El bullicio y los estruendos de los vehículos, camiones pesados y motocicletas, se podían escuchar muy cerca de la casa de Marta Feliciano Miranda. A sus 75 años ya estaba acostumbrada a los pitidos que llegaban de uno de los tramos de la carretera Panamericana, conocida como Los Chorros, una autopista que fue construida entre las montañas de la Cordillera del Bálsamo y tres importantes distritos del departamento de La Libertad: Santa Tecla, San Juan Opico y Colón.
Miranda llegó al distrito de Colón para resguardarse de la Guerra Civil, un conflicto que duró doce años en El Salvador. Se refugió en El Mirador, una comunidad marginal ubicada a un costado de la carretera Los Chorros, en el carril que conduce de los distritos de Colón hacia Santa Tecla. Fue en esa comunidad que la mujer construyó una casa rústica de láminas, madera y ladrillos, a unos 16 metros de la autopista.
Miranda vivió 40 años en la comunidad. Allí vió crecer a sus tres hijos y convivió con sus vecinos. Pero esas décadas de convivencia comunitaria culminaron el domingo 29 de septiembre cuando la anciana tuvo que abandonar su casa luego de que el gobierno de Nayib Bukele la obligara a vender el terreno donde vivía para dar paso a la ampliación y construcción de la nueva carretera los Chorros.
Esta construcción es una de las obras insignia del presidente Bukele. El proyecto consiste en la intervención de 14 kilómetros de carretera, en donde se instalará un viaducto, que llevará por nombre Francisco Morazán, y se ampliará la calle (de seis a ocho carriles). Esta infraestructura vial se construirá desde el sector de las Delicias, en el distrito de Santa Tecla; pasando por el distrito de Colón; y finalizado en el redondel del Boulevard Claudia Lars, en el desvío del distrito de San Juan Opico.
La megaobra gubernamental dejará sin hogar a decenas de familia que, por décadas, han vivido a las orillas de la carretera Los Chorros. Asimismo, pequeños negocios que funcionan sobre la autopista cerrarán, provocando desempleo en la zona. Así lo confirman varios documentos oficiales, múltiples entrevistas con habitantes y pequeños emprendedores que denunciaron las afectaciones del proyecto.
Al menos 39 familias están preocupadas porque tendrán que dejar sus casas y terrenos en El Mirador, que, desde hace años, es su único hogar. En la comunidad hay casas de todo tipo: unas construidas de concretos, ladrillos, láminas, madera y adobe. Allí viven un aproximado de 200 familias, algunas son dueñas de los terrenos; otras que heredaron- legalmente o de palabra- las propiedades de sus padres; y otras que alquilan para vivir, según explicaron dos miembros de la junta directiva del Mirador, quienes por temor a represalias, pidieron anonimato en este reportaje.
Según registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), institución encargada de la obra, más del 65% de la población que vive en el área de influencia directa del proyecto cuenta con títulos de propiedad; mientras que, menos del 20% está alquilado para vivir; y menos del 8% de las personas están pagando a plazo por sus casas o no tienen escrituras de sus viviendas.
Desalojo, un callejón sin salida
A finales de diciembre de 2020 e inicios del 2021, empleados del consorcio Geométrica Engenharia de Projetos-Concremat Engenharia e Tecnologia, empresas contratadas por el MOPT para ejecutar el proyecto, llegaron de sorpresa a la casa de Miranda y de las demás familias a decirles que ya no podían seguir viviendo en la comunidad porque sus casas iban a ser destruidas para dar paso al proyecto del gobierno, según relataron cuatro habitantes del Mirador que fueron entrevistado por separados y que, por temor a sufrir represalias o ser capturados por el régimen de excepción, también decidieron no ser mencionados en este reportaje.
En ese momento, los empleados solicitaron a los habitantes sus datos personales y documentación de las propiedades con el fin de iniciar los procesos de valúo de los terrenos, así lo describe una carta firmada por Alexander Guardado Rodríguez, coordinador de equipo de campo del consorcio, que fue enviada el 15 de diciembre de 2020 a los afectados.
No solo las familias del Mirador fueron notificadas, sino que también habitantes de San José del Río 1, una comunidad cercana a la entrada del distrito de Colón, y otras personas que viven en diferentes tramos de la autopista.
FOTOS: Marvin Díaz. En la carretera Los Chorros se encuentran viviendas y pequeños negocios, los cuales serán afectados por la construcción y ampliación de esta autopista.
Revista Elementos entrevistó, por separado, a más de una docena de personas que llevan más de 50 años viviendo a los costados de la carretera. Muchos de ellos son empleados en empresas privadas, amas de casas, vendedores informales, desempleados y adultos de la tercera edad, como es el caso de José Antonio Vasquez Urquilla, de 69 años.
Urquilla tenía 7 años cuando sus padres compraron un terreno a menos de un kilómetro del Mirador, específicamente del carril que conduce del casco urbano del distrito de Colón al desvío del Poliedro. Fue allí que construyó su casa de ladrillos, tejas, láminas y plástico, a solo 21 metros de distancia de la carretera.
En enero de este año, Urquilla recibió la noticia de que tenía seis meses para desalojar la casa en la que vivió durante 62 años, y que compartió junto con su esposa y su hijo. Al anciano se le vino el mundo encima. «Nosotros no hallamos cómo hacer. No tenemos para dónde salir. Ese es el problema. No nos dicen nada y no nos dan una alternativa», lamentó don José.
La mayoría de afectados afirmaron que no fueron consultados si estaban de acuerdo o no con irse de sus casas o dejar la comunidad, mucho menos si querían vender sus terrenos.
«Fue una gran sorpresa cuando me dijeron que sería afectada por la carretera. Yo no quería vender porque aquí he vivido siempre. Ellos -el gobierno- dicen que si uno no agarra lo que le dan o le ofrecen, o todo o nada… Ya nos ofrecieron eso, y si uno no acepta, quiérase o no siempre tenemos que salir de aquí», lamenta una colona de 70 años de edad del Mirador, quien también solicitó reservar su nombre.
Al menos 170 viviendas, 68 terrenos, 11 linderos y una planta de bombeo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados -ANDA-, serán afectadas por el proyecto, así lo documentaron el consorcio de las empresas en su Estudio de Impacto Social general del proyecto, del 9 de mayo de 2022. El informe fue parte de la documentación que presentó el MOPT al Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE-, uno de los organismos que está financiando la obra.
Según el informe, los inmuebles están ubicados en tres tramos que intervendrá el MOPT, al lado derecho e izquierdo. En los tramos uno y dos, 29 personas quedarían sin sus viviendas y terrenos; mientras que, propiedades de seis empresas y cuatro instituciones públicas, serán afectadas por el proyecto.
Mientras tanto, en el tramo tres, el consorcio identificó «211 inmuebles, 24 de ellos pertenecen a personas jurídicas, incluyendo ocho propiedad del Estado. Las 187 parcelas restantes están en manos de 242 personas, 120 mujeres y 122 hombres».
Además, identificó siete comunidades, ubicadas a 300 metros de cada lado de la carretera, en el área de influencia directa del proyecto, entre ellas: el distrito 1 de Santa Tecla; los cantones El Manguito, Los Amates, El Chapulín, Las Moras y Lourdes, en Colón; también, los cantones del Sitio del Niño y las Delicias, en el distrito de San Juan Opico. En estas comunidades viven aproximadamente 83,652 personas, según datos de las empresas.
Las obras de terracerías ya destruyeron varios sistemas de aguas ubicados al lado derecho de la carretera, del carril que conduce al distrito de Santa Tecla, frente al Turicentro Los Chorros. Allí mismo funcionaba una tienda, que ya fue destruida, y varias viviendas. En una de ellas vive un anciano de 72 años de edad, quien, junto a ochos miembros más de su familia, serán desalojadas.
En la comunidad San José del Río 1, que no aparece en el listado del MOPT, serán desalojados 12 habitantes, entre ellos, una líder comunitaria, quien fue obligada a vender su propiedad y después de recibir el pago, el gobierno le dió un mes para dejar la casa, así lo explicó la afectada, quien también pidió anonimato en el reportaje.
«El dinero no alcanza para otra casa»
La mayoría de los afectados contaron que el MOPT se encargó de los avalúos de los inmuebles y fue quien fijó el precio de los terrenos, el cual, según las valoraciones de los habitantes, es muy bajo para comprar otra propiedad.
El 20 de mayo de 2022, el MOPT informó a Haydee Castillo, habitante del Mirador, que le pagaría $7,767.78 por su terreno de 30.0000 metros cuadrados (m2). El precio lo determinó el ministerio luego que Cecilia Gisel Navarro Rivas, perita evaluadora, realizara los avalúos del inmueble, la construcción y obras adicionales. Así está registrado en la notificación MOP-UCR-LEGAL-CEX-0282-2022, firmado por Alejandra María Hernández Servando, gerente legal del ministerio.
A Julio Cesar Alvarado Portillo, un salvadoreño residente en Estados Unidos, le pagaron $4,269.06 por una propiedad de 46.8000 m2. Así está documentado en una de las 19 actas notariales de compraventa que revisó Revista Elementos en el Centro Nacional de Registro (CNR). Dichas compras se realizaron entre julio y octubre de este año.
Al menos 10 personas recibieron entre los 4 mil y 30 mil dólares por el pago de sus propiedades. Dos habitantes, una de San José del Río y otra del Mirador, aseguraron que el gobierno les ofreció 24 mil y menos de 15 mil dólares, respectivamente. Ellas, como a la mayoría de los afectados, están esperando que el gobierno les pague por las ventas de los inmuebles, según comentaron a este medio.
Algunos de estos precios son muy inferiores a los costos de las viviendas e inmuebles que se venden en el país. Por ejemplo, en el distrito de Colón, el Ministerio de Vivienda (MIVI) está ofreciendo un terreno, de 198.00 m2, a más de $33 mil. En otros departamentos se ofertan casas y terrenos que van desde los $18 mil hasta $325 mil, así está publicado algunos inmuebles en los clasificados de un periodico nacional.
Para muchos de los habitantes de Colón es impensable comprar una vivienda de más de $30 mil dólares, sobre todo porque son empleados de oficinas, pequeños vendedores informales, obreros de fábrica, jornaleros, entre otros. Estos perciben salarios mensuales de $51 a $100; otros entre $101 a $200; y otro sector de la población ganan de $201 a más de $300, detalló el estudio del MOPT.
En 2022, la Superintendencia de Competencia detalló, en su Estudio de condiciones de competencia en la provisión de vivienda nueva en El Salvador, que los precios de las casas nuevas ronda entre $40 mil y $431 mil; mientras que, las casas usadas en San Salvador pueden costar hasta un poco más de $213 mil. Si una persona quiere comprar viviendas de este tipo, debe tener ingresos entre los $580 y $1,500, señaló el informe.
Otros siete habitantes de Colón recibieron pagos de más de $30 mil y menos de $60 mil. Solamente a Carlos Antonio Gonzalez, un comerciante, obtuvo un ingreso de $95,494.64 por su propiedad de 865.0000 m2, describen una de las actas.
Sin embargo, otros afectados, que alquilan o no son dueños de las propiedades, comentaron que el gobierno no les da alternativas viables para solventar los desalojos. Incluso, a una de las habitantes del Mirador la amenazaron con expropiar el terreno donde reside actualmente.
Sin respuesta para el Mirador
Entre abril de 2021 y enero de 2022, la junta directiva del Mirador envió seis cartas al ministro del MOPT, Edgar Romeo Rodriguez Herrera; a la titular Michelle Sol de Castro, del MIVI; y al presidente, Nayib Bukele. Este medio obtuvo acceso a todos los documentos, los cuales cuentan con firmas de recibido de las instituciones en mención.
En la carta del 21 de abril de 2021, la junta directiva expuso su preocupación por la ejecución del proyecto y la afectación que traería a las 39 familias de la comunidad. En el escrito aclararon que no se oponían a la obra, pero que la mayoría de los afectados no estaba de acuerdo que se le pagara por las propiedades porque no querían desalojar la zona.
Ante las amenazas de los desalojos, los directivos escribieron dos cartas a Michelle Sol de Castro, del MIVI, en donde le solicitaron la reubicación de los afectados en uno de los terrenos cercanos a la comunidad, así lo explicaron en el escrito del 15 de julio del 2021. Seis meses después de haber enviado el escrito, es decir, el 26 de enero de 2022, la titular de ese ministerio recibió una segunda carta en donde la comunidad expresó su indignación por la falta de respuesta.
«Aunque el proyecto lleva dos años en etapa de diseño y planificación, la comunidad aún no tiene claro su futuro en lo referente a la reubicación de las familias afectadas. En las pocas reuniones que se ha tenido con los delegados, ninguno brindó detalle sobre una solución a las familias», se lee en el escrito.
Asimismo, la comunidad acudió a Bukele para buscar una solución a la problemática. En la carta, del 28 de octubre de 2021, pidieron al mandatario una reubicación para los afectados. Ninguno de los escritos tuvo respuesta, comentó uno de los miembros de la junta directiva.
Revista Elementos solicitó una entrevista con Michelle Sol de Castro para saber por qué no respondió a las cartas de la junta directiva y si el ministerio tenía planes o alternativas para las personas que no contaban con escritura de la propiedad. Al cierre de este reportaje, la gerente de comunicaciones del MIVI, Gabriela Sosa, ni el área de comunicaciones del Fondo Social para la Vivienda, respondieron a la petición.
Asimismo, se pidió una entrevista con representantes de las empresas; sin embargo, no respondieron al cierre de esta nota.
El martes 23 de enero de 2024, se le preguntó a Romeo Herrera, ministro del MOPT, sobre las alternativas que estaba ofreciendo el ministerio para los desalojados. El funcionario no se refirió concretamente a las familias de Los Chorros, sino que mencionó otros casos de desalojos por la construcción de otras carreteras. Aseguró que a las personas afectadas se les pagó por las propiedades y que algunas fueron reubicadas en nuevas zonas habitacionales.
Sin embargo, la explicación del ministro está alejada de la realidad de la comunidad. En una de sus cartas, la junta directiva explicó que el exdirector de Gestión Social del MOPT, Efraín Guatemala, no les mantuvo informados sobre las alternativas. «Nos mintió», se lee. El miércoles 7 de abril de 2021, Sonia de Beltrán, delegada de Josue Rodriguez, director de gestión social, se reunió con habitantes del Mirador para decirles que el MOPT no tenía competencia en los desplazamientos, sino que el problema sería resuelto por el MIVI, detalla el escrito.
Desempleo y cierre de negocios
No solo familias serán desplazadas de sus hogares, sino que también, pequeños negocios cerraran por la ejecución de la obra. En las tres áreas de influencia directa del proyecto, el consorcio identificó 199 negocios, entre ellos pequeñas tiendas de venta de artículos de primera necesidad, talleres de vehículos, ferreterías, comedores, salas de belleza, industrias, entre otros.
Más de la mitad de estos negocios, es decir, el 59%, son tiendas y comedores de emprendedores locales, el 20% son talleres de vehículos y llanteras y el 19.89% son industrias dedicadas a la textilería y productos para la construcción, señala el estudio del consorcio.
Revista Elementos visitó seis negocios del casco urbano de Colón. Tres son tiendas que están ubicadas en las viviendas de la comunidad San José del Río 1, es decir, de las personas que serán desalojadas; otro es un taller de vehículos, un establecimiento de venta de recipientes de plástico y un molino.
Julia Murcia, una anciana que lleva 38 años viviendo en San José del Río 1, instaló su tienda desde hace 20 años. Esta ha sido su fuente de trabajo e ingresos económicos para su familia. Así como ella, otras dos mujeres, quienes pidieron anonimato, emprendieron sus pequeños negocios, una en el 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, y otra desde hace siete años. Una de ella comentó a este medio que al mes obtiene ingresos de $50 dólares por la venta de helados.
Otro de los afectados tiene, desde hace 38 años, un negocio de venta de gas y servicio de molinos. Según comentó, el gobierno le ha dado hasta el mes de diciembre para abandonar su casa, lugar donde funciona su pequeño emprendimiento.
Un taller de enderezado y pintura de vehículos también cerrará, dijo su propietario. Explicó que desde hace cuatro años está alquilando el terreno donde funciona el taller. En este trabajan tres personas, quienes perderán sus empleos por la construcción de la obra. Agregó, además, que el MOPT no le ha propuesto una alternativa para reubicarse.
Otro de los negocios afectados es una venta de recipientes de plástico que funciona desde el año 2002. Su propietario, Miguel Tomas, explicó que desde esa fecha alquila cuatro inmuebles para hacer funcionar su emprendimiento, que a su vez, es el lugar donde vive con su familia.
Tomas está preocupado porque perderá su negocio, del cual dependen cinco trabajadores más. Los ingresos que obtiene por la venta de los recipientes varían entre $200 a $800 semanales. Así como en los otros casos, el Ministerio no le ha brindado una alternativa viable para reubicar el negocio, dijo.
Los desalojos, la política no oficial de Bukele
El desplazamiento de comunidades parece ser la política oficial del presidente Bukele. Desde su llegada al poder en 2019, el gobierno ha ejecutado grandes proyectos que terminan desalojando y despojando de sus territorios a cientos de personas pobres y en condición de vulnerabilidad.
Al menos 98 familias fueron obligadas a donar sus terrenos a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para construir la carretera entre las playas el Cuco (San Miguel) y Punta Mango (Usulután). En la Unión, 70 familias de tres comunidades fueron despojadas de sus casas y terrenos, por la construcción del Aeropuerto del Pacífico; en la Libertad, 125 familias serán desplazadas por las construcciones de dos parques públicos: Mizata y Bitcoin Beach Club de Playa, del proyecto Surf City; y en el occidente del país se ejecutará el proyecto el Tren del Pacífico, que amenaza a cientos de familias que viven cerca de la línea férrea. Así está documentado en el informe “Derechos humanos, poderes de emergencia y violencia estatal en la región norte de Centroamérica, junio 2021 - mayo 2023”, de la organización Cristosal, y reportajes periodísticos de Revista Factum y Mala Yerba.
Algunos de estos proyectos cuentan con sus propias leyes, creadas por el gobierno y aprobadas por diputados del oficialismo, que agilizan los desalojos y el despojo de tierras.
En noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa, dominada por diputados del presidente Bukele, aprobó la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales. La normativa legaliza la expropiación de inmuebles privados que se «consideren de interés público», siempre y cuando exista una declaración de utilidad pública, de interés social y haya una indemnización justa.
Los proceso de expropiación, según estableció el gobierno en la ley, son conocidos por un juez en materia civil, quien, amparándose al Código Procesal Civil y Mercantil, podrá admitir la solicitud de expropiación de la DOM y determinar el valor del pago y sus condiciones.
Asimismo, los diputados aprobaron, el 26 de abril de 2022, dos normativas de simplificación de trámites, construcción y operación de los proyectos tren y aeropuerto del Pacífico. Ambas declaran de «utilidad pública» los inmuebles, obras y edificaciones que se encuentren en el área de construcción de los proyectos. También, obliga a los propietarios o poseedores a vender, de forma obligada, las casas y terrenos. Según las leyes, el gobierno podrá hacer uso de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando no se logré un acuerdo de adquisición con los dueños de los inmuebles.
La creación de leyes para expropiar no es nueva en El Salvador. Teresa Hernández, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), explicó que gobiernos anteriores también establecieron normativas con el fin de despojar a propietarios y poseedores de inmuebles, violando el derecho a la vivienda adecuada, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas, y del cual El Salvador es parte.
«Si decimos, una ley que te quita la vivienda, te pone un costo límite, hace el procedimiento, no se puede apelar en otros tribunales y solamente te hace aceptar, definitivamente no hay una protección y esto es un ataque al derecho a la vivienda adecuada», señaló Hernández.
Una de las normativas más «nefastas», según FESPAD, es la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, conocida como Decreto N° 23-2009, creada en el gobierno del expresidente Elias Antonio Saca, quien cumple una condena de 10 años de cárcel por casos de corrupción, y aprobada por diputados de Arena, PDC y PCN, en mayo de 2009.
La ley fue creada para recuperar viviendas invadidas por las pandillas en los barrios y colonias, sin el consentimiento de sus legítimos propietarios o poseedores. Sin embargo, en los últimos años, esta normativa ha sido utilizada para desalojar a comunidades que han vivido durante décadas en terrenos privados o del Estado, asegura FESPAD.
Bajo esta ley se han abierto varios procesos de desalojos. El Órgano Judicial registró, entre 2017 y 2019, un incremento de 279 a 390 casos. En 2020, es decir, durante la pandemia por Covid.19, disminuyó a 288. Sin embargo, esta cifra aumentó a 430, en 2021, durante el mandato del presidente Bukele. Así lo documentó FESPAD en su estudio Desalojos Forzosos en El Salvador: un flagelo multidimensional, presentado en noviembre de 2023.
Estos procesos aumentaron a 487, en 2024, según comentó Hernández. Agregó que en la mayoría de los procesos judiciales terminan declarando los desalojos en un lapso de 12 días. «Pueden sacar a las personas aunque tengan 10, 15 o 20 años viviendo en el lugar, así lo establece la ley, es un procedimiento ágil y expedito», apuntó.
Desde que entró en vigencia el Decreto N° 23-2009, FESPAD y la organización Movitierra El Salvador han exigido la derogación de la ley, dijo Hernández.
El panorama no es muy alentador. Según la experta, la ley de expropiación de Bukele traerá más desplazamiento de comunidades, esto dependiendo del tipo de proyecto que el gobierno quiera ejecutar.
A diciembre de 2021, la Unidad de Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio del MIVI había registrado 92 asentamientos irregulares en todo el país. 55 de estos se encuentran en el área de San Salvador, 18 en la Libertad y 5 en los departamentos de Morazán y Sonsonate.
MOPT reserva información de los Chorros
El MOPT decidió reservar la información de licitación, adjudicación y los contratos que firmó con las empresas coreanas, Dongbu Corp y Dohwa Engineering, que ejecutan el proyecto. Durante tres años, es decir, hasta 2027, los salvadoreños no podrán conocer los detalles de esta obra, según consta en la respuesta que envió la oficina de acceso a la información de esta institución a Elementos.
En enero de 2024, fueron solicitados los contratos firmados entre el MOPT y las empresas seleccionadas para la supervisión, construcción y ampliación de la carretera Los Chorros; también, el listado de las que participaron en el proceso de licitación con sus respectivas ofertas económicas y bases técnicas. En respuesta, la Dirección de Planificación y la Unidad de Compras Públicas, dijeron que la información no podía entregarse porque se encontraba en reserva desde el 5 de enero de este año, es decir, cinco días antes de haberlos pedido, siguiendo los mecanismos establecidos en la todavía vigente Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
A pesar de que el ministerio ha reservado la información a los salvadoreños, el ministro Herrera insistió en que el proceso de licitación, adjudicación y el contrato fue transparente y abierto a la prensa. La única información pública que se conoce del proyecto es la que comparte el ministerio en sus redes sociales y en las de los medios de comunicación oficialistas.
Esta investigación fue producida gracias al apoyo del Programa de Becas de la Asociación de Periodistas de El Salvador.
