«Están llamando a jueces y juezas para que no liberen a la gente»

El juez Juan Antonio Durán señala, además, que las muertes de privados de libertad en manos del Gobierno pueden ser llevadas a la Corte Penal Internacional.

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junio 1, 2022
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La mente del juez Antonio Durán es un hervidero de imágenes, de fotografías que se van revelando poco a poco, sobre todo cuando la conversación abandona el pasado para fijarse en el presente.  Son las cinco de la tarde. Estamos en un restaurante de San Salvador. El tiempo ha transcurrido y nada parece haber cambiado. O más bien: el tiempo ha transcurrido y otra vez nos gobierna un autócrata —con ínfulas de dictador— que ha destruido el balance de poderes, simplemente porque no soporta los contrapesos. Quiere gobernar a su antojo, sin que nadie lo fiscalice, sin que nadie lo critique, sin que nadie señale sus errores.

El juez Durán habla con la autoridad de quien ha transitado por los caminos del derecho, entre sobresaltos y tribulaciones, durante las últimas tres décadas, pero también con la firmeza de haber enfrentado al régimen de Nayib Bukele hasta las últimas consecuencias: en septiembre de 2021 fue trasladado del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador al Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca. Ha sido degradado. Ha sido amenazado. Policías y soldados merodean su casa constantemente.

Pero eso es lo de menos.

Para el juez Durán, lo importante es denunciar las locuras jurídicas que se han cometido desde que Bukele asumió el poder. Al principio decidió callar. Pero las aberraciones se sucedieron una tras otra, una tras otra, hasta que Bukele ordenó a sus diputados remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces comprendió que el silencio no servía de nada. Y brindó declaraciones a los periodistas, encabezó marchas y acusó al gobierno en tribunales internacionales.

El juez Durán pertenece a la generación de jueces de posguerra: comenzó a trabajar como empleado judicial en 1988; luego, en 1995, fue designado secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); luego, en 1998, fue nombrado juez de sentencia. Ahí se ha mantenido, de tribunal en tribunal, hasta convertirse en un testigo privilegiado de las transformaciones del Órgano Judicial después de la guerra civil.

A su juicio, las tentaciones autoritarias de Nayib Bukele no son nuevas. Durante el conflicto armado los militares decidían lo legal y lo ilegal. Los políticos que sustituyeron a los militares no fueron tan diferentes. Siguieron controlando el judicial. Por eso los Acuerdos de Paz generaron un estallido de entusiasmo. Una esperanza de cambio. Pero al poco tiempo los políticos se dieron cuenta de que la independencia de poderes no les beneficiaba en nada. Al contrario: era un obstáculo para ellos y para sus financistas. Entonces comenzaron a dinamitar los contrapesos. Lo hicieron de manera sutil: nombrando a jueces y magistrados serviles.

El sistema de justicia, sin embargo, no fue descabezado. Siguió ejerciendo algunos controles. Pero a inicios del presente siglo fue totalmente cooptado. En 2005, el presidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, impidió que la Sección de Probidad exigiera cuentas a los funcionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004). Ese acto, para el juez Durán, marcó un quiebre en el sistema de justicia. La consecuencia fue que Elías Antonio Saca, quien gobernó El Salvador entre 2004 y 2009, saqueó al país sin ningún control.

Luego hubo un cambio que tiene pocas explicaciones. En 2009 asumieron nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional y las cosas cambiaron: los controles y contrapesos empezaron a funcionar, las instituciones comenzaron a despolitizarse y algunos exfuncionarios fueron procesados por actos de corrupción. Los políticos corruptos no desaparecieron. Pero continuaron desfilando por los pasillos judiciales. Otros, como los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, huyeron del país luego de ser señalados en numerosos casos de corrupción.

A criterio del juez Durán, los salvadoreños no comprendieron que esos juicios por corrupción sucedieron, en buena parte, gracias a que esas palabras abstractas como Estado de Derecho, Democracia Constitucional, Balance de Poderes y otras, cobraron vida. La independencia judicial, pues, se convirtió en una amenaza que debía ser destruida a cualquier precio, incluso a costa de revivir viejos esquemas autoritarios. Fue entonces que comenzó una campaña de desprestigio que terminó con el golpe de Estado que los diputados bukelistas consumaron el 1 de mayo de 2021.

Desde entonces, según el juez Durán, el Órgano Judicial se ha convertido en «una oficina de Casa Presidencial», donde se le obliga a los jueces a resolver de determinadas maneras. Muchas veces lo hacen a gritos, con amenazas, con humillaciones. Por eso el juez Durán está convencido que no queda otro camino que resistir, únicamente resistir, aunque eso implique enormes consecuencias.

Nayib Bukele ha implantado un régimen autoritario, pero la tentación autoritaria de querer controlar los tres órganos de Estado no es nueva. Uno observa a lo largo de la historia, incluso en la historia reciente, que siempre existió ese deseo de querer manipular desde el Ejecutivo a los otros órganos del Estado.

Exactamente. El presidente Antonio Saca, por ejemplo, puso cuatro magistrados favorables a él. Solo había un voto en contra: los famosos votos de doña Vicky de Avilés. Entonces, esa tentación de no querer estorbos o de querer que les resuelvan todo a favor siempre ha existido. Y no es exclusivo de El Salvador. Hemos visto otras experiencias en América Latina. Son aspectos comunes de no querer límites, de no querer controles al poder Ejecutivo.

Retrocedamos un poco en la historia. ¿Cómo cambió El Salvador en materia de justicia con el fin de la guerra y la firma de la paz? 

Era bastante esperanzador. Para nosotros que vivimos el conflicto armado y que nos acostumbramos a la violencia, a los bombardeos, a los enfrentamientos, a los muertos, los Acuerdos de Paz significaron una esperanza de cambio. Las primeras reformas que se le hicieron a la Constitución y el nombramiento de la Sala de lo Constitucional con profesores universitarios, que eran buenas personas, con un récord limpio, fueron cambios positivos. Pero a medida que se fue desarrollando el proceso democrático, los políticos fueron detectando dónde estaban los estorbos. Fue así como los políticos pícaros se dieron cuenta que debían negociar y poner gente, no por su perfil ni por su capacidad, sino por la fidelidad al partido y al gobierno. Ahí comenzó a degenerarse todo.

Entiendo que por esa época algunos profesionales del derecho, entre ellos usted, fueron enviados a otros países a recibir formación, entre otras cosas para cambiar esa mentalidad de entender al Órgano Judicial como un poder que debía ser controlado desde la presidencia de la República.

Eso comenzó un poco antes. En 1986 se creó la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña y se firmaron algunos proyectos con la cooperación internacional para crear la Escuela Judicial. Se trajo a los mejores profesores de Iberoamérica. Yo por eso digo que me siento parte de los privilegiados que recibimos esa formación, porque trajeron a lo mejor de lo mejor y nos mandaron a estudiar afuera. Creo que la idea de la inversión extranjera era fortalecer la judicatura, a los jueces, porque se veía que ahí estaba el equilibrio; había una gran expectativa en la formación de los jueces y aprendimos muchas cosas, por ejemplo, el carácter normativo de la Constitución. Es decir: la Constitución es norma jurídica de aplicación inmediata y directa. Ahora eso nos puede parecer una verdad de Perogrullo, pero en aquel momento la Constitución se entendía como Constitución Política, y los políticos eran los que decidían qué era constitucional o no.

Así como lo hacían los militares antes de las reformas de 1991.

Exacto. La Constitución de 1983 le daba cinco atribuciones a la Fuerza Armada, entre ellas velar por el cumplimiento de la Constitución. Es decir: el Alto Mando de la Fuerza Armada tenía una Sala de lo Constitucional ahí adentro para decidir si algo era constitucional o no.

Una de las ideas de los Acuerdos de Paz era fortalecer las instituciones y consolidar un Estado de Derecho para dejar en el pasado la corrupción y la violación a los derechos humanos. ¿Cómo funcionó la separación de poderes en los primeros años de la posguerra?

Se dieron algunas tensiones. Le doy un ejemplo: en la época del doctor José Domingo Méndez hubo diferencias con el entonces ministro de Justicia, Hugo Barrera, por decisiones sobre la interpretación del debido proceso. Antes de 1998 era la Policía la que intervenía y capturaba a los presuntos delincuentes y los fiscales únicamente llegaban a mostrarse parte. Era algo ridículo, pero era la forma como se operaba antes. Entonces la Sala de lo Constitucional dijo que era la Fiscalía quien debía dirigir la investigación del delito y no la Policía. Así como ese caso hubo otros en los que se trató de ir poniendo límites y controles al poder, y se dieron algunas pugnas. Pero no fueron graves. Nunca hubo una idea de tratar de decapitar a la Sala.

¿Se logró algunos balances en esos años de la fundación de la democracia?

Sí. Pero eso se quebró con el caso de Probidad, en 2005, cuando el presidente Francisco Flores terminó su gobierno y don Eduardo Cáceres, que era el jefe de Probidad, ordenó a los bancos que los funcionarios de Flores rindieran informes para analizar sus finanzas. Pero los bancos se negaron. Incluso, le enviaron una carta a la Corte preguntando si el jefe de Probidad tenía atribuciones para pedir esos informes. La Corte respondió que no. Para mí ese caso marcó el derrumbe del sistema, porque al no permitir la fiscalización de los patrimonios de los exfuncionarios, el siguiente gobierno tuvo un cheque en blanco para hacer lo que quisiera. Claro, el gobierno del presidente Antonio Saca se caracterizó por un enorme saqueo, pues se había implantado la creencia de que no había ningún control.

¿Saca controló totalmente a la Sala de lo Constitucional?

Con el presidente Saca la Sala fue cooptada. Es que al judicial se le puede llegar de dos maneras: cooptarlo, es decir, comprarlo para que resuelva a favor del gobierno, o descabezarlo, que es lo que ha ocurrido ahora.

En 2009 hubo un cambio con la nueva integración de la Sala de lo Constitucional. Hay quienes dicen que transitamos de un Estado Democrático de Derecho a un Estado Constitucional de Derecho.

Estoy completamente de acuerdo. Creo que el período 2009-2018 fue esperanzador. Lo malo fue que la clase política no estuvo a la altura. No comprendieron la importancia de la judicatura independiente. ¿Por qué? Porque ellos piensan en sus negocios. Hay una visión mezquina de pensar que si se va al gobierno hay que ir a robar, a corromperse y corromper…

Esa es una idea muy interiorizada en la mentalidad de nuestros funcionarios.

Es que aquí se piensa que el mejor es el más vivián. Actualmente muchos jueces han sido influidos por esta forma de entender la judicatura. Están viendo como los vivianes son nombrados en altos cargos y les dan una camioneta blindada, les dan seguridad y les llaman magistrados. Pero eso no es dignidad judicial. Para mí la dignidad judicial es otra cosa.

Volviendo al período 2009-2018. ¿Qué sucedió para transitar de un sistema de justicia cooptado a un sistema que estableció límites y controles al poder?

Mire, hubo mucha esperanza y optimismo con el rol de esa Sala de lo Constitucional, sobre todo porque tocó algunas fibras del poder. Era interesante la configuración subjetiva de esa Sala: Florentín Meléndez, un experto en derechos humanos que venía de ser presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Belarmino Jaime, un abogado ius privatista que ha estado vinculado al sector financiero; Sidney Blanco, un juez de carrera y exfiscal en el Caso Jesuitas; y Rodolfo González, un devorador de libros que fue mi compañero de aula y en los primeros ciclos se ganó el apodo de Hans Kelsen. Lo que yo creo es que no les alcanzó el tiempo para llevar a cabo su proyecto. Además, los políticos vieron en ese modelo de jueces independientes a su enemigo. Entonces empezaron a meter personas leales a ellos, partidarios incluso. Apostaron por sus correligionarios para nombrarlos en la Corte. Ahí se perdió el rumbo de la visión de la judicatura independiente.

De la Sala del 2009-2018 se dicen muchas cosas, por ejemplo, que reformó la Constitución y que tuvo algunas actitudes autoritarias.

A mí me pareció que algunas decisiones fueron un poco excesivas, pero otras fueron muy acertadas. Quizá la mayoría fueron acertadas. Otras pueden ser discutidas. Por ejemplo, en el tema de las listas abiertas, las candidaturas no partidarias, el voto por rostro, fueron  reformas a golpe de sentencia. Me parece que la gente no logró captar el espíritu de las reformas que pretendía la Sala, porque nuestro pueblo no estaba preparado.

Sin embargo, recuerdo que los magistrados de esta Sala realizaron jornadas de formación constitucional en algunas comunidades del país.

Pero fue insuficiente. Y es lo mismo que está ocurriendo ahorita: nos hace falta formación cívica, nos hace falta formación ciudadana. Porque el tema de la Constitución no solo es asunto de abogados o de una élite. No. Es un asunto que nos concierne a todos. Todos deberíamos conocer la Constitución. Todos deberíamos conocer nuestros derechos y  los mecanismos para hacerlos valer.

Otra crítica que se le hizo a esta Sala, y no solo por los políticos, sino por otros profesionales del derecho, es que en algunas ocasiones actuaron de manera exprés.

Pero eso fue parte de una campaña de desprestigio. Al final la ciudadanía quedó dividida en cómo entender el rol de la Sala: algunos piensan que hizo bien y otros que lo hizo para afectar el régimen de partidos. Yo creo que hay que hacer un estudio de ese período constitucional. Lo cierto es que luego vino una artillería que dejó caer el presidente (Nayib Bukele) en el sentido que los magistrados de la Sala de lo Constitucional respondían a los partidos políticos. Dice eso, pero él pone a gente de Casa Presidencial.

Aunque la Sala que los diputados bukelistas descabezaron tuvo algunas acciones que todavía mostraban cierto nivel de independencia.

Eran muy técnicos, pero quizá les faltó un poco de carácter.

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Vayamos al presente. ¿Cómo ha cambiado el sistema de justicia con la llegada de Nayib Bukele al poder?

Se ha destruido la independencia judicial. Esto es grave, porque se piensa que la independencia judicial es un privilegio de los jueces. Pero no es así. Es un derecho humano de toda la gente. Toda persona procesada tiene derecho a contar con un juez independiente e imparcial. Es parte de las garantías del debido proceso. Pero todo esto se ha visto afectado. Recordemos, además, que previo al 1 de mayo de 2021 hubo una campaña de desprestigio sistemática en contra de la Sala de lo Constitucional. Así que el 1 de mayo, cuando se da el golpe contra la Sala, mucha gente lo aplaude, a pesar de que la remoción es inconstitucional pues no había causas legales para removerlos. Luego de la remoción de la Sala y la imposición de estos golpistas y operadores políticos que están usurpando esos cargos, prácticamente el Órgano Judicial se ha convertido en una oficina de Casa Presidencial, donde nada se mueve si no es por voluntad y autorización de Casa Presidencial. De hecho, hay tres empleados de Casa Presidencial que ahora son magistrados de la Sala.

¿Qué otros perjuicios han ocurrido?

Yo creo que el otro escenario es septiembre, con la primera marcha, cuando la gente se lanzó a las calles por la Ley Bitcoin. Muchos jueces también salimos el 15 de septiembre. Fue algo espontáneo y masivo por parte de la ciudadanía. Luego vinieron las otras marchas. Después aprobaron el Decreto 144 para remover a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Eso fue lo otro. Ya tenían a la Sala y ahora había que controlar completamente el Órgano Judicial.

¿Y no bastaba tener a la Sala para hacer remociones o traslados de jueces que resultaran incómodos?

Como no. Pero lo que pasa es que la codicia rompe el saco y los pantalones. El presidente quería todo el poder, todo el Órgano Judicial. A algunos jueces se les obligó a renunciar a cambio del bono de 24 sueldos. Otros se sometieron al régimen de disponibilidad por cinco años, es decir, que van a seguir trabajando. A los estorbosos nos trasladaron. Hay otros como Sidney Blanco o Jorge Guzmán que no aceptaron el bono y quedaron cesados por ley, sin un cinco y sin trabajo. Pero todo esto tenía un objetivo: sustituirlos por gente incondicional a Casa Presidencial. Recordemos que también desarticularon algunas sedes claves como las tres Cámaras de San Salvador, que son las que controlan en apelación las decisiones de todos los tribunales.

Usted ha dicho que vivimos momentos oscuros para el Estado de Derecho, donde nuestros gobernantes aborrecen los controles y los límites.

Es que la campaña de desprestigio contra los jueces ha pretendido concentrar el poder para no tener límites ni controles: no solo en el ejercicio del poder frente a los derechos ciudadanos, sino también en el manejo de los fondos públicos. No hay acceso a información pública. Elías Díaz, un constitucionalista español, dice que el Estado de Derecho es el poder sometido al derecho. Pero, hoy por hoy, el derecho está sometido al poder. Y eso no debe ser así, porque si bien el derecho es el fundamento del poder también establece límites y controles. Ahora, cuando no existen esos controles, el jurista italiano Luigi Ferrajoli lo llama poderes salvajes. Actualmente estamos viviendo eso: están matando a la gente a golpes. Creo que van siete personas muertas en centros penales a consecuencia de las golpizas: golpes a nivel cráneo encefálico, golpes a nivel tórax abdominal, es decir, la gente se ha desangrado por dentro y ha muerto de hemorragias internas que no fueron tratadas. Y ellos dicen que estas personas han fallecido por neumonía o por Covid-19. Están hasta cometiendo fraude procesal. Es una situación gravísima la que está ocurriendo y por eso el 1 de mayo yo hice un llamado desde la tarima para que intervenga la Corte Penal Internacional. A nivel interno ya agotamos cualquier posibilidad de controlar al poder.

¿No hay manera?

No. Ya no hay manera. Lo que toca es acudir a la Corte Internacional Penal para denunciar todas estas torturas.

¿No está justificado el Régimen de Excepción?

Bueno, se puede justificar por el problema delictivo que tenemos, pero eso no justifica las detenciones de personas inocentes. Es necesario que haya una investigación previa por organismos que sean independientes del Ejecutivo. También se debe controlar todas estas torturas que está sufriendo la población carcelaria. El mismo presidente reconoce un margen de error del 1 por ciento. Eso significa que, de 30 mil detenidos, hay 300 personas que están encarceladas injustamente. Con una persona inocente que esté detenida y esté siendo maltratada ya es una injusticia que debe investigarse.

Una de las justificaciones que más utiliza el presidente y sus diputados para violar las leyes es que fueron elegidos por la mayoría de los salvadoreños. Es decir: actúan con negligencia en nombre de las mayorías. Leszek Kolakowski, un filósofo polaco ya fallecido, señaló que en nombre de las mayorías se han cometido los peores crímenes de la historia. Ferrajoli lo retoma cuando dice que hay derechos fundamentales que ninguna mayoría puede estar por encima de ellos, porque todas las leyes establecen límites.

El abogado Martín Martínez, en una entrevista que le hicieron para candidato a magistrado de la Corte Suprema, habló de la democracia formal y la democracia sustancial. El triunfo por las mayorías nos ayuda a la democracia formal, pero la democracia sustancial tiene que ver con los límites que el sistema normativo establece. ¿Por qué? Porque las experiencias históricas nos han dicho que las mayorías también pueden equivocarse y pueden cometer atropellos contra las minorías.

¿Qué régimen político tenemos en este momento?

Para mí es una dictadura, porque se hace la voluntad de una sola persona por encima de las leyes y de manera incontrolada. Los gobiernos y los organismos internacionales le llaman deriva autoritaria. Otros le llaman régimen híbrido porque ha sido electo democráticamente, pero sus acciones autoritarias lo convierten en híbrido. Lo que no se puede negar es que en el Órgano Judicial hay una dictadura. Al final se hace lo que el presidente dice, lo que Casa Presidencial dice. Eso es una dictadura.

¿El sistema de justicia está totalmente controlado por el presidente Bukele?

Mire, están llamando por teléfono a los jueces. En 23 años de ejercicio nunca un magistrado me llamó a mí. Pero tengo colegas, jueces y juezas, que se quejan porque les están llamando a sus despachos para que no liberen a la gente. Los magistrados les llaman y les gritan. Algunos colegas me dicen: jamás en mi vida me había llamado un magistrado, me siento humillado. ¿Qué independencia puede haber en esto?  Y algunos los han nombrado jueces del régimen para mantener encarcelada a toda la gente que están deteniendo. Hay audiencias de 150 reos. ¿Cómo se va a individualizar la evidencia de cada caso?

Parece que hay un evidente desajuste en la proporcionalidad del poder. Porque el Ejecutivo tiene a los policías y militares para hacer cumplir la ley o para incumplirla. Pero el Órgano Judicial no tiene una entidad que coaccione en caso de que debiera hacer cumplir sus sentencias por la fuerza.

El Ejecutivo tiene el oro y la espada. Tiene la fuerza, los militares y policías, pero también tiene el oro porque maneja las finanzas y puede asfixiar al judicial al no darle su presupuesto. Pero el judicial se legitima por dos de sus funciones. Primero por decir la verdad: ninguna mayoría por aplastante que sea puede condenar a un inocente ni absolver a un culpable. También al judicial le corresponde decidir qué es el derecho y esas dos funciones son las que son una amenaza para el otro, porque ellos quieren controlarlo todo. Mire los atropellos que están cometiendo, mire lo que le ha pasado a un empresario del transporte: le han confiscado y la confiscación está prohibida por la Constitución. Se puede expropiar, pero la expropiación debe ser con una indemnización previa. ¿Han indemnizado a este señor? No. Eso se llama confiscación y está prohibida. Y no solo le confiscan, sino que lo meten preso por un delito inventado. Es un asunto gravísimo.

¿Cree usted que tenemos presos políticos?

Claro. Es que al cooptar al judicial y decapitar a la judicatura independiente, le permite al poder manipular arbitrariamente los procesos. Y los procesos los manipulan para perseguir adversarios, enemigos y todo lo que se le oponga. O sea: estamos ante un grupo de delincuentes que está saqueando el país, que está usando el poder para atropellar los derechos de la gente; y lo que es peor, con la complicidad de muchos colegas jueces.

Estamos ante jueces irresponsables que son cómplices del régimen.

Pero mire, el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, en Honduras, es ejemplificador, porque el juez que ordenó la extradición era un apadrinado suyo. Lo había puesto él. Es más: era como una especie de ahijado político y ahijado profesional, porque este juez se había criado en el bufete de ellos y cuando hubo chance lo nombraron juez para que les fuera fiel. Pero cuando llegó la solicitud de extradición de los Estados Unidos, su mismo juez ordenó la extradición. ¡Muerto el rey viva el rey! Lastimosamente mis colegas no han estado a la altura de las circunstancias. Muchos se han sometido. Han celebrado con estos golpistas, han hecho fiestas, han bailado con ellos. Se han emborrachado con estos golpistas. Para mí estos señores son impresentables como abogados, porque no son magistrados. Son traidores al derecho.

¿Qué lleva a una gran cantidad de jueces a ser cómplices del gobierno? 

Mire, por un lado, la necesidad del trabajo. Pero yo también necesito mi trabajo y tengo mis obligaciones, pero un poquito de dignidad es lo que sería exigible a ellos. El problema es que se dejan amenazar, se dejan amedrentar con una llamada y una insultada. ¿En dónde está la independencia? Si uno de los requisitos de la judicatura también es la valentía, no solamente la ética, la dignidad o la responsabilidad, sino también la valentía. Pero no la han tenido. Se han mostrado de manera genuflexa. Se han arrodillado frente al poder ya sea por temor o por interés.

Nos gobierna la mentira y el miedo.

Así es. Muchos jueces están consultando sus resoluciones. ¡Eso no puede ser! Es algo escandaloso. Muchos jueces también se han prestado para andar amenazando a compañeros jueces: les han hablado, les han dicho que se tranquilicen, que los van a fregar. A mí hubo colegas que, en los primeros días, cuando comencé a criticar, me dijeron que me iban a mandar a la «m». Yo les dije que lo hicieran, que me iban hacer un favor, porque la penúltima condena de la Corte Interamericana fue una indemnización de 400 mil dólares por cada juez destituido.

¿Ha tenido otro tipo de presiones?

El traslado. Eso me ha afectado personalmente y ha afectado a mi familia. También el acoso militar y policial. Han llegado a mi casa. El 18 de septiembre, después de la marcha del 15, estaba un grupo de militares y policías esperándome afuera de casa y por suerte logré evadirlos. Luego han llegado en dos ocasiones donde familiares a preguntar por mí. ¿Si saben dónde vivo por qué van a buscarme donde otros familiares? Esa es una actividad de presión psicológica, porque la familia preocupada, afligida, mientras el militar toca la puerta: ¡no abran, no abran! Y a veces no son militares. Pero el susto de que puedan ser militares ya está implantado.

¿Qué pasará con todo esto? ¿Qué otras batallas legales se pueden dar?

Hay que resistir, no hay que desmayar, no hay que perder la esperanza. Esto va a pasar. En los momentos de mayor oscuridad es cuando más vale creer en la luz. Nosotros hemos hecho dos denuncias: una por la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y otra por la remoción de la tercera parte de los jueces. Esas dos denuncias están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya fueron admitidas. La Comisión tiene que hacer una recomendación al gobierno. Puede ser que les digan que restituya a los magistrados de la Sala y a los jueces removidos. Pero el gobierno no lo va a hacer. Entonces el caso va a pasar a la Corte Interamericana y ahí ya se vuelve contencioso. Al final puede haber consecuencias internacionales muy fuertes contra el gobierno, como un mayor aislamiento financiero. No es tan sencillo no reconocer la competencia de la Corte Interamericana. Esa sentencia va a ser favorable tanto a los magistrados de la Sala como a los jueces. Solo hay que esperar y resistir.

    
 
Luis Canizalez

One comment on “«Están llamando a jueces y juezas para que no liberen a la gente»”

  1. Desde la perspectiva judicial el abordaje hacia lo que sucede reviste mucha claridez. En las salas constitucionales anteriores, sin pensarlo, fueron fraguando el actual status quo.

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