Casi a las seis de la tarde del 1 de junio, desde las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, fue publicado un video grabado, desde las alturas, con un dron en el que puede verse a centenares de personas concentradas entre la Segunda Calle Oriente y la Cuarta Avenida Sur ubicadas en el Centro Histórico de San Salvador, así como también en la Plaza Gerardo Barrios, esperando que el presidente inconstitucional, Nayib Armando Bukele Ortez, saliera al escenario del Teatro Nacional para verlo, a través de las pantallas instaladas afuera, y escuchar paradas en las calles el discurso de celebración de sus 2 mil 192 días ininterrumpidos en el poder.

En la descripción de la publicación, el gestor de redes sociales de Casa Presidencial, escribió: «Una muestra de cómo durante esta tarde, la población fue llegando a los alrededores del Teatro Nacional».

A la redacción, sin embargo, le faltó precisión. Debió hablar, más bien, de empleados públicos.

Revista Elementos tuvo acceso a un listado parcial de los asistentes quienes, en su mayoría, resultaron ser empleados de las alcaldías de San Salvador Centro y San Salvador Este. Se verificó que otra parte son militantes de Nuevas Ideas también contratados en esas instituciones, principalmente en las áreas dedicadas a juventud.

De acuerdo con los funcionarios y empleados municipales entrevistados para este artículo, recibieron dos opciones: atender la convocatoria que, con cerca de dos semanas de antelación, les hicieron, so pena de que el oficialismo pueda perder el poder en las próximas elecciones para alcaldes y diputados —para las que aún falta un año y ocho meses— y, en consecuencia, quedarse ellos sin empleo; o ir al evento sin pronunciar ni un pero y recibir en la semana posterior días libres e incentivos de otro tipo que no fueron especificados.

«Les manifestaron que no acompañar estas actividades puede, a futuro, resultar en que Nuevas Ideas pierda la alcaldía y ellos (empleados) puedan perder el trabajo. Y la gente, por temor, accede», explicó un concejal cuya identidad se omite por su seguridad.

Pudo comprobarse, por ejemplo, que Carlos Francisco Elías Elías, secretario de Juventud de Nuevas Ideas Soyapango, fue el encargado de coordinar la asistencia de los empleados de San Salvador Este, particularmente del Distrito Soyapango, a través de un grupo de WhatsApp nombrado Rendición de Cuentas de Nayib Bukele en el que fueron incluidos unos 40 números telefónicos.

En el listado pudo encontrarse a diez empleados del distrito de Soyapango, incluyendo a Elías Elías, algunos con un salario superior a los 900 dólares, de acuerdo con la planilla que en 2024 esa institución presentó al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

En la lista fueron incluidos los siguientes empleados de la alcaldía de San Salvador Este, controlada por el partido oficial: José Santos Alexander Henríquez Lobos, Bryan Alexander Salazar Pacheco, y Moisés Isaac Vásquez González, de la Unidad de Juventud, Deportes y Recreación; Marleny Beatriz Ramos Iraheta, de Mantenimiento Institucional; Meybeline Carolina Ayala Morales, de Registro Familiar; Laura Elizabeth Rodríguez Acosta, Desarrollo Urbano; Deisy Beatriz Tobar Ruiz, Unidad de Servicios Internos; Gloria Estefanía Hernández de Huezo, Activo fijo; Laura Aracely García López, Unidad de Cuentas Corrientes; Karla Vanessa Morales de Fuentes, Unidad de Cuentas Corrientes, entre otros.

Los empleados municipales fueron transportados en entre diez a doce autobuses —con un promedio de 60 personas por unidad— y recibieron un refrigerio que consistió en porciones de pizza, dos Churritos Diana y una botella de bebida carbonatada Orange en presentación pequeña. Aunque se indagó, no fue posible verificar qué institución o persona financió esos gastos.

Lo único que pudo constatarse es que algunos de esos autobuses fueron los mismos que el Viceministerio de Transporte contrató para llevar a los electores a los centros de votación en las elecciones de 2021 y de 2024. Además, la alcaldía de San Salvador Este firmó un convenio con un empresario de autobuses, pero no pudo ser confirmado que sea el propietario de esas unidades.

El costo del arrendamiento de cada unidad osciló entre los 120 a los 130 dólares por la jornada de ese día. A eso se sumó que cada uno de los motoristas cobró 75 dólares.

Es decir: solo el transporte pudo tener un costo aproximado de 2 mil 460 dólares. Mientras que el costo del arrendamiento del Teatro Nacional pudo ser superior a los 2 mil 500 dólares, según un tarifario de 2021 del Ministerio de Cultura.

El presidente inconstitucional dedicó una buena parte de su discurso a quejarse de las publicaciones periodísticas y de los periodistas. A estos últimos los comparó con asesinos. Además, habló de la reconstrucción de centros escolares, a justificar la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, entre otros.

Después de ganar las elecciones en 2019, el vicepresidente inconstitucional Félix Ulloa aseguró que los empleados públicos nunca más iban a ser obligados a participar en celebraciones de ese tipo. «Dejarán de ser acosados por no apoyar eventos partidarios. Estamos aquí­ para seguir haciendo historia y para eliminar las malas prácticas. ¡No les vamos a fallar!», publicó en sus cuentas de redes sociales.

Mientras administró el aparato estatal, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presionó a los empleados públicos para que asistieran a sus mitines, siendo más visible esta práctica en la presidencias del fallecido Francisco Flores y de Elías Antonio Saca González. En esos tiempos, incluso, los trabajadores privados denunciaban que eran coaccionados por un sector de los empresarios para votar por ese partido.

Unos nueve años atrás, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) hizo lo mismo. Para la celebración del segundo año de gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, convocó a miles de empleados públicos para participar en un mitin frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).