«Gracias a Dios, nunca me ha pasado nada, pero yo también ando siempre esto, por si acaso». Sonia Domínguez alza la mano hasta su cabeza y saca de en medio de su moño de canas una cuchilla de punta curva. Es recicladora de base. Busca latas, botellas de plástico y cartón por las calles entre los Barrios San Esteban y Lourdes, en San Salvador, El Salvador.

La cuchilla no es solo para defenderse de amenazas. En realidad, Sonia la usa mucho más para abrir bolsas. El trabajo de un reciclador de base como ella consiste en arrancar de lo que otros consideran basura todo aquel material que aún tiene la posibilidad de ser utilizado tras pasar por un proceso.

Pasa de los 60 años de edad. Y llegó a esta ocupación después de dedicarse por décadas a ser empleada en casas para realizar los oficios domésticos. Hoy ha traído un saco lleno de envases de aluminio al centro de acopio Recitodo, ubicado en la 23 avenida norte, en la capital salvadoreña.

Este día Sonia solo ha logrado reunir un poco de material por el que le pagarán menos de 3 dólares. Al mes, dice, con su marido reúnen un promedio de 300 dólares. Él se dedica a lo mismo, pero en su recorrido incluye las calles del centro capitalino. «Ahí pesca más», calcula.

Ella forma parte de un ejército que instituciones como la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) calculan que está formado por más de 3.000 personas. Ellos son parte de una cadena de valor que empieza en la calle, entre residuos y sigue su ruta hacia un centro de acopio, como Recitodo. Aquí se limpia, depura y clasifica para ser trasladado a otra empresa que es la encargada de convertirlo en materia prima viable para fabricar otros productos.

«Este enfoque va más allá de simplemente recoger y procesar material, busca integrar a diversos actores en un sistema que promueve la inclusión social y económica; en el corazón de este modelo se encuentra la premisa que todos los individuos que forman una sociedad, sin importar su origen y sus circunstancias, pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de una sociedad más sostenible», fueron las palabras que Balmore Contreras, gerente de Recursos Sólidos y Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente pronunció durante un evento convocado por FUNDEMAS el 10 de noviembre en un hotel capitalino.

Este discurso del funcionario, sin embargo, aún no aterriza en el día a día de Sonia, quien tiene que negociar con policías, soldados y vigilantes, entre otros, para que le permitan rescatar de la basura el material que aún puede tener otro uso y que, para ella, significa el ingreso con el que, apenas, mantiene casa y alimentación.

La lucha por el reconocimiento

El reciclaje es una industria que ha logrado mover millones de dólares en el mundo y también ha logrado ahorrar miles de emisiones de CO2, gas de efecto invernadero, es decir, uno de los principales causantes del calentamiento global.  La Fundación Avina hizo un estudio en seis pilotos distribuidos en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El descubrimiento fue que «en promedio, por cada tonelada de gases de efecto invernadero que emitió la actividad en los centros de reciclaje inclusivo en 2022, se evitó que otras 194 toneladas fueran emitidas».

En El Salvador, FUNDEMAS ejecuta un proyecto de reciclaje inclusivo que incluye a 12 municipios. De septiembre de 2022 a octubre de 2023, se ha capacitado a personal de 21 centros que, en este periodo, han comprado material con el que se dejarán de emitir 13.000 toneladas de CO2.

FUNDEMAS calcula que las alcaldías de estos 12 municipios, con el trabajo de los recicladores y centros de acopio, han ahorrado más de 508,000 dólares del dinero de los contribuyentes al no llevar este material al relleno sanitario que cobra por hacerse cargo de su disposición final.

Pero estos números no han calado lo suficiente como para que ser reciclador de base no involucre una alta dosis de discriminación. «Solo yo recojo más de 10 quintales (1.000 libras) diarios de cartón», calcula Luis Serrano Escobar. «Ya sea que uno lo haga o no por amor al medio ambiente, se debería valorar esta labor que hacemos y nos deberían ayudar con no molestarnos o no mirarnos mal», continúa.

El trabajo de Sonia y de Luis, que ya supone riesgos y obstáculos, se puede complicar más. La Ley Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje no incluye a los recicladores de base, al menos no en la manera tan orgánica en la que en la mayoría de casos se realiza esta actividad.

La ley habla de que la recuperación de material deberá estar en manos de «gestores autorizados». La persona natural o jurídica que busque el permiso para esta actividad debe cumplir, según el artículo 22, con requisitos entre los que están: «Indicar la característica, método y procedimiento de la actividad que va a realizar, señalar dirección física y electrónica para oír notificaciones y adjuntar el Manual de Gestión Integral de Residuos que requiere le sea aprobado para ser autorizado como gestor».

Este grado de formalización de la recuperación de materiales reciclables no es compatible con las condiciones sociales, económicas y físicas en las que los recicladores de base hacen su trabajo. «Esto es riesgoso y no toda la gente colabora ni lo mira bien a uno, pero es más feo decirle a mi hija, 'no tengo para comer', entonces, a veces, la situación apremia y uno, pues, sin opción de otro trabajo, tiene que buscar los medios como obtener para la comida», explica Luis.

La omisión de los recicladores de base en la Ley los deja expuestos a posibles abusos de autoridad, de acuerdo con una fuente que colaboró en la redacción de la norma, pero que solicitó anonimato. «Sin un canal adecuado para que ellos obtengan protección para realizar su trabajo, la policía o cualquier otro cuerpo de orden público puede impedir a una persona recuperar material reciclable de los residuos, aunque sea un material que ya nadie quiera», explica.

En El Salvador, cada vez se difunden más videos de miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos que usan la violencia para desalojar a vendedores ambulantes que transitan por calles del Centro Histórico capitalino, las mismas que recorre el esposo de Sonia para recolectar material. Bajo el argumento de que son vías que forman parte de un proyecto de recuperación de espacios, a los comerciantes se les incauta toda la mercadería. «Para gente que vive con un ingreso muy reducido, esto genera un gran impacto económico; sin una norma que proteja explícitamente su actividad, los recicladores de base podrían verse en esa misma vulnerabilidad que ahora sufren los comerciantes ambulantes», explica la fuente.

En su discurso frente a representantes de empresas, de instituciones gubernamentales y autónomas, Balmore Contreras, el gerente de Recursos Sólidos y Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente, también reveló que «el Ministerio está enfocado en instrumentos para la gestión de residuos, entre ellos un Plan Nacional para la gestión, un diagnóstico nacional de la cadena de valor y un censo nacional de gestores de residuos», pero no hay información pública que dé cuenta del presupuesto o los plazos en los que se ejecutarán estas medidas.

La Ley Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje lleva vigente casi dos años. Pero no tiene reglamento, por lo tanto, no es aplicable. «Ahí es en donde tenemos nosotros una ventanita para que nos tomen en cuenta», explica Alejandra Sarmiento, estudiante universitaria y representante de la Asociación Nacional de Recolectores y Recicladores de El Salvador.

Alejandra estuvo presente el día en que Balmore Contreras dio su discurso en nombre del Ministerio de Medio Ambiente. Ella estuvo ahí como parte de un grupo de universitarios que recibió un premio por un proyecto que consistió en diseñar una máquina para compactar material reciclable. «Nosotros buscamos que se nos mencione como recicladores de base, porque aquí lo que hay es gente que no tiene un salario ni prestaciones, es gente que come del material que puede sacar de la basura para vender y esto es lo que tienen que tomar en cuenta las instituciones, la necesidad», señala.

En los años durante los cuales se ha ejecutado el proyecto de reciclaje de FUNDEMAS en 12 municipios, uno de los objetivos fue mejorar la capacidad de recuperación de materiales de los recicladores de base. Ahí, salió a relucir la vulnerabilidad en la que hacen su labor. Unos tienen un saco o una bolsa y lo que reúnan depende de su capacidad para cargar. «Fue una de las razones por las que buscamos entregar carretillas, al incorporar este elemento, más chalecos, capacitaciones y refuerzo de la autoestima se genera un impacto positivo», explica Roxana Contreras, de FUNDEMAS.

En una escala más amplia, FUNDEMAS registra que entre mayo de 2021 y septiembre de 2023, se recolectaron 20,425 toneladas de materiales reciclables. Esto evitó que en los rellenos sanitarios se produjeran casi 60,000 toneladas de CO2. Y significó un ahorro de más de 2 millones de dólares para las municipalidades.

La mayoría de recicladores que se observan en los centros de acopio, sin embargo, llegan como Sonia, con uno o dos sacos, lo que puedan cargar. Y llegan a esta ocupación en busca de un ingreso que no suponga mayor inversión o trámite. «Lo que nosotros vemos en los recicladores es a nuestros hermanos y hermanas que buscamos ganarnos la vida y hacer un bien al medio ambiente, estamos de acuerdo con un censo, pero se debe tomar en cuenta que la gente no tiene recursos para cumplir con otros trámites», describe Alejandra, quien unos minutos antes de esta entrevista ha atendido a Luis Contreras, de 46 años de edad en el centro de acopio que regenta la familia Sarmiento en Cuscatancingo, municipio del Área Metropolitana de San Salvador.

Contreras es reciclador de base, todos los días recolecta material. «De esto pago mi tratamiento para la epilepsia, con esto pago bus para ir al hospital y las medicinas, cuando no tienen», explica. La herramienta más valiosa que tiene y lo que lo oficializa como reciclador es una carretilla.

Una dinámica más sostenible

Santos Rosales es otro de los recicladores que abastece Recitodo. Platica mientras espera a que los encargados del centro de acopio pesen el material variado que trajo hoy en un pick up. Tiene 58 años. «A mí ya no me dan empleo en ningún lado», explica.

Santos no puede optar al beneficio de una pensión. Cubre sus gastos de lo que logra traer al centro de acopio. Su recorrido incluye panaderías, tiendas, algunas zonas residenciales en donde le reúnen material. Él lo recoge y lo trae. Su inversión cubre el combustible y poco más. «Uno busca hacerse su propio trabajo porque, aunque tenga conocimientos y se sienta fuerte, a esta edad ya no se encuentra puesto en ninguna empresa».

Ese promontorio que —entre aluminio y cartón— ocupaba completa la cama de un pick up de Santos, se mira pequeño en este galerón de unos 25 metros de largo por 10 de ancho. Aquí hay computadoras, rines de llantas, garrafones, casas de utilería, un árbol de Navidad de unos dos metros de alto y un sinfín de cosas más que parecen apiñadas, pero en realidad están colocadas en un orden que permite que los trabajadores, tres hombres y una mujer, puedan casi vaciar el recinto para el final del día.

Los camiones entran y salen. Dejan o se llevan material y la dinámica está aceitada para que no queden obstáculos en la vía pública, no haya malos olores y se minimice el ruido. Douglas Roque es el propietario y fundó Recitodo hace más de 10 años, pero comenzó en el reciclaje hace 24. «Me iba de noche con mis hijos a recolectar». Cuenta que lo hacían con la meta de tener un ingreso extra.

Douglas mantiene abierto este negocio con el margen de ganancia que queda entre vender cartón, aluminio y plástico a la empresa que lo procesa y comprar este material a los recicladores de base, como Sonia, Luis y Santos y también a empresas que adoptan el compromiso de separar los residuos.

Así, tres de los empleados de Douglas destinan la jornada completa de un día para retirar el material de una de las bodegas de una cadena trasnacional de pizzerías y de una de las sucursales de una franquicia que vende café. Las empresas no le pagan a Douglas por esto. Douglas les paga a las empresas para que le reserven ese material.

Si estos tres empleados no hubieran pasado una tarde enrollando el plástico en el que vienen envueltas las materias primas que se usan en la cadena de restaurantes de pizza, estas más de 135 libras de material habrían terminado en el camión que recoge los desechos sólidos para llevarlos, junto con materiales orgánicos y más, al relleno sanitario. Servicios que se pagan con los impuestos de los ciudadanos. En la sucursal de venta de café, se rescataron otras 15 libras de cartón, de ese que se usa para transportar leche, café, azúcar.

«En El Salvador, más de 70 toneladas diarias de plásticos se disponen en rellenos sanitarios. Sin embargo, este dato podría estar subvalorado, ya que no existe ningún estudio nacional actualizado sobre la generación y caracterización física de residuos y desechos sólidos», reveló un informe publicado en 2019 por el Ministerio de Medio Ambiente.

El evento de FUNDEMAS que se desarrolló en el hotel capitalino se tituló: «Construyendo el camino para el reciclaje inclusivo en El Salvador». Ahí, Balmore Contreras, como representante del Ministerio de Medio Ambiente, dijo: «Al fortalecer la cadena de valor, creamos una sociedad en donde la colaboración es clave. La empresa, los gobiernos, la comunidad y los recicladores se unen para maximizar el valor del residuo y minimizar su impacto ambiental».

Los reportes de 2019, los más recientes disponibles para consulta pública, indican que el 22.45 por ciento de los desechos sólidos recibidos para disposición final son plásticos, en decir, podrían tener la posibilidad de ser reciclados. «Esto no solo impulsa la sostenibilidad, sino que también genera empleo y mejora las condiciones de vida», agregó Contreras en su discurso. Aún así, menos del 10 por ciento de los plásticos se logra recuperar.

La autorización: una carrera de obstáculos

Como propietario de Recitodo, Douglas Roque muestra preocupación cuando habla acerca de cómo hará para mantener funcionando este centro de acopio por el que cada día pasan decenas de personas para dejar material y llevarse algo de dinero.

El problema que tiene hoy Douglas para mantener rentable esta actividad no tiene que ver con la falta de colaboración de los recicladores de base, que ven en esta actividad un medio de vida pese a los riesgos. Tampoco tiene que ver con la cantidad de materiales disponibles ni con la conciencia sobre lo importante que es para el medio ambiente y para las finanzas de los fondos públicos la recuperación de materiales. El problema de Douglas son los permisos.

Los permisos de funcionamiento se deben renovar cada año. Douglas ha intentado varias veces que su caso sea revisado para obtener la autorización y no ha podido. «Nosotros llevamos la documentación, pero es como que ya está marcado el caso y no nos dan el permiso».

Este trámite se realiza en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). «Como no tenemos esa autorización, cuando vienen las inspecciones de la alcaldía, nos ponen multas; no nos aplican el cierre, porque tienen constancia de que estamos haciendo trámites». Douglas ha llegado a pagar multas de hasta 900 dólares.

Douglas, como representante de un centro de acopio, también fue invitado al evento en el que FUNDEMAS presentó los resultados de su programa. Desde una silla casi al fondo del salón, escuchó el discurso de Balmore Contreras como representante del Ministerio de Medio Ambiente. «No solo es una estrategia ambiental sostenible, sino también una plataforma para construir comunidades más fuertes y resilientes», dijo. Contreras cerró su discurso con estas palabras: «Creamos un futuro donde la gestión del residuo no solo es una necesidad, sino también oportunidad para prosperar juntos».

Al final del evento, Douglas buscó exponer su caso ante otros asistentes que se encuentran en la misma situación y que no saben si el próximo año podrán seguir sosteniendo la dinámica entre una institución que rechaza otorgar permisos y otra que impone multa por la falta de los mismos. «Vamos a ver cómo continuamos, porque de esto dependemos muchas familias», concluyó. Se solicitaron entrevistas con funcionarios tanto de la alcaldía capitalina como de la OPAMSS, pero hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.

Pese a que como representante del Ministerio de Medio Ambiente, Contreras dibuja con palabras un porvenir esperanzador, en la calle, los recicladores conjuran los riesgos con cuchillas y los administradores de los centros de acopio hacen malabares entre las multas y la falta de regulación clara. La opción del reciclaje como una medida urgente frente al cambio climático y como sustento para cientos de familias está en vilo en El Salvador.

*Este artículo se elaboró con el apoyo de la Fundación Gabo y Latitud R en el marco de la beca ColaborAcción sobre reciclaje inclusivo.