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Alerta ambiental extrema


La presencia de empresas mineras en el país confirma lo que ambientalistas de Santa Marta y ADES denunciaban en los días previos a su captura el 11 de enero de 2023: la posible reactivación de la minería metálica en el país.
Publicado en julio 24, 2024
Periodista y activista social.

Una publicación reciente de Revista Elementos ha hecho sonar las alarmas sobre los graves peligros ambientales que se ciernen sobre el país. En un reportaje titulado «Minera Titán, la empresa que acecha para llevarse el oro de El Salvador», este medio investigativo confirma que la amenaza de la minería metálica regresa, a pesar de la prohibición definitiva derivada de un amplio consenso nacional antiminero.

La proscripción de la minería de metales se concretó en una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017. Meses antes, el 14 de octubre de 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), un tribunal corporativo del Banco Mundial con sede en Washington, también dio la razón al Estado salvadoreño en su decisión de negar permisos de explotación minera y falló contra las empresas Pacific-Oceana Gold y Commerce Group que exigían millonarias indemnizaciones.

La investigación periodística revela que las sociedades Tombstone Company (que después se llamó Nueva Esperanza) y Agrícola San José están vinculadas a Titan Resources Limited, transnacional asentada en Estado Unidos y con sucursales en Honduras y Perú, dedicada a la extracción de oro, plata y otros metales. El representante de Titán en Centroamérica es el empresario estadounidense Blane William Wilson, quien -junto al hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa- es dueño de Nueva Esperanza (antes  Tombstone Company).

Revista Elementos señala que Tombstone Company ha realizado préstamos a Agrícola San José y que ambas entidades comparten su sede en San Salvador. Las dos instancias también son financiadas por el Banco Atlántida, que prestó el dinero a Agrícola San José para comprar terrenos con potencial minero en Cabañas y tiene el poder sobre las hipotecas de dichas propiedades.

En su acta de constitución, Tombstone Company declara que sus actividades tienen que ver con la elaboración de estudios geológicos, análisis de suelos, consultorías en todas las ramas de la geología y construcción de todo tipo. Afirma que sus estudios incluyen la descripción de las condiciones del sitio, investigación de la superficie, mapa geológico general con base topográfica, detalles de los procesos geomorfológicos, análisis de laboratorio, entre otros.

Sin embargo, para despistar, en su balance financiero de 2022 declara que «está desarrollando proyecto en el área de tecnología, mercadeo social y tendencias que permitan a la empresa vender un producto, varios productos, paquetes de servicios y propiedad intelectual a inversionistas locales o extranjeros». En ese mismo año declaró al Ministerio de Hacienda que había invertido 69,078 dólares en la construcción de reservorios, 27,666 dólares en la construcción de invernaderos y 19,833 dólares en agricultura.

Vale mencionar que Blane William Wilson, representante de Titan Resources Limited, es también presidente de la transnacional Fire River Gold Corp, registrada en Canadá y Estados Unidos y dedicada a la exploración y explotación de metales preciosos.

La presencia de empresas mineras en el país confirma lo que ambientalistas de Santa Marta y ADES denunciaban en los días previos a su captura el 11 de enero de 2023: la posible reactivación de la minería metálica en el país. Los activistas antimineros advertían que supuestos personeros de empresas extranjeras se movían por comunidades de San Isidro promoviendo proyectos comunitarios para ganar apoyo social a proyectos extractivistas.

Tal situación coincide con el ingreso de El Salvador al Panel Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, en mayo de 2021; la aprobación de una nueva Ley de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas que incluye la minería metálica, en octubre del mismo año; y la incorporación de 4.5 millones de dólares en el presupuesto estatal de 2023 para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica”.

La oportuna publicación de Revista Elementos ha encendido las alarmas, ya que los posibles impactos negativos de la minería metálica ponen en grave peligro el agua, los ecosistemas y la vida de la población salvadoreña. Esto debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y al deterioro de los bienes hídricos.

En otros artículos, en este mismo medio, hemos mencionado que los peores daños de la minería de metales tienen que ver con el uso intensivo de agua que deja a la población sin el vital líquido, el uso de químicos como cianuro que provocan diferentes tipos de cáncer, la generación de drenaje ácido que puede durar cientos de años, la destrucción y contaminación que desplaza forzosamente a comunidades enteras, el daño a la agricultura y otras actividades productivas, la herencia mortal de los residuos mineros y el riesgo de accidentes.

Por tanto, el país debería declarar una alerta ambiental extrema y la población exigir que se respete la prohibición definitiva de la minería metálica. El clan familiar que gobierna debería investigar, informarse y escuchar a los expertos en el tema, para constatar la grave amenaza nacional que representan estos proyectos extractivos y que -desde cualquier punto de vista- los daños serían muchísimo mayores que los beneficios que ofrecen las empresas mineras.

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