El 18 de junio de 2019, los youtuberos estadounidenses Jordan y Keylee publicaron un video —en su cuenta The Nomadic Movement— de su viaje por El Salvador y de las malaventuras que sufrieron después de que se les arruinó la computadora con la que editaban sus trabajos.

Unos 18 días más tarde, y con evidentes propósitos de autobombo, el presidente Nayib Bukele retomó el video y, en sus cuentas de redes sociales, pidió ayudar a contactarlos para regalarles un equipo nuevo marca Apple modelo MacBook Pro de última generación en ese entonces.

El 30 de septiembre un ciudadano pidió a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), de Casa Presidencial, la copia de las facturas de compra y envío del equipo hasta Panamá, lugar donde se habían trasladado los youtuberos.

Aparentemente, el ciudadano quería verificar el origen del dinero y los costos de ese piadoso acto. «Necesito copia de las facturas (…) de la Mac Book Pro que el presidente bachiller Nayib Bukele le regaló a los youtubers (…) el nombre del cliente debe ser completamente legible», escribió.

La UAIP consideró indecorosa la solicitud porque el peticionario se refirió al presidente como bachiller.

Sin embargo, la propia hoja de vida de Nayib Bukele detalla que este se graduó de bachiller en la Escuela Panamericana y luego estudió durante un breve tiempo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Pero nunca se graduó.

«El solicitante se refiere a la investidura del Presidente de la República, empleando vocablos que van más allá de identificar el grado académico, y los emplea de manera peyorativa, lo cual denota en sí mismo la falta de respeto al funcionario», puede leerse en la resolución UAIP 522-2019 que firmó Gabriela Gámez Aguirre, oficial de información de la Presidencia de la República. Citó, además, el literal A del artículo 74 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que establece que las solicitudes de información serán rechazadas cuando sean ofensivas o indecorosas.

Gámez Aguirre declaró inadmisible la petición «por haber empleado de manera peyorativa los términos de su solicitud, faltando al decoro al que está obligado todo peticionante».

Unos cinco días más tarde, Jordan y Keylee publicaron otro video mostrando el momento en el que recibieron el regalo en la embajada salvadoreña en Panamá.

El 13 de octubre, Bukele publicó en sus cuentas de redes sociales: «¿Ya vieron este video? Se los recomiendo. (Por cierto, la laptop la pagué con mi dinero, por si alguien del 4% pregunta)».

En el proceso 628-2019, Casa Presidencial nuevamente rechazó entregar los atestados de Bukele alegando que «el nombramiento del presidente surge producto de un proceso democrático de elecciones (…) no es un proceso de contratación laboral razón por la que no existe obligación legal para esta entidad». Después en el proceso 605-2019 la oficial de información dijo que ni la Constitución ni el Código Electoral establecen como requisitos, para asumir cargos de elección popular, la presentación de documentos de respaldo de las credenciales profesionales.

El idilio de la MacBook justifica, más que recordar que Nayib Bukele fue incapaz de terminar el pénsum de la licenciatura en ciencias jurídicas de la UCA, preguntarse asuntos de fondo: ¿cuántos de los más importantes funcionarios de la Presidencia de la República tienen la formación académica pertinente para desempeñar los cargos en los que fueron nombrados? ¿Puede comprobarse documentalmente que recibieron la educación que en sus hojas de vida aseguran tener? ¿Cómo influyen sus estudios —o sus carencias formativas— en sus ideas y métodos para administrar las instituciones públicas?

En las solicitudes de información referencias UAIP 419, 468, 555, 628, 645, 650 y 628, todas del año 2019, un ciudadano pidió las hojas de vidas, con sus respectivos atestados, del presidente, vicepresidente, de los encargados de las secretarías, comisiones y unidades establecidas en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE). En los escritos que presentó siempre advirtió a la oficial Gámez Aguirre: absténgase de declararla inexistente «ya que seguiré pidiendo esta información hasta el fin del actual quinquenio presidencial».

Los atestados, para este caso, son todos los documentos con los que se comprueba la formación académica. Si usted es ingeniero, por ejemplo, presentará su título universitario o el certificado de registro y auténtica que también está en la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación. Y, de acuerdo con las resoluciones referencia 248-A-2015, 135, 206 y 244-A-2016, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), sirven «para comprobar la cualificación técnica, profesional y personal» de los empleados y funcionarios públicos, así como también pueden utilizarse para comprobar la idoneidad de los candidatos a cargos de segundo grado, es decir, magistrados, fiscal general, procuradores, entre otros.

Este criterio lo mantuvieron vigente los comisionados hasta el 11 de agosto de 2020 cuando ordenaron la entrega de los atestados de Bukele, Ulloa y el entonces comisionado Salvador Alas. Un mes después asumieron nuevos comisionados y los criterios resolutivos cambiaron.

Una de las funciones del oficial de información, como lo establece la LAIP, es tramitar en las unidades respectivas las peticiones ciudadanas. Entonces, Gámez Aguirre, según las resoluciones, lo hizo, pero las respuestas fueron variadas: las secretarías Privada, de Innovación, Jurídica, de Comunicaciones, la Presidencia y la Vicepresidencia se negaron siquiera a producir los atestados mínimos para comprobar la experticia de sus principales funcionarios.

Es decir: hasta este día no existen pruebas documentales de la formación académica de Ernesto Castro, Vladimir Handal, Conan Castro, Sofía Medina, Nayib Bukele y Félix Ulloa.

Ernesto Castro, entonces secretario privado, respondió en el proceso UAIP 628-2019 que no estaba obligado a presentar los atestados de su formación académica y de su vida laboral porque el suyo era un cargo de confianza para que el no existió concurso público. Él, que ahora es el presidente de la Asamblea, en su hoja de vida aseguró haber cursado «estudios de administración de empresas» y «estudios de mercadeo», mientras que su historial laboral se limita a haber sido «consultor externo en varias instituciones y empresas» y secretario privado de Bukele en las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador.

En el proceso 605-2019, Medina respondió que la información era inexistente porque nunca había sido generada y que el «solicitante tiene derecho a consultar información que ya existe, pero no está habilitado para exigir al Estado que produzca o elabore información». Esto, sin embargo, es falso: los criterios resolutivos del IAIP, siguiendo el principio de máxima publicidad, establecían que si la institución es la competente debe producir los documentos solicitados lo que puede implicar, por ejemplo, crear versiones públicas si en caso está en juego información personal de los funcionarios. El caso es que la secretaria de Comunicaciones, según su hoja de vida, se graduó como licenciada en mercadeo en la Universidad Albert Einstein y su faceta profesional se ha limitado a trabajar para los Hermanos Bukele.

Vladimir Handal respondió que no tenía ningún atestado que presentar, de acuerdo con la resolución 628-2019. En su hoja de vida explica que estudió hasta cuarto año de ingeniería mecánica en la Universidad Don Bosco y que su educación media la cursó en el Colegio Bautista, de San Salvador. El secretario de Innovación, entonces, es bachiller.

La Secretaría que dirige Conan Castro se limitó a declarar inexistente las copias de los atestados. No argumentó ni intentó justificar. El funcionario se graduó en ciencias jurídicas en la UCA y, a diferencia de los más importantes funcionarios de los Hermanos Bukele, ha tenido otras experiencias laborales como asesor de la presidencia de la Corte de Cuentas. ¿En qué periodo? ¿Puede presentar pruebas documentales del desempeño de esa función? Esas preguntas quedan abiertas.

Martha Carolina Recinos de Bernal se presenta como «trabajadora social» que realizó cursos de desarrollo integral, teoría de género y equidad, finanzas públicas, descentralización y reforma del Estado, comunicación social y mercadeo político. Tampoco presentó atestados.

Pedro Víctor Dumas Santamaría, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), cuyo salario es de 11 mil dólares mensuales, cursó estudios universitarios en Al Institute, Fort. Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, aunque no especifica en qué carrera y si obtuvo el título, así como también tiene competencias en manejo de Microsoft Office y Windows 10. Él también se negó a entregar sus atestados.

En el proceso 555-2019 la Presidencia de la República se negó a entregar los atestados del vicepresidente Ulloa que habrían servido para comprobar que realizó estudios de posgrado en Francia, Estados Unidos y en la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC). En su lugar publicó en el Portal de Transparencia una hagiografía que va desde su participación en la insurgencia y en las organizaciones de defensa de los derechos humanos en las décadas de los 70 y 80 del Siglo 20, su rol en la reforma de las instituciones públicas después de la firma de los Acuerdos de Paz, sus vueltas por el mundo como consultor electoral hasta su papel en las mutaciones constitucionales impulsadas desde la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre los años 2009 hasta 2018.

Pero también hubo funcionarios que sí aceptaron entregar una parte mínima de los documentos que respaldan su formación.

José Ernesto Sanabria, secretario de Prensa, escribió en su hoja de vida que su primer y único gran trabajo, hasta antes de tener derecho a voz y voto en las secretarías del Gobierno, fue asesorar: campañas presidenciales entre los años 2000 y 2009; al entonces presidente Elías Antonio Saca entre 2004 y 2009; a la Vicepresidencia de la Asamblea Legislativa entre 2009 y 2014; a Salvador Menéndez, alcalde de San Luis Talpa, entre enero y septiembre de 2014; al entonces alcalde Nayib Bukele entre 2015 y 2018.

Hay, sin embargo, generalidades que obstaculizan ubicar con exactitud a quiénes asesoró en campañas presidenciales y en la vicepresidencia de la Asamblea, en qué consistieron esas asesorías, cuáles fueron los productos que entregó a las instituciones y otras preguntas. Y este vacío se ensancha al buscar en su hoja de vida referencias a su educación formal que son cero. Sí: cero.

Pese a este vacío, Sanabria sí entregó una copia de su único título académico que obtuvo el 24 de noviembre de 1997: bachiller industrial opción electricidad, graduado en el Instituto Salvadoreño de Superación Integral Isaac Newton.

Jorge Miguel Kattán Readi también entregó uno de sus atestados: su título de técnico en comercialización obtenido el 13 de mayo de 1980 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA. En su hoja de vida el secretario de Comercio e Inversiones se define como mercadólogo «especialista en manejos estratégicos de negocios, aplicando disciplinas administrativas, contables, creativas y de obtención de información a fin de generar estrategias que ayuden a un mejoramiento de las relaciones de empresas». Su vida profesional la ha desarrollado como administrador de las empresas familiares y de sus exsocios, así como también en la alcaldía de San Salvador cuando fungió como director de administración y de finanzas.

Aparentemente esto también ha ocurrido con otros funcionarios.

El periodista Jorge Beltrán Luna solicitó los atestados de Irma Michelle Martha Ninette Sol de Castro, pero el Ministerio de Vivienda se negó a entregárselos alegando que no era su facultad producirlos y que ella, además, había llegado al cargo por elección del presidente Bukele y no por concurso público. Lo que sí mandó al peticionario fue la hoja de vida de la ministra.

Beltrán Luna presentó recurso de apelación en el IAIP y en la resolución NUE 108-A-2020 (CE) los comisionados afines al Gobierno concluyeron que las instituciones de educación son las únicas acreditadas para extender certificados académicos, por tanto, «resulta válido alegar la inexistencia». Justificaron, además, el rompimiento con las líneas interpretativas precedentes diciendo que «fue una interpretación errónea que no consideró, exhaustivamente, un verdadero juicio de ponderación».

«De los requisitos de rango constitucional para ostentar o desempeñar dicho cargo, ninguno de ellos hace referencia a un grado académico. Por lo tanto, no es un requisito indispensable que la persona elegida cuente con determinado nivel académico», puede leerse en la página 10 de la resolución que firmaron los comisionados Ricardo Gómez Guerrero, Gerardo Guerrero, entre otros.

Entonces, de acuerdo con la escasa información oficial que existe, puede concluirse que el presidente Bukele y los funcionarios de alto rango como Sanabria, Ernesto Castro, Handal Monterrosa y Dumas Santamaría únicamente culminaron su educación media. Otros, como Kattán Readi, alcanzaron grados técnicos y el resto de su vida profesional parece basarse en la acumulación de conocimientos prácticos.