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Rafael Aguirre: “Hemos hablado de establecer un nuevo régimen constitucional, un nuevo estado de derecho y un nuevo Código Penal”

El candidato presidencial del FMLN plantea fortalecer la investigación policial y fiscal, reactivar la agricultura, derogar la Ley de Agentes Extranjeros y reformar la gestión del agua. Sin embargo, varias de sus propuestas todavía no tienen presupuesto, plazos ni mecanismos de ejecución definidos.

Rafael Aguirre: “Hemos hablado de establecer un nuevo régimen constitucional, un nuevo estado de derecho y un nuevo Código Penal”

El candidato presidencial del FMLN plantea fortalecer la investigación policial y fiscal, reactivar la agricultura, derogar la Ley de Agentes Extranjeros y reformar la gestión del agua. Sin embargo, varias de sus propuestas todavía no tienen presupuesto, plazos ni mecanismos de ejecución definidos.

Rafael Aguirre: “Hemos hablado de establecer un nuevo régimen constitucional, un nuevo estado de derecho y un nuevo Código Penal”

El candidato presidencial del FMLN plantea fortalecer la investigación policial y fiscal, reactivar la agricultura, derogar la Ley de Agentes Extranjeros y reformar la gestión del agua. Sin embargo, varias de sus propuestas todavía no tienen presupuesto, plazos ni mecanismos de ejecución definidos.

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noviembre 17, 2026
21
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El doctor Rafael Aguirre lo tiene claro: el FMLN únicamente es el vehículo para competir en las elecciones presidenciales de 2027. Solo eso. Nada más. En verdad, su candidatura, dice, es una propuesta del movimiento social y ciudadano.

Aguirre es un médico internista y dirigente del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS). Su candidatura a la presidencia de la República fue oficializada el 20 de septiembre de 2026. Su compañera de fórmula es la enfermera Madaí Santos.

En entrevista con Revista Elementos, Aguirre habló sobre sus ideas políticas y sus propuestas en seguridad pública y economía, educación y salud, transparencia y derechos humanos. En cuanto al Régimen de Excepción, dice que “la seguridad no tiene por qué estar peleada con la libertad”.

Aguirre aseguró que, de ganar la presidencia, modificará el régimen de excepción, fortalecerá a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República. En el ámbito económico, reducirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de productos de la canasta básica y medicamentos.

También propone crear un ministerio para atender a los salvadoreños en el exterior, recuperar la participación de las comunidades en la gestión del agua, mantener la gratuidad de los servicios de salud y derogar la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX).

No obstante, durante esta entrevista reconoció que desconoce parte del funcionamiento interno del Estado y que algunas de sus propuestas requieren consultas con especialistas.

El FMLN —el vehículo en el cual el doctor Aguirre se ha subido— gobernó El Salvador entre 2009 y 2019, pero desde la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo perdió protagonismo electoral. En las presidenciales de 2024, su candidato Manuel Flores obtuvo el 6.6 % de los votos, frente al 84.65 % alcanzado por Bukele, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

¿Qué medidas propone para prevenir y combatir la delincuencia y el crimen organizado en El Salvador?

Lo primero es sentarnos con expertos para establecer una política de seguridad que involucre a la comunidad. El gran problema ha sido el abandono que se tiene hoy desde la comunidad. La comunidad debe tomar decisiones sobre cuál es la mejor forma de llevar seguridad hacia donde está. Si imponemos solamente leyes, al final no se llega a esa sensación de seguridad que desea la población. ¿Por qué tuvo bastante éxito un régimen? Porque, en teoría, llegaban a buscar a las personas vinculadas con pandillas y se las llevaban. Dentro de esas capturas hubo muchas arbitrarias y de personas inocentes, que han obtenido cartas de libertad en juicios y todavía no salen de los penales.

La gente también tenía la posibilidad de llamar y decir que en determinada casa había una persona pandillera o cercana a pandillas, y la autoridad llegaba a atender esa llamada. Creo que esa sensación de poder llamar y recibir atención es algo primordial que debemos rescatar. La seguridad que hoy vivimos ha conllevado sacrificar garantías constitucionales. Es innegable el éxito que ha tenido el régimen, a pesar de que sabemos las violaciones a derechos humanos que han ocurrido: negociaciones con pandillas, capturas arbitrarias, evidencia de torturas en las cárceles y crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades. La seguridad no tiene por qué estar peleada con la libertad ni tampoco con el debido proceso, el Estado de derecho y las garantías constitucionales.

¿Su propuesta contempla mantener, modificar o eliminar el régimen de excepción?

Modificarlo. Nosotros hemos dicho que el régimen de excepción es una herramienta constitucional que fue necesaria en un momento extraordinario de violencia que tuvimos en el país. Si ese momento de violencia extraordinaria ha sido detenido o superado, esa es una pregunta que se le debe hacer a la población.

Si nosotros consideramos el régimen de excepción una herramienta constitucional, una herramienta constitucional tiene límites constitucionales. Tiene que ser evaluada. Tiene una temporalidad. Tiene una evaluación de la proporcionalidad de su aplicación, si debe o no continuar dependiendo de las características que lo provocan. Entonces, eso es lo que hemos hablado nosotros. Hemos hablado de establecer un nuevo régimen constitucional, respetando las garantías de la población, construyendo un nuevo Estado de derecho y un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Penal. Eso es lo que, junto a los expertos, podemos plantear para mejorar la seguridad.

¿Qué medidas concretas podrían acompañar esa modificación?

Tenemos que capacitar adecuadamente la investigación de la PNC, mejorar en ese sentido probablemente el presupuesto de los fiscales. Nosotros hemos visto cómo se han despedido fiscales también. Si no tenemos fiscales para que hagan una adecuada investigación, tenemos el problema de fiscales sobresaturados de casos que no se pueden investigar o que tardan en investigarse. Esa vía iría en tres partes: el cumplimiento de las leyes que ya se tienen, como la ley antiterrorismo; el fortalecimiento de la Policía para la investigación y persecución del delito; y el fortalecimiento de la Fiscalía General con más elementos para que pueda hacer investigaciones más rápidas.

Ahora hablemos de sus propuestas en economía. ¿Cuál es su estrategia para impulsar el crecimiento económico y la inversión? ¿Qué sectores considera prioritarios?

Una de las propuestas es apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Vamos a incluir la reactivación de la agricultura, del agro, del sector agropecuario. Nuestro país ha sido eminentemente agrícola; eso era nuestro motor económico anteriormente, si bien como un monocultivo, pero eso se puede modificar hoy en día por la tecnología que tenemos. En segundo lugar, vamos a apostar por los pequeños empresarios y emprendedores con préstamos blandos. Si se tiene dinero para poder prestar a la clase política, pues tenemos dinero para prestarles también a los pequeños y medianos empresarios.

También hay que acercar a la industria nacional con Centroamérica y con otras partes del mundo. Las pequeñas y medianas empresas no tienen quién las defienda o proteja. Hemos visto un récord de importaciones: ha incrementado un 8.7 %, según los últimos datos publicados por el Banco Central de Reserva. Mientras tanto, el crecimiento de las exportaciones ha sido alrededor del 4 %. ¿De qué economía estamos hablando si lo que estamos publicitando es que estamos comprando más de lo que nosotros producimos?

¿Cómo piensa financiar sus propuestas?

Definitivamente hay que hacer un pacto fiscal. Este país sí o sí va a tener que llegar a un momento de pacto fiscal. Muchos economistas plantean el incremento de dos o tres puntos al IVA y que también deberían incrementarse los impuestos progresivos: impuestos al patrimonio, el predial e impuestos a las ganancias a partir de cierto valor. Esto conlleva hacer un pacto fiscal con la gran empresa y con las 110, 160 o 180 familias más ricas del país, porque hay distintas cifras. Sabemos que también implica quitar ciertos privilegios que se han dado, sobre todo en esta última administración, en lo que es el pago de impuestos. Desde el primer día que estemos sentados en la silla presidencial vamos a quitar la reserva de información sobre el manejo de las finanzas. Creemos que ese manejo oscuro ha provocado que no haya una adecuada contraloría ni auditoría social por parte de la población.

¿Qué propone para reducir el impacto del costo de la vida?

Si nosotros mejoramos la producción de nuestros propios cereales, hortalizas, frutas y de todo lo que comemos, vamos a tener un impacto directo en la canasta básica. Hemos planteado la disminución del IVA en los productos de la canasta básica y de medicamentos. En otro punto hemos planteado, por ejemplo, el hecho de que a las personas que ganan debajo de $1,000 se les haga una exención de la renta para que esto pueda paliar también un poco la situación económica.

Es importante hablar con la empresa privada sobre el salario mínimo. Sabemos que la canasta básica ronda los $262 y la canasta básica ampliada los $520. Nos estamos quedando muy cortos con el salario mínimo para poder cubrir esta canasta básica. Por lo tanto, tenemos que plantear por lo menos el estudio del incremento al salario mínimo en los próximos años.

¿Cuáles son sus principales propuestas para mejorar la calidad y cobertura de la educación?

Lo primero es sentarnos con el magisterio. No podemos volver a estar sacando de la manga políticas para ver si funcionan o no. Tenemos que escuchar a los sectores involucrados. Una de las políticas que hemos criticado es la implementación de la inteligencia artificial como tutores en personas menores de 12 años. Hemos visto en otros países… en Nueva York, que se ha prohibido la inteligencia artificial generativa para instruir a los muchachos. Primero tenemos que invertir en el magisterio. Ya no van a haber más despidos y vamos a recontratar a los maestros que han sido despedidos. También vamos a cumplir la Ley de la Carrera Docente y respetar el escalafón salarial. Tenemos que revisar la currícula con los docentes, porque no es lo mismo lo que sucede en Chalatenango que lo que sucede en Morazán o en cualquier otra parte del país. Cada docente conoce las necesidades y las dificultades de sus alumnos. La tecnología avanza, pero no es un punto de honor incorporar más herramientas tecnológicas. Tenemos que preparar a los docentes para enseñar a los alumnos a utilizarlas y orientar a los padres para que sepan cómo aprovecharlas en casa.

¿Mantendría los programas sociales de apoyo a estudiantes?

Estos programas sociales que fueron introducidos prácticamente en los gobiernos del Frente son importantes de mantener. Para que haya una educación integral tiene que haber un desarrollo integral del ser humano. Esto involucra una adecuada alimentación, atención a sus necesidades y evaluaciones psicológicas. He hablado de que debería existir un psicólogo por cada tres o cinco escuelas para evaluar periódicamente a los alumnos, detectar situaciones de depresión, ansiedad o pánico y prevenir problemas que pueden llevar incluso al suicidio. También hay que ofrecer ayuda psicológica a los maestros. Esa atención no debe depender de que cada trabajador la busque por su cuenta.

¿Qué propone para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en El Salvador?

Tenemos instituciones que nacieron desde los Acuerdos de Paz para velar por los derechos humanos, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Tenemos que motivar o incentivar el cambio para una persona que sea independiente a los tres poderes del Estado y pueda realmente ejercer su función desde la Procuraduría. Igual la Procuraduría General de la República. Son organismos que tenemos que fortalecer, reforzando su presupuesto, porque de ambas instituciones se ha despedido una cantidad importante de técnicos o personas que podían llevar los casos y tener resoluciones más pronto. También tenemos que fortalecer las organizaciones no gubernamentales. Tenemos que quitar la Ley de Agentes Extranjeros. Es una ley mordaza que ha disminuido la capacidad de las organizaciones no gubernamentales de hacer contraloría y auditoría social.

¿Cómo garantizaría el acceso a la información y la rendición de cuentas?

Hemos planteado los plebiscitos, los referéndums, los cabildos municipales y la auditoría social. Es importante la Ley de Acceso a la Información Pública. Ha sido prácticamente censurada, de tal forma que el instituto está fuera de servicio. Nosotros hemos dicho que, de gobernar, vamos a abrir toda la reserva de información, le vamos a dar garra y diente a la Ley de Acceso a la Información Pública. Porque eso fue lo que develó la corrupción de todos los gobiernos hasta ahora. Imagínese gobiernos de cinco años: Paco Flores, Mauricio Funes, de todos los gobiernos.

¿Qué sanciones propone para los funcionarios involucrados en corrupción?

No sabría decirle qué ley, si esto se tiene que ver en el Consejo de Ministros, dónde tiene que apretarse la tuerca y modificar la ley o crear una ley para que esto realmente se pueda echar a andar. Lo que buscamos es que se pueda identificar la corrupción a la mayor brevedad posible, porque hoy vemos que ocurre y muchos años después viene a investigarse y a darse los juicios. Estos juicios tienen que ser más expeditos para que la persona que ha provocado corrupción pueda pagar con sus bienes o con sus cosas a tiempo.

¿Cómo garantizaría la independencia de las instituciones fiscalizadoras si la Asamblea Legislativa continúa bajo el control de un solo partido?

El gran problema es quién escoge a todas estas entidades. Por ejemplo, quién escoge al presidente o al ente rector de la Corte de Cuentas, lo hace la Asamblea Legislativa. Si está bajo el poder de un solo partido político, es ese partido el que decide. Garantizar esto implica que la Asamblea Legislativa se vuelva un ente equilibrado de poder, que haya una adecuada representación de todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales. También habría que establecer requisitos y hasta qué grado de consanguinidad o afinidad una persona que opte a un cargo tendría que evitarse. Habría que analizarlo con expertos. Necesitamos una Corte de Cuentas independiente de los tres poderes del Estado, porque si la pongo bajo la dependencia de cualquiera de ellos, se vuelve reo del presupuesto de esa institución.

¿Cómo piensa enfrentar el cambio climático, la contaminación y la protección de los ecosistemas?

En primer lugar, dándole fuerza al Ministerio de Medio Ambiente y estableciendo garantías medioambientales mínimas para cada proyecto. Hay que cesar los permisos de forma indiscriminada y rescatar las áreas que todavía no se han entregado. También tenemos que utilizar energías renovables, pero sin deforestar grandes extensiones para instalar parques fotovoltaicos. Podemos valorar áreas que ya están comprometidas o incluso estudiar otras posibilidades, como instalar parques de paneles solares en el mar, siempre analizando su impacto ambiental.

¿Cuál es su posición sobre la minería metálica?

Estamos en contra de la minería metálica. En ningún momento la contemplaríamos. Nunca trajo algo beneficioso para la población salvadoreña, por lo tanto la derogaría, o sea, introduciríamos la derogatoria de la ley de la minería a la Asamblea Legislativa.

¿Qué propone para recuperar las fuentes de agua?

Tenemos que proteger las cuencas y los mantos acuíferos, y revisar los permisos que se han dado. Se nos ha comentado por parte de ambientalistas que una compañía de gaseosa internacional extrae alrededor de tres millones de litros de agua al día. Este tipo de cosas tienen que analizarse y estudiarse. Ante una emergencia por estrés hídrico pudiéramos revalorar qué parte de esa agua que se extrae puede destinarse a las comunidades que lo necesitan. También creemos que se les ha quitado mucho poder a las juntas de agua. Prácticamente todo está bajo la Autoridad Salvadoreña del Agua y dentro de ella están los privados. Todo esto tiene que revertirse. No podemos hablar de volver a, pero sí podemos construir una nueva ley o derogarla, en todo caso, para darle paso a que nuevamente las comunidades tengan derecho a su agua potable.

Las comunidades podrían utilizar sus pozos para beneficio propio y vender el excedente de agua. Pero debe haber supervisión, porque ese tipo de política también puede volverse en contra de la comunidad si integrantes de las juntas directivas negocian de forma fraudulenta.

¿Qué mecanismo de supervisión propone para evitar esos abusos?

Hay que fortalecer a ANDA y hacer sus divisiones para tener un adecuado control y supervisión. En lugar de fortalecerla, se diseñó una nueva institución, la Autoridad Salvadoreña del Agua, que hasta ahora no ha mejorado la prestación del servicio ni ha controlado bien las fuentes de agua, aparentemente, porque no hemos visto un reporte de lo que realmente hace. También hemos planteado un capital de apoyo fiscalizado integral para las municipalidades, el CAFI, que sería como el FODES, pero con otro nombre y bien fiscalizado. Queremos que las obras municipales se desarrollen y que los recursos vayan al desarrollo municipal.

¿Qué propone para proteger y atender a los salvadoreños en el exterior y a las personas retornadas o deportadas?

Hemos planteado la creación de un Ministerio de Atención a los Salvadoreños en el Exterior. No dejarlo solo como un viceministerio, sino crear realmente un ministerio, porque suman tres millones de salvadoreños fuera de nuestras fronteras a quienes tenemos que dar atención. Este ministerio podría encargarse de un seguro médico básico, por lo menos para las personas indocumentadas en otros países, para enfermedades primarias. Si son enfermedades más fuertes, como cáncer, habría que retornarlas al país para darles tratamiento.

¿Qué opina de la representación política de la diáspora en la Asamblea Legislativa?

Esta participación política es un engaño que se les ha hecho a nuestros compatriotas en el exterior, porque la persona que va a participar tiene que tener dirección en el país. Una persona indocumentada que no tiene regularidad en su documentación no puede ejercer la diputación desde Estados Unidos si no puede salir de ese país. Yo reduciría la plancha, no a seis diputados, sino como lo tiene Italia, por ejemplo, dos diputados del exterior, pero que realmente estas personas puedan viajar desde el exterior a reunirse acá al país, sin necesidad de comprobar, si ellos viven en el país donde de donde residen, que no necesariamente tengan la dirección o no estén domiciliadas en el país, eso en primer lugar. También hay que dar atención integral a las personas retornadas, especialmente a quienes han pasado 20 o 25 años viviendo en otro país y enfrentan un impacto emocional y psicológico mayor.

¿Qué propone para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible?

Hay que fortalecer el presupuesto del Ministerio de Vivienda para que haya créditos más blandos. Hemos visto proyectos como Casa Mujer, que no nacieron de esta administración, sino de la pasada, en los que a las mujeres solteras se les dan créditos con intereses bajos. He visto que están entre 2.5 % o 3 % de interés. También hay que fomentar la adquisición de vivienda popular. He hablado del Banco de los Trabajadores y de que los trabajadores puedan convertirse en socios de ese banco, utilizando recursos para financiar préstamos de vivienda y que las ganancias contribuyan al fondo general para sostener las pensiones.

¿Qué propone para mejorar el transporte público y la movilidad?

Se está pensando en construir un nuevo SITRAMSS. Se demostró que benefició a las grandes mayorías. Lo que antes costaba 45 minutos o una hora para llegar de Soyapango al Salvador del Mundo, a través del SITRAMSS se lograba en 15 minutos. Tendríamos que corregir los vicios que llevaron a que la Sala de lo Constitucional lo declarara inconstitucional, como darle el manejo de la vía pública a entes privados. Sería netamente nacional. También tendría que analizarse una política de uso de vehículos con placas pares e impares, por lo menos en las áreas urbanas, por el tráfico y la contaminación. Sobre el metrocable, lo vamos a reforzar y mantener hasta la fase donde llegue. Estamos hablando de una inversión de 110 millones de dólares que no vamos a desperdiciar. Pero lo dejaríamos hasta las primeras fases porque, más que un alivio para el transporte colectivo, creemos que fomenta el turismo.

¿Cómo proyecta las relaciones de El Salvador con Estados Unidos, China, Centroamérica y los organismos multilaterales?

Estamos abiertos completamente a la cooperación internacional. Sabemos que trae niveles de fiscalización importantes y, como país, estamos dispuestos a que nos fiscalicen. También queremos derogar la Ley de Agentes Extranjeros y abrir las puertas a los países amigos que quieran invertir en educación, salud y otras áreas. Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial y el país donde hay más salvadoreños. Por lo tanto, tenemos que mantener una relación de amistad igual con todos los países del mundo. China es una potencia mundial que está emergiendo. Hemos visto que Estados Unidos ha ido a negociar con ellos. No habría problema en buscar esas mismas relaciones diplomáticas con estos países y no solamente con ellos, sino con otros países, ya sean de tendencia socialista o capitalista.

¿Qué propone para mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos de salud?

Tenemos que reorientar adecuadamente el presupuesto de salud. Gastamos bastante, pero lo gastamos mal. Hay que darle prioridad a la prevención de enfermedades y construir un plan diseñado con equipos comunitarios de salud. Tenemos muchos médicos desempleados o subutilizados, como ocurre en la plataforma de telemedicina. Hay que mejorar sus condiciones salariales y los insumos que necesitan. También mantener la gratuidad del tratamiento médico y evitar la carencia de medicamentos.

¿Qué cambios propone para el personal sanitario y la atención en los hospitales?

Hemos vuelto hostil el ambiente laboral en las instituciones. Tenemos que cambiar esa hostilidad hacia el trabajador, porque un trabajador mal pagado, un trabajador mal tratado no puede dar una buena y adecuada atención. La atención de salud debe mantenerse las 24 horas del día, los siete días de la semana. Pero puede haber mejores incentivos para las personas que trabajan de noche, porque trabajar en horario nocturno perjudica la salud. Nos enfocaríamos en el área preventiva. Hay que llevar educación en salud y fortalecer la organización comunitaria para que las comunidades puedan identificar sus necesidades. Se harían diagnósticos situacionales para conocer las enfermedades más comunes y los tratamientos que necesitan.

¿Cuál es su posición sobre los derechos de las poblaciones LGBT y qué garantías ofrecería un eventual gobierno suyo?

Con las comunidades LGBTOQ+ tenemos una relación adecuada. Soy trabajador de la salud, no puedo hacer discriminación. Es contra mi naturaleza discriminar a las personas por una ideología. Tenemos que atenderlas igual que todas las personas; no significa que tengan algún privilegio extra ni que una persona heterosexual tenga mayor privilegio que ellas. Con respecto al matrimonio igualitario, son situaciones muy políticas que no tienen una respuesta sencilla. Es un análisis profundo que debe hacerse porque tenemos una sociedad muy conservadora. Hemos planteado poder hacer uso de plebiscitos o referéndums para preguntarle a la población si quiere dar ese tipo de derechos también a las personas de esta comunidad.

¿Reconocería los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ si llega a la Presidencia?

No podemos hacer la excepción de una persona y decir que sí tiene derecho para unas cosas, pero no para otras. Definitivamente tienen que tener los derechos como todas las personas. Pero esto pasa por el filtro de la sociedad conservadora que tenemos. Debemos educar a la población y darle paso a la aceptación y al reconocimiento.

Redacción Elementos

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