Entre el 20 y el 26 de enero de 2025 un grupo de efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), completamente subordinada al Gobierno del presidente inconstitucional Nayib Armando Bukele Ortez, tomó el control de uno de los túneles a través de los cuales se puede acceder a las vetas subterráneas de oro y plata ubicadas en el interior del cerro y cantón San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, lugar conocido por la contaminación con metales pesados del río homónimo. Ocurrió casi un mes después de que la Asamblea Legislativa, cuyo partidario mayoritario es Nuevas Ideas, derogó la prohibición absoluta de la minería que permaneció vigente durante siete años y ocho meses.
Esa semana, según los vecinos de la también conocida como Hacienda San Sebastián, llegaron a bordo de una grúa varios miembros del Comando de Ingenieros de la FAES para retirar los dos contenedores con cianuro de sodio y sulfato ferroso que Commerce Group Corporation (CGC) abandonó, en la zona conocida como La Cusuquera o La Superficie, en el año 2011 después de que perdió una demanda contra el Estado salvadoreño, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial (BM).
Luego estacionaron en la entrada del túnel cuatro tipos distintos de maquinaria pesada: tres palas excavadoras, una motoniveladora, una compactadora o rodillo de suelo y una cargadora u oruga. También han instalado dos tiendas de campaña y siete tanques para el almacenamiento de agua.
Las funciones de las palas excavadoras son: demolición de estructuras, dragado de ríos, excavación de zanjas, cimientos y agujeros; las motoniveladoras aplanan superficies para el montaje de maquinaria minera; las compactadoras sirven para compactar aceras, carreteras, zanjas, túneles dependiendo de su tamaño, entre otros; las cargadoras, diseñadas para trabajar en terrenos irregulares, también son ocupadas para carga, transporte y excavación.
Revista Elementos verificó que la maquinaria, durante el día, permanece estacionada sin ningún uso. Una pareja de soldados custodian el perímetro e impide acercarse al túnel a los vecinos y a cualquiera de los más de 300 güiriseros que, hasta la fecha, sobreviven de la minería artesanal.
Toda la maquinaria es propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) que hasta finales del año pasado estaba siendo empleada en obra pública. Por ejemplo, con la motoniveladora matrícula EQ. 01-10-13-07, el 20 de noviembre de 2024, fue reparada una calle de tierra en el cantón Tecomatal, San Miguel; o, con la compactadora matrícula EQ. 04-10-01-075, fue intervenida la calle que lleva del caserío El Congo al cantón Anchila, en Concepción Batres, Usulután.
No obstante este inusual movimiento, los vecinos de San Sebastián consultados por Elementos aseguraron que, hasta el momento, no han recibido ninguna información proveniente del Gobierno de Bukele ni de la alcaldía de La Unión Norte. Por esto su principal temor es que, de un día para otro, puedan ser desplazados de sus casas.
«La gente anda diciendo que nos van a venir a botar las casas. ¿Dónde nos van a dejar viviendo?», dijo una mujer cuya identidad se omite por seguridad.
Hasta el momento tampoco existe claridad de quiénes son los propietarios de los terrenos en los cuales están los túneles de acceso a la mina.
En el registro de la propiedad del Centro Nacional de Registros (CNR) aparecen como últimos propietarios Commerce Group y Mineral San Sebastian.
De acuerdo con la información registral, Mineral San Sebastian, representada por Francisco José Siero y Rojas, compró una parte del cerro el 8 de mayo de 1960. A la vez, sumó como accionistas de la empresa a unos 40 vecinos a cambio de usufructuar sus propiedades en las actividades mineras.
El 7 de agosto de 1968 Commerce Group llegó al país y se convirtió en el arrendatario de la porción del terreno que ocho años antes había comprado Mineral San Sebastian.
Después de que ambas empresas perdieron el litigio contra el Estado salvadoreño en el CIADI y se marcharan del país, fueron los güiriseros quienes usufructuaban la mina y tomaron posesión de los túneles.
Hoy el Gobierno de Bukele parece que comenzará a desplazarlos.
Imágenes de la maquinaria pesada que la Fuerza Armada ha estacionado en la entrada del túnel conocido como Cusuquera en el cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima.
El pasado 11 de febrero, MalaYerba publicó las primeras imágenes de las tres palas mecánicas estacionadas en la también conocida como Hacienda San Sebastián.
El 17 de julio de 2024, Elementos dio a conocer que en San Isidro, Cabañas, una empresa llamada Agrícola San José había comprado dos terrenos bajo los cuales la minera Pacific Rim detectó la existencia de vetas de oro, plata y otros minerales.
Esta compañía está subordinada y ha recibido parte de su financiamiento de Nueva Esperanza, otra empresa fundada por el estadounidense Blane William Wilson y el hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa.
En el país vecino, Wilson es el representante legal de Compañía Minera Titán de Honduras que, a su vez, es subsidiaria de Titan Resources Limited, una transnacional dedica a la explotación minera con intereses en distintas partes del mundo, incluyendo Perú.
Mientras Agrícola San José compraba propiedades con potencial minero, un grupo de peruanos llegaron a comunidades de San Isidro, Guacotecti, Sensuntepeque y otros municipios escuchando las necesidades más urgentes y ofreciendo el financiamiento para emprender algunos proyectos productivos que, a futuro, podrían ayudar a mitigar esas necesidades.
Los peruanos, que financiaron proyectos productivos, y de otros tipos, con dinero de origen desconocido, habían trabajado en su país como especialistas en conflictos sociales en zonas mineras.
Desde que Bukele anunció la derogatoria de la prohibición minera, distintas organizaciones civiles han hecho frente común para enfrentar las ambici0nes del presidente inconstitucional.
En este contexto también fueron capturados y encarcelados durante un tiempo los ambientalistas Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega que son acusados de la desaparición de María Inés Alvarenga durante la Guerra Civil en la década de los 80 del Siglo 20.
