



Por Jessica Ávalos
"Lo que hice fue reunirme con los representantes de las agencias de publicidad ANLE S.A de C.V.; Lemus y Asociados S.A. de C.V; América Publicidad S.A de C.V y Funes y Asociados S.A de C.V. ofreciéndoles contratarlos sin ningún tipo de licitación o concurso público, y hacerlo de manera expedita”, dijo en 2018 el expresidente Elías Antonio Saca en su juicio antes de ser declarado culpable por desviar más de $300 millones de dinero público. “Les expliqué que tenían que aumentar la pauta publicitaria por medio de las emisoras de mayor rating, en las cuales yo sabía que había empresas radiales de mi familia".
Saca, quien salió de prisión el mes pasado, logró con esta confesión una reducción en su condena y cerró el cerco judicial sobre los que fueron sus contratistas de publicidad favoritos durante su presidencia, entre ellos la familia Funes, dueños de Funes y Asociados. El patriarca, César Daniel Funes Cruz, murió antes de enfrentar juicio. Su hijo mayor, César Daniel Funes Durán, confesó su participación en el esquema de desvío de dinero público y fue condenado a cinco años de cárcel. El menor de los hermanos, Gerardo Antonio Funes Durán, todavía debe enfrentar juicio en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el próximo 18 de enero de 2027.
Las conexiones del clan de publicistas con la mayor trama de corrupción de la historia reciente de El Salvador, sin embargo, no han impedido que sean uno de los contratistas favoritos del gobierno de Nayib Bukele. Entre enero y octubre de este año Haik y Akvertising, dos agencias ligadas a los Funes, lograron contratos con nueve instituciones del Estado por un valor total de $6.8 millones. Según los registros públicos de Comprasal, el sitio web de compras gubernamentales, estas compañías ganaron casi la mitad (46%) de las adjudicaciones por publicidad otorgadas en 2026 por el gobierno.

Haik fue dada de alta en el Registro de Comercio en 2017 con Ana Danielle Quan Funes, nieta de Funes Cruz, como accionista mayoritaria y administradora apenas tres meses después de que su abuelo y sus tíos fueran acusados. Solo en 2026 Haik ganó contratos por $4.9 millones. Tiene entre sus clientes a instituciones claves del país como el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva.

Akvertising fue inscrita en 2013 por tres empleados de Funes y Asociados. Entre enero y octubre de 2026 recibió $1.9 millones en contratos públicos. La agencia lleva la publicidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), de CEPA, la institución encargada de los puertos y aeropuertos, y de la Dirección de Migración. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también le ha entregado contratos por $455,400.
Desde que Bukele llegó al poder gastó al menos $76.61 millones en publicidad, según una investigación de Infodemia, que revisó los registros de Comprasal y la Dirección Nacional de Compras Públicas. De acuerdo con la publicación, el gasto gubernamental en publicidad se incrementó desde los $3.89 millones en 2020 hasta los $19.6 en los primeros nueve meses de este año.
Lo que permaneció casi inmutable bajo el gobierno Bukele son los apellidos y las empresas que se llevaron la mayoría de los contratos publicitarios desde la época de Saca. Una revisión del gasto de publicidad de 23 instituciones durante 2026 en Comprasal, muestra que más allá de los $6.8 millones otorgados a Haik y Akvertising, el gobierno otorgó otros $2.8 millones a dos agencias de la confianza de Saca. América Publicidad, señalada por el expresidente como parte de su red de lavado de dinero, y Lemusim, una agencia que aunque no salió en la causa pertenecía en el momento del juicio en un 85% a ANLE.
Funes y Asociados no aparece entre los contratistas del gobierno de Bukele, al menos en los datos transparentados por Comprasal, que no incluyen información sobre el gasto en publicidad de sus principales carteras, ni de instituciones encargadas de la propaganda gubernamental, como la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Pero a pesar de que no se ha cerrado el juicio contra la agencia y Gerardo Antonio Funes Durán, el pasado 7 de enero, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio levantó el embargo que pesaba contra la compañía desde 2017, según el oficio número 008-RDC-2026 que consta en el Centro Nacional de Registros.
Caída y ascenso del clan Funes
La Fiscalía determinó que el Gobierno de Saca desvió más de $300 millones de dinero público. Según el requerimiento fiscal, América Publicidad, ANLE S.A. de C.V y Funes y Asociados cobraban cheques emitidos por Presidencia, remesaban ese dinero en sus cuentas y luego lo transferían a empresas del entonces presidente. A pesar de que las tres agencias implicadas en la triangulación de los fondos públicos, de acuerdo con la Fiscalía, no prestaron ningún servicio, Funes y Asociados cobró $4,106,528.87; América Publicidad, $3,985,000.06 y ANLE, $3,400,000. César Daniel Funes cobró por separado y a título personal $846,237.78.
"Una vez disponible el dinero en la cuenta corriente en mención, se emitían cheques a favor de las sociedades del Grupo Radial Samix del mismo señor Elías Antonio Saca González, por el monto total recibido en la cuenta corriente, lo que evidencia que la sociedad Funes y Asociados Publicidad, se quedaba con el 20% del dinero lavado, en concepto de ocultar el origen ilícito de dichos fondos", escribieron los fiscales en la acusación de 613 páginas presentada en 2017 al Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
Cuando los tres miembros de la familia Funes fueron acusados, los balances de Funes y Asociados reflejaban activos por $2,670,747.86. En 2025 llegaron a su punto más bajo en estos nueve años: $1,630,634.06.
Pero mientras Funes y Asociados caía, los activos de Haik aumentaron año con año. La sociedad pasó de tener $2,488 en 2017, cuando fue inscrita en el Registro de Comercio por Ana Danielle Quan Funes como Comunikarte Sociedad Anónima de Capital Variable, a acumular $1,055,608.05 en 2025. El incremento más grande de patrimonio lo registró entre 2020 y 2021 cuando su activos se multiplicaron un 279.63%. En Comprasal únicamente hay información de contratos ganados por esta sociedad entre 2025 y 2026.

En la actualidad, el representante legal de Haik y quien firma los contratos con el Gobierno de Bukele, es Gerardo Javier Quan Funes, hermano de Ana Danielle. Los dos son hijos de Lorena Guadalupe Funes de Quan, hermana de Gerardo Antonio y César Daniel Funes. Hasta 2005, Lorena era directiva de Funes y Asociados. En su perfil público en Linkedin Gerardo Javier afirma que también trabajó en esa agencia.
Durante una llamada telefónica, Gerardo Javier Quan Funes dijo que Haik no forma parte de un nuevo conglomerado familiar ni de un "rebranding" de Funes y Asociados. Sin embargo, admitió que hay una persona que trabaja en ambas empresas: Haik y Akvertising.
Quan Funes aseguró que la agencia ganó los contratos en competencias que, según él, han dejado pérdidas: "Yo no tengo relación con Funes y Asociados más que soy nieto del fundador. Todos los contratos que hemos ganado han sido en la modalidad de subasta inversa, donde dimos un descuento base bien alto. Aunque suene que son varios contratos, en realidad no equivale a ganancias por ese descuento", declaró.
En 2017 los activos de Akvertising eran de $183,493.69. Para 2023, tenía $874,494.27, según los balances en el Registro de Comercio. En 2024 ascendieron hasta los $892,734.20. A finales de 2025 registró $837,006.55.
La sociedad fue constituída en diciembre de 2013 por tres empleados de Funes y Asociados: Tania Montoya, entonces directora de cuentas, según su perfil público en Linkedin; Marlon Elías Martínez Roque, exdirector creativo, de acuerdo con su perfil en esa red; y Jessica Jannet Velasco, de profesión secretaria. En la junta directiva también se nombró como directora suplente a Ana Gisela Penado de Meléndez, quien también fue empleada de Funes y Asociados, según su perfil de Facebook.
En diciembre de 2020 Akvertising cambió la directiva y Jessica Jannet Velasco de López pasó a ser la administradora única propietaria de la sociedad y representante legal. En 2024 su sueldo era de 700 dólares, menor que el de los hijos de Gerardo Antonio Funes Durán, quienes figuraban en la planilla de ese año.
Se consultó a Velasco de López en qué momento dejó de trabajar para la familia Funes. “¿Para qué necesita esa información?”, respondió. Se le explicó que era para un reportaje sobre los contratos ganados por Akvertising, a lo cual contestó: "No le puedo colaborar". Se le repreguntó si es la propietaria de la agencia. Ante esa pregunta, colgó la llamada.
Penado de Meléndez, la otra exempleada de Funes y Asociados, es la administradora suplente y quien aparece como beneficiaria final en los procesos en Comprasal . Cuando se le preguntó sobre los contratos que ha ganado con el gobierno de Bukele y su relación con Akvertising colgó y no volvió a atender la llamada.
Mientras la empresa principal del clan atravesaba la crisis del embargo ordenado por la Fiscalía, ha sido un tiempo de bonanza para Haik y Akvertising. Según la investigación de Infodemia, entre las dos agencias recibieron el 15% ($11.6 de los $76.61 millones) del gasto en publicidad desde la llegada de Bukele al poder.
Productos de limpieza y ferretería: la transparencia de Presidencia.
En Comprasal apenas hay datos sobre gastos en publicidad de tres de los 15 ministerios del Gobierno: Salud, Educación y Trabajo. Un barrido por la plataforma de compras públicas evidencia que instituciones como la Presidencia de la República sólo transparenta partidas sobre productos de limpieza para vehículos por $18, productos de ferreterías por $41 o la impresión de talonarios por $480, por mencionar algunos ejemplos. No es posible saber a través de información pública quién se está llevando los millonarios contratos en Obras Públicas, Transporte o Seguridad. Tampoco lo que el Gobierno gasta en las cárceles, ni a qué empresas llega ese dinero.
La falta de transparencia en el gasto público ha sido una constante desde que Nayib Bukele llegó al poder en 2019. Las listas con información clasificada han ido creciendo en los siete años de sus gobiernos.
El informe de Amnistía Internacional Cuando el presupuesto no garantiza derechos señala que la opacidad en la política fiscal ha impactado negativamente en el ejercicio de los derechos económicos y sociales. La falta de transparencia, advierte la organización, ha afectado, por ejemplo, la capacidad para poder evaluar la calidad del gasto público del gobierno.
Desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó en 2025 un salvavidas financiero de $1,400 millones para El Salvador, puso como requisito que el país debía cumplir con criterios de transparencia. El gobierno ha empezado a liberar alguna información sobre compras, pero a cuentagotas. Incluso la poca información transparentada en Comprasal está incompleta. En la plataforma no se puede consultar los términos y documentación de los procesos de licitación. Solo aparecen los montos adjudicados y los competidores. En la información consultada para esta investigación se puede constatar que existen varios casos en los que Haik y Akvertising compitieron entre ellas.
"Se vienen haciendo reformas legales que lo que hacen es legalizar la opacidad. Si no tenés información de cómo se está gastando el dinero, si no sabés a quién le están comprando, se limita la capacidad de agencia como ciudadanía”, dice el economista José Luis Magaña. “Se está recomponiendo la élite económica a partir de esa opacidad del gasto público. Y toda esa recomposición la estamos financiando todos con los impuestos".
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*Nota de la redacción: Se buscó la versión de los representantes de las empresas mencionadas en esta investigación y a los exempleados de Funes y Asociados que participaron en la constitución de Akvertising. Las únicas respuestas obtenidas son las que aparecen a lo largo del texto.
Esta investigación de Revista Factum cuenta con apoyo de republicación de la Alianza Periodística Intermedios.
