En junio de 2009 fue asesinado Marcelo Rivera, maestro, promotor cultural y ambientalista de San Isidro, Cabañas. Fue desaparecido y su cadáver encontrado varios días después en estado de descomposición al interior de un pozo, con graves señales de tortura. Marcelo Rivera era el principal activista contra el proyecto minero El Dorado, que la empresa canadiense Pacific Rim pretendía desarrollar en su municipio.

Seis meses después, en diciembre de ese mismo año, fueron cruelmente asesinados Ramiro Rivera y Dora Sorto. Ramiro Rivera fue emboscado cuando se conducía en su vehículo y murió bajo una lluvia de balas de armas larga disparadas por sicarios muy bien entrenados; y a Dora Sorto le dispararon cobardemene por la espalda cuando venía de traer agua y lavar ropa, con un bebé en sus brazos y otro de ocho meses en su vientre. Ambos se oponían a la instalación de una mina en el Cerro Limón, en el cantón La Trinidad, municipio de Sensuntepeque, a orillas del Río Lempa.

Los crímenes contra estos ambientalistas anti mineros están impunes, catorce años después de su cometimiento. Por el asesinato de Macerlo Rivera fueron procesados cuatro pandilleros de Ilobasco como supuestos autores materiales, pero no se investigó la autoría intelectual; mientras que en los casos de Ramiro Rivera y Dora Sorto nunca se capturó ni siquiera a los responsables materiales de ambos crímenes.

La responsabilidad de investigar los asesinatos la tuvo Rodolfo Delgado, actual fiscal general de la República, quien entonces fungía como jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Crimen Organizado. El pasado 8 de diciembre, en el marco del 14 aniversario de estos crímenes atroces, comunidades de Cabañas exigieron justicia.

Estos asesinatos, sin embargo, no detuvieron ni disminuyeron la lucha comunitaria contra la explotación minera y ocho años después, en marzo de 2017, se logró la aprobación unánime de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, como resultado de un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad de esta industria extractiva. Diferentes y diversos sectores sociales, políticos, académicos, gremiales y religiosos coincidieron en que la minería de metales no es factible en nuestro país debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro de los recursos hídricos.

Esto convirtió a El Salvador en un hito mundial, al ser el primer país en proscribir en forma definitiva la más contaminante de las industrias extractivas (algunos sólo prohíben las minas a cielo abierto y otros minería utilizando cianuro). En mi opinión, la prohibición por ley de la minería metálica es el segundo gran acuerdo nacional, después de los Acuerdos de Paz de 1992.

No obstante, este importante acuerdo nacional está siendo desmontado por el actual gobierno que muestra interés en la extracción minera. Hay señales contundentes en este sentido: en mayo de 2021, El Salvador se incorporó al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; en octubre del mismo año se aprobó una nueva Ley de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que incluye la minería metálica; y en el presupuesto estatal de 2023 hubo una partida de 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”, sin que hasta esta fecha se conozca públicamente algún resultado de dicho proceso.

Además de estos hechos públicos que alertan sobre la eventual reversión gubernamental de la prohibición de la minería, pobladores de Cabañas denuncian que a la zona han llegado supuestos personeros de empresas extractivas con la intención de comprar o alquilar terrenos con potencial mineral expresando que «ahora sí tendrán permisos para operar».

En este contexto se realizó la detención arbitraria y se desarrolla el injusto proceso penal contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, quienes tuvieron una participación decisiva en la lucha antiminera. Por eso se afirma que se trata de una instrumentalización del sistema judicial para perseguir a defensores ambientales, cuyo objetivo sería debilitar la resistencia comunitaria para facilitar la reactivación minera.

Así lo denunciaron 250 organizaciones de treinta países en un comunicado publicado en febrero pasado y de esa manera lo consigna también la Relatora Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien se ha pronunciado dos veces en favor de los ambientalistas detenidos. Una carta de 17 congresistas estadounidenses, que pidieron a su secretario de Estado Antony Blinken mediar en el caso, también destaca el rol de los líderes comunitarios en la resistencia anti minera y en la aprobación de la ley prohibitiva.

La idea de que es un caso «inventado» para perseguir a los ambientalistas se refuerza con la debilidad jurídica del caso y la falta de pruebas en el requerimiento penal, pues éste se basa su acusación en el testimonio contradictorio de un testigo protegido que primero habría dicho que vio y después que le contaron. La Fiscalía tampoco encontró el cadáver de la persona supuestamente asesinada en 1989.

Si la tesis de la manipulación judicial es real, estaríamos frente a una estrategia deliberada probablemente impulsada por quienes buscan reactivar proyectos mineros sin importarles las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. Es decir, si en el pasado el manual contemplaba asesinar, la acción ahora sería perseguir penalmente a quienes se opongan al extractivismo minero.

Y esta misma estrategia podría ser utilizada contra otros activistas que representen un obstáculo para cualquier proyecto estratégico del gobierno. Incluso, se puede usar contra periodistas, académicos, analistas y ciudadanos críticos de la actual gestión pública o que simplemente no se sometan a los intereses y a la narrativa oficial.

Ojo con eso.