Allí donde el poder intenta imponer aislamiento, las defensoras construyen comunidad; donde intenta imponer miedo, generan solidaridad; donde intenta producir silencio, encuentran nuevas formas de hablar. Resistir, entonces, no es solo continuar la lucha: es negarse a desaparecer.

La crisis sociopolítica iniciada en Nicaragua en abril de 2018 transformó profundamente las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos, la participación ciudadana y la acción colectiva. Desde entonces, diversos organismos nacionales e internacionales han documentado un deterioro sostenido de las libertades públicas, el cierre progresivo del espacio cívico y la consolidación de prácticas represivas dirigidas contra personas opositoras, periodistas, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Detrás de las cifras y los informes hay experiencias concretas que permiten entender cómo la represión afecta la vida cotidiana de quienes sostienen procesos de defensa y acompañamiento en contextos autoritarios. 

La represión que enfrentan las mujeres defensoras nicaragüenses va más allá de una respuesta estatal al disenso político. Es una estrategia de control que articula mecanismos autoritarios con formas específicas de violencia de género —amenazas sexualizadas, estigmatización moralizante y disciplinamiento patriarcal— destinadas a expulsar a las mujeres del espacio público y deslegitimar sus liderazgos. Frente a ello, las defensoras despliegan resistencias 

cotidianas que combinan cuidado colectivo, reorganización comunitaria, incidencia internacional y reconstrucción de redes en el exilio. 

Lo que narran las defensoras muestra que violencia política y violencia de género no operan por separado: son parte de una misma estructura de dominación que busca restringir liderazgos, debilitar procesos organizativos y reducir la capacidad de incidencia de quienes cuestionan el poder. 

Pero la represión no logró eliminar la resistencia. La obligó a reinventarse, y esa resistencia continúa, dentro y fuera del país. 

La represión como arquitectura de control 

La represión en Nicaragua no se manifiesta solo mediante episodios visibles de violencia estatal —detenciones, golpes, desapariciones—. Opera también como un control cotidiano, difuso, que atraviesa la vida diaria de las personas defensoras. Una entrevistada que aún permanece en Nicaragua lo expresó con crudeza: "En cualquier momento te llevan" . Otra señaló: "No podía dormir… era un estrés constante". 

La vigilancia constante, el hostigamiento, las amenazas, la criminalización y la incertidumbre jurídica producen un entorno en el que el miedo se convierte en un mecanismo de regulación social. Estas prácticas no buscan solo castigar a ciertas personas: buscan generar efectos colectivos que inhiban la participación ciudadana y disuadan cualquier intento de organización autónoma. Como ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2018, 2022a), este patrón represivo se ha sostenido en el tiempo y se ha profundizado mediante el uso instrumental del derecho, con leyes como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), que amplían los márgenes para la persecución selectiva. 

En ese sentido, la represión actual va mucho más allá del uso de la fuerza física. Su eficacia está en la autocensura que produce. Cuando una defensora evita participar en una actividad pública, restringe sus publicaciones en redes sociales o modifica sus rutinas por razones de seguridad, la represión ya ha cumplido parte de su objetivo. 

Como relató una de las personas entrevistadas: "Me tocó tener perfil bajo… no publicar". El control no se ejerce únicamente sobre los cuerpos; también se ejerce sobre las posibilidades de actuar, expresarse y organizarse. 

Esta realidad pesa sobre uno de los pilares de cualquier sociedad democrática: la posibilidad de que la ciudadanía participe libremente en los asuntos públicos. Cuando ejercer derechos tiene un costo demasiado alto, quienes más los necesitan quedan sin quien los defienda. 

La represión tiene género 

Aunque todas las personas defensoras enfrentan riesgos en contextos autoritarios, la investigación evidenció que las mujeres experimentan formas particulares de violencia que no pueden explicarse únicamente desde categorías políticas tradicionales. Una entrevistada lo resumió con contundencia: "Sí, creo que hay más saña contra la mujer". Desde una perspectiva feminista, Rita Laura Segato (2016) ha señalado que la violencia contra las mujeres no es un exceso sino un mensaje: funciona como mecanismo de dominación y disciplinamiento que refuerza la autoridad patriarcal y delimita la autonomía femenina en el espacio público. 

Las agresiones dirigidas contra mujeres defensoras suelen incorporar elementos vinculados con estereotipos de género, sexualización, descrédito moral y cuestionamiento de su legitimidad como lideresas. No se trata únicamente de atacar su trabajo; también se busca desacreditar quiénes son como mujeres. Las amenazas sexualizadas  "Muchas de las amenazas que recibí eran sobre violarme para que aprendiera a no andar metida en nada (política)", los comentarios sobre la vida personal, las campañas de desprestigio y la exposición pública de aspectos íntimos constituyen formas de violencia política de género que persiguen un objetivo específico: reforzar la idea de que las mujeres que ocupan espacios públicos están transgrediendo roles socialmente asignados. La violencia adquiere así una dimensión disciplinadora orientada a expulsarlas de los espacios de liderazgo y participación. 

Estas dinámicas no afectan a todas las mujeres de la misma manera. La experiencia de una mujer trans en contexto de movilidad forzada evidenció cómo la identidad de género puede profundizar situaciones de estigmatización y exclusión, mientras que las defensoras de la Costa Caribe enfrentan desafíos asociados a desigualdades históricas, el aislamiento territorial y la limitada presencia de mecanismos de protección. Estas experiencias muestran que la represión se encuentra atravesada no solo por relaciones de género, sino también por factores territoriales, étnicos y culturales que condicionan de manera diferenciada las experiencias de violencia y resistencia. 

La represión, vista así, no es neutral. Está atravesada por relaciones históricas de poder que articulan autoritarismo y patriarcado. Como plantea María Galindo (2013), no es posible descolonizar sin despatriarcalizar: la opresión de género es estructural y se entrelaza con otras formas de dominación. Las mujeres defensoras no solo son castigadas por denunciar abusos o exigir derechos; también son sancionadas por desafiar estructuras sociales que tradicionalmente han reservado la esfera pública para los hombres. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha señalado que algunas violaciones documentadas podrían ser compatibles, prima facie, con crímenes de lesa humanidad (Consejo de Derechos Humanos, 2024), lo que refuerza la gravedad de este entramado represivo. 

Entender esta dimensión es clave para superar lecturas que presentan la violencia política y la violencia de género como fenómenos separados. La experiencia de las defensoras muestra que ambas se encuentran profundamente entrelazadas y que sus efectos se potencian mutuamente. Francesca Gargallo (2014) ha insistido en que los feminismos desde Abya Yala deben reconocer la pluralidad de luchas y la especificidad de los territorios; en Nicaragua, esa especificidad incluye la represión selectiva contra lideresas comunitarias, indígenas, afrodescendientes, feministas y defensoras de la diversidad sexual. 

El exilio como continuidad de la represión 

La represión no cesa cuando una persona abandona el país. Para muchas defensoras, salir de Nicaragua fue una decisión de supervivencia ante riesgos inminentes. Esto también implica nuevas formas de vulnerabilidad. En mi investigación, ocho de las diez entrevistadas se encontraban fuera de Nicaragua, y sus relatos coincidían en la ruptura de proyectos de vida, la pérdida de redes comunitarias y la precarización económica.  

Una defensora en el exilio relató: "En el exilio tuve que volver a crear mi red" . Esta reconstrucción ha sido posible, en gran medida, gracias a redes feministas y de derechos humanos establecidas en países de acogida como Costa Rica, España y otros contextos latinoamericanos. Estas redes han desempeñado un papel fundamental en el acompañamiento jurídico, emocional y comunitario de las defensoras desplazadas, aunque frecuentemente enfrentan limitaciones de recursos y marcos institucionales restrictivos. 

En algunos casos, las entrevistadas señalaron que las amenazas y formas de vigilancia continúan incluso fuera del territorio nacional. Esta situación permite hablar de dinámicas de represión transnacional que amplían los efectos del control estatal más allá de las fronteras físicas del país. 

El exilio, por tanto, no debe entenderse únicamente como un desplazamiento geográfico. Constituye también una experiencia política y emocional marcada por el desarraigo, la precarización y la necesidad constante de reconstruir espacios de pertenencia. La expulsión del territorio se convierte así en una extensión de la estrategia represiva orientada a debilitar liderazgos y fragmentar procesos organizativos. En los casos más extremos —detención prolongada, destierro o desnacionalización— la represión se transforma en exclusión jurídico-política, una forma de desaparición ciudadana que no requiere necesariamente la muerte física. 

Resistir también es hacer política 

La magnitud de las afectaciones no agota lo que la investigación muestra. Las defensoras también desarrollan formas de resistencia que cuestionan las narrativas que las reducen a víctimas pasivas y evidencian su capacidad de agencia en contextos de alta adversidad.  

Las redes de apoyo entre mujeres, el acompañamiento comunitario, la articulación con organizaciones internacionales y los espacios de cuidado colectivo constituyen mecanismos fundamentales para sostener la defensa de derechos humanos, "Sin mi familia, no podría sostenerme". "Quienes sostienen las redes de apoyo son mujeres".

Durante mucho tiempo, los cuidados fueron considerados asuntos privados y ajenos a la esfera política. La experiencia de las defensoras demuestra que cuidar la vida propia y la de otras personas es una condición indispensable para continuar resistiendo. En contextos donde la violencia busca producir aislamiento y desgaste, construir comunidad se convierte en un acto profundamente político. No obstante, varias entrevistadas señalaron una contradicción cruel: "No había tiempo para cuidarse" . En la urgencia de la defensa, el autocuidado aparece como un lujo que pocas pueden permitirse. 

Es importante señalar que estas estrategias de resistencia no se limitan al ámbito del cuidado. Las defensoras también han impulsado procesos de documentación de violaciones de derechos humanos, incidencia internacional, campañas de sensibilización, acompañamiento a nuevas generaciones de activistas y articulación política desde el exilio. Estas acciones amplían los repertorios de resistencia y demuestran que la defensa de derechos humanos continúa incluso cuando las condiciones para la participación pública se encuentran severamente restringidas.

exiliadas, campañas de desprestigio en redes con alcance internacional, o uso de información personal para generar inseguridad en el país de acogida. 

Aunque estas iniciativas enfrentan importantes limitaciones —especialmente la lentitud de los mecanismos internacionales y la falta de cooperación estatal— muestran la capacidad de adaptación de las defensoras y la persistencia de su compromiso con la defensa de los derechos humanos. 

Conclusiones propositivas

Lo que documentan las mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua deja claro que la represión contemporánea no puede leerse solo como un conjunto de acciones dirigidas contra la oposición política. Se trata de una estrategia de control más amplia que combina mecanismos autoritarios y prácticas de violencia de género para restringir la participación pública, debilitar liderazgos y limitar la capacidad de organización social. 

Las agresiones contra las defensoras no son hechos aislados ni consecuencias accidentales de la conflictividad política. Forman parte de dinámicas estructurales que buscan disciplinar a quienes cuestionan el poder y desafían las jerarquías patriarcales. Además, la investigación confirma que la represión no opera de manera homogénea. Factores como el territorio, la pertenencia étnica y cultural, la orientación sexual, la identidad de género y la experiencia del exilio producen riesgos diferenciados y condicionan las posibilidades de protección y resistencia.  

En consecuencia, propongo cuatro líneas de acción concretas: 

Primera, para redes feministas y organizaciones de derechos humanos: institucionalizar el cuidado colectivo como estrategia política central. Esto implica desarrollar protocolos de seguridad integral (física, digital y psicosocial) que incluyan acompañamiento emocional, redes de alerta temprana y fondos de apoyo material para defensoras en riesgo. El autocuidado no puede seguir siendo un lujo individual. 

Segunda, para organismos internacionales y regionales: incorporar un monitoreo con enfoque explícito de violencia política de género, que documente no solo detenciones o amenazas, sino también las formas moralizantes, sexualizadas y reputacionales del ataque. Además, se requieren rutas prácticas de protección para el exilio —derivación jurídica, acompañamiento psicosocial y reinserción laboral— que eviten que el desplazamiento se convierta en una extensión indefinida del castigo. 

Tercera, para los Estados de acogida: promover políticas de protección con enfoque de género y derechos humanos que reconozcan las necesidades específicas de defensoras desplazadas, facilitando procesos de regularización, acceso al empleo y acompañamiento integral. 

Cuarta, para la investigación futura: profundizar en las experiencias de defensoras LGBTIQ+, mujeres indígenas, afrodescendientes y lideresas comunitarias de la Costa Caribe, cuyas trayectorias evidencian formas diferenciadas de violencia, exclusión y resistencia que continúan siendo insuficientemente documentadas. 

La represión contra las defensoras no busca únicamente silenciar unas pocas voces. Busca producir silencio como norma, instalar el miedo como paisaje cotidiano y hacer que cualquier mujer piense dos veces antes de hablar. Las experiencias analizadas muestran, sin embargo, que el objetivo de la represión no siempre se cumple. 

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Este ensayo se nutre de los hallazgos de mi Trabajo Final de Máster Mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua: violencia de género, represión estatal y estrategias de resistencia en contextos autoritarios (2018–2025). La investigación adoptó una metodología cualitativa con enfoque feminista interseccional y basado en derechos humanos, e incluyó entrevistas a diez defensoras nicaragüenses —dos que permanecen en el país y ocho en el exilio—, así como el análisis de informes internacionales y normativa nacional. Una de las conclusiones de este enfoque es que la represión no afecta por igual a todas las defensoras. Factores como el territorio, la pertenencia étnica y cultural, la orientación sexual, la identidad de género y la experiencia del exilio producen formas diferenciadas de violencia y resistencia. 

Referencias  

Asamblea Nacional de Nicaragua. (2020). Ley N.° 1040. Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Managua, Nicaragua. 

Asamblea Nacional de Nicaragua. (2020). Ley N.° 1042. Ley Especial de Ciberdelitos. Managua, Nicaragua. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua. Organización de los Estados Americanos. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022a). Informe anual 2022: Capítulo IV.B Nicaragua. Organización de los Estados Americanos. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2022b). Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI): Informe de seguimiento sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Organización de los Estados Americanos. 

Consejo de Derechos Humanos. (2024). Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (A/HRC/58/26). Naciones Unidas. 

Galindo, M. (2013). Feminismo bastardo. Mujeres Creando. 

Gargallo, F. (2014). Feminismos desde Abya Yala: Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. Corte y Confección. 

Maradiaga Soza, E. V. (2026). Mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua: Violencia de género, represión estatal y estrategias de resistencia en contextos autoritarios (2018–2025) [Trabajo Final de Máster aún no publicado]. Universitat Oberta de Catalunya. 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2018). Violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las protestas en Nicaragua. Naciones Unidas. 

Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.