias evangélicas.

Pero no es la única que espera. Los alrededores del penal se han convertido en dormitorios al aire libre con docenas de madres, esposas, hijas, abuelas durmiendo en telas, sabanas, cartones, en lo que sea.

Porque ellas también esperan.

Kevin y Gerson S. fueron capturados el 24 de abril en su casa en el cantón Los Magueyes, Ahuachapán.

Ana Elizabeth M., madre de ambos, fue a preguntar por ellos a la delegación. Los policías le dijeron que no sabían nada. Esperó varias horas hasta que vio cómo los subían a la patrulla. Luego supo que los trasladaban a Atiquizaya.

Fue a Atiquizaya y los policías se negaron a responder sus preguntas. Uno de esos días nuevamente vio cómo sus hijos eran trasladados en un microbús a Mariona.

Desde entonces todos los días va a la PGR a preguntar y después regresa a Mariona.

Pero nadie dice nada de sus hijos.

Aquí todo mundo pregunta. Todo mundo espera.

No hay información para los familiares de los capturados en el Régimen de Excepción. Pero tampoco para el resto de los ciudadanos.

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) notificó, en la resolución 089/2022, que desde el 1 de marzo del año que transcurre hasta el 1 de marzo de 2029 es información reservada las estadísticas de la población penitenciaria, es decir, los ciudadanos no podrán conocer cuántas personas están en las cárceles, cuántas están saliendo, cuál es su edad, su identidad de género, su educación y otras variables con las que puede medirse el impacto real de las capturas masivas realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos de la Fuerza Armada (FAES) desde la entrada en vigor del Régimen de Excepción.

La oficial de información Ad-Honorem Karla Reneé Sánchez Moreno alegó, citando los literales b, d, f y g del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que entregar esas estadísticas básicas implica poner en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública; arriesgar la vida y la salud de todos los ciudadanos; causar serios perjuicios en la prevención, investigación o persecución de actos ilegales; y comprometer las estrategias del Estado en procedimientos judiciales o administrativos en curso.

En principio, esta reserva impide verificar las cifras oficiales de capturas divulgadas por Nayib Bukele con los números de reos que están entrando en los centros penitenciarios; obstaculiza comprobar si el margen de error en las detenciones es del 1 por ciento como el 9 de abril publicó el presidente en sus cuentas de redes sociales retomando lo que había dicho el fiscal Rodolfo Delgado; imposibilita conocer cuánto ha aumentado el costo de comida e implementos varios en las cárceles; dificulta saber cuántos detenidos están muriendo en control del Estado, entre otros.

«Estamos regresando a los años 80, nos pone en el plano de un país hiper atrasado y en una etapa primaria de políticas públicas», afirmó Jeannette Aguilar, exdirectora del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP) que recordó que los investigadores tenían acceso a esa información incluso desde los primeros años de la década de los 90, es decir, recientemente firmados los Acuerdos de Paz.

Después de la entrada en vigor de la LAIP, el 8 de mayo de 2011, esos datos pasaron a ser oficiosos: los ciudadanos accedían a ellos descargándolos en el portal de transparencia de Centros Penales sin que mediara una solicitud escrita. Esto también lo posibilitó, según la investigadora, la implementación del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) en cuyo desarrolló contribuyó la cooperación internacional.

Todo esto permitió a los jueces y al resto de operadores del sistema judicial tener información en tiempo real de los privados de libertad; a los investigadores acceder a evidencia empírica de los resultados de las políticas públicas; a los funcionarios medir la efectividad de su trabajo.

«Esta opacidad puede favorecer arbitrariedades, abusos e incluso graves crímenes que pueden estar cometiendo agentes estatales», advirtió la experta explicando además que «estos retrocesos» llevan al país al «régimen antiguo, medieval, de la cárcel como castigo y como venganza».

«Estamos frente a una neblina cognitiva —como dice José María Rico— porque no sabemos dónde estamos, en qué punto estamos; el país no tiene información para tomar decisiones», concluyó.

Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señaló que el fundamento que alegó la oficial de información es inválido jurídicamente porque la divulgación de datos estadísticos no puede poner en riesgo la seguridad pública y la defensa nacional y menos, según él, interferir en procesos de investigación. «La reserva está indebidamente pronunciada y no mide la afectación que puede generar», expresó.

Advirtió, además que, si la reserva tiene una vigencia de siete años contados desde 2022, no puede abarcar la información estadística producida en los años previos.

«Se confirma que es un Gobierno que no cumple con la ley y sus obligaciones y por eso tenemos esta situación de opacidad», agregó.

«Es una violación al derecho a la verdad», opinó Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, que comparó este caso con el acceso a las estadísticas reales de los pacientes y fallecidos por Covid 19 desde marzo de 2020: sin la información los salvadoreños no podrán nunca conocer el impacto verdadero de la enfermedad que se extendió desde China.

Dijo, además, que es un atentado contra el derecho de todos los ciudadanos de buscar y obtener información. También coincidió en que en la resolución la oficial de información se limitó a enunciar artículos y literales sin aproximarse a la motivación que ampare la denegación de las estadísticas. Eso, según él, es una violación a la LAIP.

«Es una práctica, incluso están aplicando reservas genéricas», señaló. Explicó que la reserva, en este caso, habría sido discutible si la solicitud de información hubiera apuntado a la base de datos completa del SIPE; sin embargo, el artículo 10 establece que las estadísticas de este tipo son oficiosas, es decir, deben ser publicadas sin mediar una solicitud.

«Por regla general la información es pública y excepcionalmente se puede reservar alguna, pero esa reserva debe ser específica», concluyó.

    
 
David Ernesto Pérez

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