Llegamos pasadas las dos de la tarde a presentar algunas solicitudes de información, y con lo primero que nos topamos en la entrada fue con una de las células de la seguridad militarizada de la que, en la omnipresente propaganda, es conocida como la «nueva Asamblea Legislativa», célula que en ese momento estaba compuesta por seis miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres elementos de la seguridad institucional.

Detuvieron el vehículo en el que viajábamos. Nos pidieron abrir el baúl. Preguntaron dónde íbamos. Nos identificamos con los carnets y respondimos. Atrás otro policía inspeccionaba insistentemente con un espejo ovalado entre los recovecos automotrices, quizá buscando una bomba o cualquier otro artefacto terrorista, como en una escena que nos recordó los delirantes miedos de las fuerzas de ocupación occidentales en los dominios mahometanos.

El policía nos pidió nuestros carnets de periodistas —autorizados y distribuidos por la Unidad de Prensa de la institución de la que él mismo era guardián obstinado— y los fotografió con su teléfono móvil. Nos preguntó a qué íbamos. Respondimos, sin mayores detalles, que a presentar unas solicitudes de información. ¿Qué información?, cuestionó rápidamente. Nos limitamos a contestar que eran varias solicitudes.

Se acercó uno de los vigilantes de la seguridad institucional que nos ordenó estacionar en la orilla de la 17 Avenida Norte. Otra vez nos pidió las identificaciones y se las llevó a la caseta de control. Regresó para decirnos que no podíamos entrar porque para nosotros no había parqueo.

Me bajé para caminar a la Unidad de Acceso a la Información (UAIP) donde me encontré con otro de los agentes de la seguridad institucional que, como lo acababan de hacer sus compañeros, también exigió el carnet. Preguntó si no tenía otro más pequeño, como si el tamaño importara o no fuera el autorizado por sus superiores. Me hizo pasar al parqueo y me pidió esperar mientras él se fue pasillo adentro.

Unos momentos después regresó con Arturo Ernesto Mossi Henríquez, oficial de información, quien, de manera poco amistosa, quiso explicarme que en el portal de transparencia de la Asamblea podía hacer el trámite sin mayores dificultades. Le respondí que precisamente estaba presentando las solicitudes de forma física porque en la web ni siquiera me notificaban de recibidas. Queríamos, al menos, que existiera una firma o un sello de recibido que dejara expuesta su desidia laboral.

Mossi, exoficial de Información de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y exprecandidato a diputado en las elecciones internas de Nuevas Ideas, permitió que pasara a presentar las solicitudes —como si se tratara de un favor infinitamente bondadoso. Pero eso sí: debía dejar en la entrada las pertenencias con las que llegué, incluyendo el teléfono celular.

Sí: incluyendo el teléfono. Como si estuviera entrando a una cárcel.

Pero me negué. Hasta ahora nadie ha matado con un teléfono y, además, estaba intentado entrar a una oficina que todavía es pública.

La tensión se quintuplicó.

El empleado de seguridad institucional intervino diciendo que podía entrar con mis pertenencias, pero eso sí: con el teléfono apagado.

Eso también era inaceptable. Me negué a apagarlo.

Después de más alegatos decidí que era más importante presentar las solicitudes de información que pasar 40 años discutiendo. Lo apagué y finalmente entré.

En tiempos normales habría sido inaceptable esa espantosa odisea. Pero precisamente normales no son estos tiempos.

Tierra sin ley (de acceso a la información)

Los artículos 10 al 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establecen los tipos de información: oficiosa, reservada y confidencial. La primera es definida como toda la que las instituciones públicas deben difundir sin necesidad de una solicitud ciudadana directa. Es decir: es trabajo del oficial de información gestionarla y publicarla en el portal institucional.

El artículo 10 contiene 24 numerales que aplican para todas las instituciones en general, aunque existen excepciones relacionadas con la naturaleza del trabajo de cada una. La Asamblea, por ejemplo, no puede publicar resoluciones ejecutoriadas porque su función no es jurisdiccional; pero la Corte de Cuentas de la República (CCR) sí.

Revista Elementos revisó cuánto la Asamblea está cumpliendo con su obligación de aplicar la LAIP, enfocándose principalmente en la publicación obligatoria de la información oficiosa y presentando solicitudes específicas de información. Los hallazgos confirman el patrón que corrosivamente se extiende desde Casa Presidencial a cada una de las esquinas del Estado: la legislatura 2021-2024, completamente controlada por Nuevas Ideas y con Ernesto Alfredo Castro Aldana como presidente, oculta parcial o completamente las licitaciones públicas y sus procesos, así como también las lujosas remodelaciones de algunas áreas, tanto en el Salón Azul como en el edificio administrativo y en las oficinas de los diputados oficialistas; nos ha sido vedado acceder a los detalles de la ejecución presupuestaria, aunque sí nos es permitido pedir datos generales y superficiales de los que muy poco puede extraerse; es imposible tener los atestados que deben respaldar las hojas de vida de los diputados y las jefaturas, es más, ni siquiera sus correos electrónicos institucionales; existen indicios de que los números oficiales de las contrataciones de empleados son engañosos y que la cantidad real es volátil como consecuencia de los frecuentes despidos y nuevas contrataciones —a veces hasta trimestrales— en áreas como seguridad y comunicaciones.

«Es un retroceso grande porque esta Asamblea Legislativa sí tiene un índice de información reservada y las anteriores asambleas, por la presión ciudadana, no lo tenían», comentó Claudia Ortiz, diputada de VAMOS.

«No hay auditoría a lo que el oficialismo se está gastando porque han reservado la información», señaló Rosy Romero, diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

«Toda posibilidad de que se consulte cómo se están administrando los fondos de esta Asamblea está cerrada», dijo Jaime Guevara, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El secretismo es tal que aseguraron que ni a ellos, que fueron elegidos diputados en las elecciones 2021 y por ley también son autoridades, les responden cuando han solicitado información administrativa o de los proyectos de ley.

En arca abierta de par en par

Fueron varios miles de dólares los que la administración de Ernesto Castro y Nuevas Ideas gastó el año pasado comprando una variada cantidad de productos y servicios, por mencionar algunos, galletas, llantas, café, plumones, servicios de taxis, consultorías informáticas, sistemas de cámaras de videovigilancia, entre otros.

He aquí algunos de los contratos del año pasado publicados en el portal de transparencia institucional. De todos se desconoce cómo fue el proceso licitatorio que terminó en la adjudicación, no obstante, debería ser de acceso público: Megafoods de El Salvador vendió a la Asamblea 4 mil 500 galletas más 4 mil 500 rollos de papel toalla por18 mil 346 dólares; a Centro de Servicio Doño le compró 76 llantas por 9 mil 68 dólares; el mantenimiento de los vehículos institucionales, encargado a Servicio Automotriz España, costó 192 mil dólares.

Esta última, que ofrece mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, también es proveedora de servicios de los ministerios de Desarrollo Local, Trabajo y Relaciones Exteriores; Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados, Presidencia de la República, Fiscalía General (FGR), Universidad de El Salvador, ANDA e INJUVE, según sus balances financieros que presentó al registro de comercio.

Con Diario El Salvador fue firmado un contrato por 7 mil 282 dólares para el suministro de 100 ejemplares cada día, incluyendo los asuetos.

Inversiones del Café Zarco (IDECAFEZ) vendió 9 mil 878 dólares en café, leche, te, plumones, tazas y otros productos a la institución. En el gobierno de la empresa, inscrito el 20 de agosto de 2021, están Daniel Ernesto Aguilar Zarco y Haydee del Carmen Zarco, como puede verificarse en las actas inscritas en el CNR.

A mediados de junio de 2020 IDECAFEZ vendió al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 1 millón 598 mil dólares en canastas alimenticias. Esta es una de las empresas de la familia Aguilar, de la que también es propietario Jorge Alejandro Aguilar Zarco, conocido como Koky Aguilar, expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), quien fue destituido de ese cargo después de que Salud con Lupa publicó que otra empresa de su propiedad, INSEMA, vendió 250 mil dólares en máscaras protectoras al Ministerio de Salud.

Business Marketing RO vendió a la Asamblea cortinas para ventanas que supuestamente fueron instaladas en las oficinas de toda la institución. El costo: 13 mil 797 dólares. Esta empresa fue fundada el 26 de mayo de 2015 por Roxana Patricia Peñate González y Obdulio Pérez Gómez, según el acta de constitución de la sociedad inscrito en el CNR.

Pérez Gómez fue tanto representante legal como miembro de las juntas directivas de algunas de las empresas de Alba Petróleos, el consorcio de negocios principalmente administrado por el exviceministro José Luis Merino —y sus adláteres, muchos ahora parte del séquito del presidente Nayib Bukele— que fagocitó dinero de gobierno de Venezuela y de alcaldías salvadoreñas que en las dos décadas pasadas fueron administradas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

De acuerdo con dos investigaciones periodísticas, Pérez Gómez participó en la junta de administración de Guazapa S.A. y de Atlantic Pacific Logistic, ambas fundadas en Panamá. En los años 2014 y 2017 se presentó, tanto al Centro Nacional de Registros (CNR) como a la Superintendencia de Competencia, en calidad de representante legal de la Distribuidora de Productos de Petróleos de El Salvador (DISPROEL).

Todas esas compras fueron el año pasado. En 2023 el secretismo terminó de afianzarse. Ahora ni siquiera pueden conocerse los nombres de las personas naturales y jurídicas a las que la Asamblea le adjudicó licitaciones públicas.

El 17 de julio la UAIP, en la resolución de prevención AL-7899-2023, señaló que se necesita el «consentimiento» de los empresarios que ganan dinero del Estado. «Los nombres de las personas solicitadas no constituye información pública», puede leerse.

«No es dinero de ningún funcionario, ningún político, por tanto, no es lógico que escondan esa información», criticó Guevara, del FMLN.

«Eso responde a una línea en general del partido de gobierno de todo lo que está relacionado con las compras públicas dejarlo en la opacidad», recordó Ortiz.

«Ellos solo dan la información que quieren», dijo Francisco Lira, diputado de ARENA.

Los secretos de dos lujosos salones

En el inventario de bienes de la Asamblea, actualizado el 12 de julio de 2023, están registradas aproximadamente 144 propiedades de distintos tipos, desde plantas eléctricas, softwares, sistemas de generación de energía, obras de arte, aires acondicionados, equipos de transmisión y los vehículos.

La institución es dueña de 54 vehículos: camiones pesados, microbuses, sedanes, camionetas y picaps. La mayoría son responsabilidad del Departamento de Transporte, de las oficinas departamentales, de la Unidad de Seguridad, a la Gerencia de Operaciones Legislativas y otros fueron asignados a los grupos parlamentarios directamente o a los asesores del presidente de ese órgano estatal. Pero ninguno aparece oficialmente registrado, al menos en el inventario, a la fracción de Nuevas Ideas. Tampoco, de acuerdo con la resolución 7591-2022, reciben asignación mensual de combustible. Sin embargo, El Faro.net publicó que los diputados del partido oficial sí tienen acceso a doce vehículos institucionales y a combustible. El presidente Castro, por ejemplo, dispone de la camioneta Hyundai placas P951-603 que, en las horas de las sesiones plenarias, permanece parqueada en el espacio a él asignado.

Los diputados también inventariaron las remodelaciones y las nuevas construcciones. Pero eso sí: las que realizaron las administraciones previas al partido de Nayib Bukele.

La construcción de las oficinas ubicadas en el conocido como Expalo de Hule costó 485 mil 784 dólares y las remodelaciones de los salones Cuscatlán, Adentro Cojutepeque y Suchitoto fueron valuadas en 371 mil 139 dólares. Todas fueron realizadas entre las presidencias de Norman Quijano y Mario Ponce.

El año pasado los diputados, con Castro y el diputado Christian Guevara a la cabeza, inauguraron las remodelaciones de los salones Prudencia Ayala y El Salvador, ubicado en el Salón Azul, espacio al que antes tenían acceso los periodistas, pero que ahora es de uso exclusivo de los asesores y los legisladores.

Esas remodelaciones, sin embargo, fueron omitidas del inventario. Solicitamos las bases de la licitación para el diseño y la reconstrucción, los nombres de las empresas que compraron y descargaron las bases de la licitación, los nombres de las empresas que presentaron ofertas y los montos, las copias de los informes técnicos de evaluación de los competidores y, finalmente, la copia del contrato firmado con la empresa ganadora de la competencia.

La resolución, referencia UIAP-AL-7631-2022, es simple: el enlace comprasal.gob.sv/comprasalweb Al entrar en la dirección no hay referencia a nada que pueda parecerse a una respuesta a lo peticionado. Sin embargo, en la parte resolutiva puede leerse: «Téngase por cumplido el derecho amparado en la LAIP».

Pero, según el presidente de la Asamblea, esa información es pública. O al menos eso fue lo que respondió cuando le preguntamos.

- ¿Por qué no están en el inventario de bienes las remodelaciones de los salones El Salvador y Prudencia Ayala?

Sí, están incluidas. De hecho, ahora estamos también en inventarios. Y de hecho esas remodelaciones son gracias a que ahora ya tenemos dinero porque antes se lo robaban en esta Asamblea. Y ahora podemos tener para remodelar esos salones. ¿Te acordas que antes estaban todos viejos?

- Disculpe. Yo he estado revisando el inventario y no están.

Ah, ok. Pero fíjate que nosotros pensamos que sí.

- ¿Puede facilitar una copia?

Con gusto.

- Vía LAIP ya no se puede solicitar porque no responden nada.

Claro. Con gusto.

- ¿Cuánto costaron y quién las hizo?

Ahí te las vamos a pasar.

- ¿Cómo puedo tener certeza de que la entregarán?

Confiá que te las vamos a pasar.

La importancia de un presupuesto superficial

En el portal de transparencia son dos los documentos publicados sobre el presupuesto. El primero, en líneas generales y gruesas, describe las unidades y los cifrados presupuestarios, luego pasa a las líneas de trabajo y finalmente los destinos económicos, todo contenido en el presupuesto de la Asamblea del año que transcurre. Por ejemplo: con dinero del fondo general la Gerencia de Comunicaciones prevé pagar 3 millones 637 mil dólares en remuneraciones y gastar 568 mil 550 dólares en bienes y servicios totalizando 4 millones 205 mil 555 dólares; o la Administración Financiera Institucional que, entre remuneraciones, compra de bienes y servicios y gastos financieros invertirá 9 millones 108 mil 440 dólares; o la inversión en activos fijos programadas por 1 millón de dólares.

¿Qué significa? La información que puede extraerse es limitada.

Para aproximarse con más certeza a los gastos programados y ejecutados, hasta antes de 2021, solíamos solicitar y recibir la información hasta nivel detalle objeto específico, es decir, desglosada como lo establece el Manual de Clasificación del Ministerio de Hacienda: desde elemento, rubro, cuenta, subcuenta y objeto específico lo que permitía conocer con más precisión cómo estaba siendo administrado el dinero del Estado.

Por ejemplo: con la resolución 100/2020 de la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad recibimos desglosado hasta cinco dígitos el código 54 lo que nos permitió saber que seguía vigente y funcionando el concepto gastos reservados con un monto de 192 mil dólares, no obstante, el presidente Nayib Bukele había asegurado que las partidas presupuestarias opacas iban a desaparecer.

Pero ahora eso no puede conocerse. Ni en la Asamblea Legislativa ni en el Órgano Ejecutivo.

Solicitamos, al menos en tres ocasiones, los presupuestos ejecutados de la Asamblea, hasta nivel detalle objeto específico de los años 2021, 2022 hasta la actualidad, como lo habíamos hecho en los últimos ocho años. Pero ahora ni siquiera existe una justificación para no entregarlos, como la LAIP manda hacerlo y como ya había quedado establecido.

Romel Rodríguez afirmó que la información publicada en el portal de transparencia de la Asamblea puede considerarse un cumplimiento de la LAIP. Aclaró, sin embargo, que la costumbre ya establecida era que podía solicitarse y recibirse hasta objeto específico.

«El parámetro es lo que ya pasó, por tanto, debe mantenerse la regla: cinco dígitos hasta recibir los catálogos más finos», señaló.

Recordó, asimismo, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la sentencia 1-2017/25-2017 estableció que, para que el presupuesto responda a los mandatos de la Constitución, debe haber «transparencia y rendición de cuentas» por lo que es necesario que esté disponible «información (…) para evaluar la asignación y ejercicio de los recursos».

Pero para cumplir las sentencias de las instancias judiciales, Nuevas Ideas también parece ser muy selectiva.

Doctorados en física de partículas

Excepto el de Ernesto Castro, en el portal de transparencia fueron publicados versiones simples de los currículos de todos los diputados propietarios. Esos documentos contienen una fotografía del funcionario y el departamento por el que fue elegido, el número de conmutador 2281-9000 y el genérico correo electrónico @transparencia@asamblea.gob.sv que se repite para todos los funcionarios, las credenciales académicas y los cursos, diplomados y talleres en los que ha participado, así como también la trayectoria profesional.

Eso, sin embargo, es insuficiente. De acuerdo con las resoluciones 248-A-2015, 135, 206 y 244-A-2016, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), todos los ciudadanos pueden pedir los atestados para comprobar la veracidad de las hojas de vida de los empleados y los funcionarios. Siguiendo esta ruta el 31 de julio los solicitamos a la UAIP para los casos de los diputados Ana Magdalena Figueroa, Walter David Coto Ayala, Walter Amílcar Alemán Hernández y Rodrigo Javier Ayala Claros.

La respuesta, contenida en la resolución UAIP-AL-7917-2023, se limita a cuatro enlaces que direccionan a las hojas de vida simples que ya pueden encontrarse en línea. En la parte resolutiva puede leerse: «téngase por cumplido el derecho amparado en la LAIP».

También falta la hoja de vida de Aída Ramírez, suplente del diputado propietario Edgardo Antonio Meléndez Mulato.

La diputada Helen Morena Jovel de Tovar es clasificada como «propietaria por llamamiento», una figura inexistente en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL). Ella fue elegida suplente por San Vicente junto a Roxana del Carmen Hernández y Marlon Henríquez Lozano y las jefaturas de Nuevas Ideas la designaron, el 3 de noviembre de 2021, como sustituta durante cinco meses de Gerardo Balmore Aguilar Soriano. Ese día también fue designado en la misma tarea José Pío Amaya Iraheta para el caso de José Ilofio García Torres.

El gran secreto susurrado

En el portal de transparencia fueron publicados dos documentos generales sobre la estructura orgánica. El primero muestra un organigrama simple con el pleno como la máxima autoridad seguido por la junta directiva. Inmediatamente abajo están cinco unidades y la Dirección de Protocolo y Relaciones Internacionales. Después siguen las gerencias con sus respectivas subgerencias y departamentos: Operaciones Legislativas, Administración y Finanzas, Recursos Humanos y Comunicaciones.

El segundo contiene una general clasificación de plazas, tanto por contratos como por ley de salarios, con montos y categorías amplias. Por ejemplo, hay trece «empleados ejecutivos» cuyos emolumentos costarán al Estado casi medio millón de dólares; o 778 «técnicos» que devengarán 13 millones 544 mil 950 dólares; o 385 «personal de servicio» por 4 millones 98 mil 625 dólares. Todo esto en el año que transcurre.

¿Estas generalidades pueden considerarse la respuesta que la LAIP exige? Según Romel Rodríguez, coordinador del Área de Macroeconomía de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), la respuesta es que no. «Eso no es un organigrama (…) veo una lógica muy privada», dijo. Agregó que para cumplir debe explicar las competencias y las facultades de cada unidad administrativa, así como también detallar la cantidad y los salarios de cada uno de los empleados contratados en cada una de las áreas lo que no puede considerarse, de acuerdo con su experiencia, información confidencial.

«Es una institución pública y, como tal, quienes están ahí son funcionarios electos financiados con recursos públicos», recordó.

En su marco normativo la Asamblea ha publicado una serie de manuales de funciones de la mayoría de sus unidades, pero no contienen más información, ni siquiera cuántos empleados hay en cada área.

Solicitamos directamente esa información y la respuesta fue que la administración de Ernesto Castro y Nuevas Ideas estaba inmersa en una serie de «procesos de reordenamiento y reestructuración» impidiendo «determinar un dato cierto». Eso, además, estaba «bajo supervisión y análisis» de unidades e instituciones cuyos nombres no fueron especificados.

«Esta información no se encuentra completa y no existe garantía del tiempo en que pueda volver a estar en poder de dicha Gerencia (Recursos Humanos», puede leerse en la resolución en poder de Revista Elementos.

Parece, más bien, que no existirán estadísticas fiables en mucho tiempo.

El diputado Guevara aseguró que la prueba de una aparente alta rotación de personal es que cada semana encuentra a nuevos porteros en las entradas de la Asamblea y que, según él, cuando ha llegado entre las cinco y las seis de la mañana se encuentra con personas que marcan la entrada y en el resto del día no vuelve a verlas en ninguna de las comisiones ni en las áreas habituales de trabajo.

«Si usted pregunta a los grupos parlamentarios cuánto es el personal que tienen, cada uno le puede decir, pero a ciencia cierta cuántos son los de la Asamblea no se tiene certeza», expresó.

Dos fuentes consultadas, que pidieron mantener sus nombres en reserva por temor a ser despedidas, aseguraron que una parte de los empleados de comunicaciones contratados y pagados por la Asamblea, en realidad se encargan de crear y divulgar contenidos exclusivamente para la estrategia de comunicaciones de Nuevas Ideas que en el centro tiene divinizar la imagen del presidente Nayib Bukele.

Es decir: su labor, más que institucional, es propagandística alimentando la red de cuentas en redes sociales y las notas de los pseudo medios de comunicación que sirven a los intereses de la familia presidencial.

Romero, diputada de ARENA, recordó que la Asamblea tiene asignados más de 56 millones de dólares en su presupuesto, pero después de los despidos masivos registrados este año —continuación de los registrados desde la llegada de Nuevas Ideas— nunca hubo reportes de ahorro como tampoco pagaron las indemnizaciones a una parte de los despedidos.

También ejemplificó con los empleados de la Gerencia de Comunicaciones: son tantos que, según ha observado, solo en las celebraciones de las sesiones plenarias están asignados diez camarógrafos para grabar y transmitir las intervenciones de los miembros de la junta directiva, en particular del presidente de la Asamblea. Y a eso deben sumarse quienes desempeñan funciones intermedias, como Carlos Alberto Cea Valladares, exempleado de la agencia de publicidad de los Hermanos Bukele y de TVX, que nominalmente es el gerente de Comunicaciones; o el experiodista José Gabriel García Solís.

«Recuerde que ellos han focalizado su trabajo en puro mercadeo, redes sociales y comunicaciones. Ahí es dónde están apostando más dinero», dijo.

El presidente Castro, el 17 de agosto, ordenó a todos los empleados legislativos presentar sus antecedentes policiales y penales. Un día antes de vencer el plazo pedimos a la PNC y a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) las estadísticas de las emisiones de las constancias de antecedentes de 2023. La respuesta, sin embargo, es que es información reservada por siete años.

Con los empleados a cargo del coronel Donar Manfredo Guzmán Carballo existe una mezcla, según las fuentes consultadas: alta rotación y una dosis excesiva de psicosis ya que en general los empleados ya no pueden salir caminando hacia los parqueos, como antes del 1 de mayo de 2021 podían hacerlo, únicamente pueden por caminos establecidos lleno de cámaras de seguridad, la marcación ahora es biométrica, nadie puede acercarse al área de ascensores cuando Ernesto Castro está cerca y los guardaespaldas de Suecy Callejas nunca la dejan sola, excepto cuando está en su curul en el Salón Azul.

El 2 de junio de 2023 la Asamblea registró en su inventario de bienes la compra de un sistema de videovigilancia de 89 cámaras, cuatro televisores de 65 pulgadas, tres servidores y otros a un costo de 235 mil 175 dólares. Se desconoce el nombre de la empresa proveedora de estos productos porque ni está publicado ni está permitido acceder utilizando los mecanismos establecidos en la LAIP.

(Este artículo tuvo la colaboración de Luis Canizalez y Maité Portillo)