I

En estos días se cumplen 30 años del genocidio en Ruanda, perpetrado por la mayoría hutu contra la minoría tutsi. Durante los meses de abril, mayo y junio de 1994 fueron masacrados 800 mil tutsis -el 75% de esta etnia- en menos de cien días, ante la pasividad de la comunidad internacional, sobre todo de Naciones Unidas y las potencias europeas. Los «cascos azules» de la ONU presentes en el país africano cuando inició la masacre fueron incapaces de mediar, se retiraron y dieron paso a la matanza.

El genocidio comenzó el 7 de abril, tras el asesinato del presidente hutu Juvenal Habyarimana, quien sufrió un atentado en un avión. Los hutus radicales acusaron por este hecho a la guerrilla tutsi y comenzaron a matar indiscriminadamente a la población de dicha etnia. 250 mil mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas. A finales de junio, cuando la ONU envió un nuevo contingente militar liderado por soldados franceses, ya solo quedaba el 25% de los tutsis.

Al genocidio siguió una crisis humanitaria de graves proporciones cuando el Frente Patriótico Ruandés (de los tutsis) tomó el poder y dos millones de hutus huyeron en condiciones extremas hacia países vecinos por miedo a represalias. Miles murieron de hambre y enfermedades en el éxodo masivo. El odio de los hutus hacia los tutsis fue provocado por el colonialismo belga, que segmentó racialmente a la población ruandesa y cogobernó con la minoría tutsi usándola para reprimir a la mayoría hutu durante décadas.

En noviembre de 1994 Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda que, durante varios años de investigaciones, ha logrado condenar a unas 800 personas, muchas de ellas por genocidio y otros delitos de lesa humanidad. El genocidio tutsi movió la conciencia internacional sobre los crímenes contra la humanidad y en 1998 se aprobó el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional.

II

Desde hace seis meses, Israel comete genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Más de 30 mil personas han sido asesinadas, la ciudad es un montón de escombros y la crisis humanitaria se agrava porque el bloqueo de las tropas sionistas impide la entrada de agua, alimentos, medicinas y demás ayuda humanitaria. La destrucción es total: hospitales, escuelas, mezquitas e infraestructura básica están en ruinas; y entre los muertos hay médicos, enfermeras, periodistas y personal de asistencia humanitaria.

El genocidio inició en octubre de 2023, en respuesta al sorpresivo ataque de Hamás que mató a centenares de israelíes. Sin embargo, a estas alturas la matanza poco o nada tiene que ver con represalias contra las milicias extremistas palestinas, pues el régimen de Benjamín Netanyahu está empeñado en exterminar la población palestina, a pesar del reclamo de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, su principal aliado político, financiero y militar.

Durante la segunda guerra mundial el pueblo judío fue víctima del peor genocidio cometido en el siglo veinte: seis millones de personas fueron asesinadas o murieron de hambre, enfermedades y frío en los campos de exterminio instalados por la Alemania nazi en Polonia, Checoslovaquia, Ucrania y otros países europeos. Irónicamente Netanyahu parece emular a Adolf Hitler con su propia «solución final» contra los palestinos.

El 29 de diciembre del año pasado, Sudáfrica presentó una denuncia contra Israel por el genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia. Dicha demanda ha sido respaldada por Jordania, México, Malasia, Brasil, Paquistán, Chile, Bangladesh y otros países alrededor del mundo. Mientras tanto, la barbarie en el enclave palestino continúa sin que nadie pueda (o quiera) detenerla, ni siquiera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha sido incapaz de ordenar el fin del criminal asedio sionista.

III

En El Salvador, además del genocidio y etnocidio de la invasión y colonización española, está el genocidio indígena-campesino de 1932. A esto se suman los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la guerra civil, especialmente el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980 y las masacres de El Mozote, El Sumpul, El Calabozo, Río Lempa, Las Hojas, de los sacerdotes jesuitas la UCA y muchas matanzas selectivas.

Por la cantidad de personas asesinadas, es la masacre de El Mozote la más grave. Más de 1,000 civiles -la mayoría mujeres, ancianos y niños- fueron cruelmente asesinadas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, por el Batallón Atlacatl entrenado por el gobierno de Estado Unidos en la tenebrosamente célebre «Escuela de las Américas» como parte de su apoyo a la «lucha contrainsurgente» en El Salvador.

Para asegurar la impunidad de estos crímenes atroces el ex presidente Alfredo Cristiani y la derecha legislativa (integrada por ARENA, PCN y PDC) aprobaron la ominosa «Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz», el 15 de marzo de 1993, cinco días después de presentado el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU que señalaba a las fuerzas armadas estatales y a sus grupos paramilitares como los responsables de la mayoría de graves violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la derogación de dicha ley por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016 no se tradujo en la apertura de procesos de investigación de delitos de lesa humanidad y enjuiciamiento de autores materiales e intelectuales de dichos crímenes. Sólo unos pocos casos han sido judicializados, entre éstos la masacre de El Mozote, aunque actualmente el proceso es objeto de manipulaciones, dilataciones y autosabotajes por una jueza servil al gobierno de turno.

IV

En vez de investigar verdaderos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la Fiscalía General de la República (también en función del oficialismo) se dedica a revictimizar a comunidades víctimas de masacres durante la guerra y a criminalizar a sus líderes comunales debido su rol actual como ambientalistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos. Para esto tuerce leyes, instrumentaliza al sistema judicial y profana definiciones del derecho internacional.

Ejemplo emblemático es el «Caso Santa Marta». En lugar de investigar la masacre del Río Lempa y otras matanzas cometidas contra esta comunidad a inicios de la guerra, la unidad fiscal encargada de procesar delitos del conflicto armado se ensaña contra cinco de sus líderes acusándolos por un supuesto asesinato cometido en 1989, sin presentar más prueba que el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que primero dijo que presenció el hechos y después que le contaron lo sucedido.

La Fiscalía, incluso, califica el supuesto asesinato como «delito de lesa humanidad». Abusa de esta definición para evadir la prescripción establecida en la legislación penal aplicada al caso y la extinción de la acción penal decretada por la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, normativa que permitió el desarme de las organizaciones guerrilleras, la reinserción de los ex combatientes a la vida civil y la implementación de los Acuerdos de Paz.

Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional y otros instrumentos de derecho internacional sobre crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos, un asesinato puede ser delito de lesa humanidad si es parte de un «patrón sistemático de ataque generalizado contra la población civil», y éste no sería el caso del supuesto asesinato adjudicado falsamente a los defensores ambientales de Cabañas.

V

Además de la forzada, equivocada y mal intencionada utilización de la definición de crimen de guerra y lesa humanidad, la acusación fiscal contra los defensores ambientales de Santa Marta califica como «asociaciones ilícitas» y delincuenciales a las organizaciones beligerantes del conflicto armado, pasando por encima de la Declaración Franco-Mexicana, los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional que en su momento reconocieron, validaron y legitimaron a dichas organizaciones.

Esta atrevida reelaboración jurídica de la historia -coincidente con el relato negacionista del actual gobierno sobre que «la guerra no existió» y «los Acuerdos de Paz son una farsa»- podría tener consecuencias nefastas. Una de éstas sería el temerario precedente legal que convertiría en delincuentes a prácticamente todas las personas que pertenecieron, colaboraron o simpatizaron con las organizaciones beligerantes del conflicto armado.

Hasta ahora dos instancias judiciales, el Juzgado Paz de Victoria y el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, han validado la torpeza de unos fiscales que no miden el alcance de sus acciones y de gobernantes que creen que pueden cambiar la historia, revertir consensos nacionales e interpretar las leyes y el derecho internacional a su conveniencia. Y si esto finalmente prospera en un tribunal de sentencia, este país se habrá metido en peligroso limbo jurídico y político.

La posibilidad de evitar este lío está ahora en la Cámara Penal de Cojutepeque, donde la defensa legal de los defensores ambientales de Santa Marta ha puesto sendos recursos de apelación. Ojalá que el sistema judicial rectifique y que la Fiscalía se dedique a procesar verdaderos crímenes de lesa humanidad y no malgaste sus valiosos recursos en el montaje de supuestos casos con el perverso propósito de criminalizar y perseguir a personas que defienden el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida.

*Periodista y activista  social.