Las de Luis Parada y Celia Medrano son todo menos historias paralelas. Unos tres meses después del Golpe de Estado de 1979 y en los días en que asumió la Segunda Junta Revolucionaria de Gobierno, es decir en las primeras escaramuzas de la Guerra Civil, él ingresó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y, antes de viajar a Estados Unidos para continuar sus estudios en la Academia Militar de West Point, sus propios compañeros cadetes—los de mayor antigüedad, le propinaron una golpiza que le dejó inconsciente y convulsionando, según sus recuerdos; entre 1983 y 1997 ella trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) y, mientras investigaba crímenes cometidos por militares contra civiles, fue capturada por miembros de la Policía Nacional—uno de los tres cuerpos represivos vigentes hasta antes de los Acuerdos de Paz, que la torturaron física y psicológicamente.

Muy ligeramente diríase que esos trances ingratos hacen que sus historias personales sean parecidas porque fueron víctimas de la misma violencia, de la misma prepotencia y de la misma impunidad. Pero hay más. Según sus palabras, Celia «como todos los jóvenes» de su idealista época, militó en los movimientos eclesiales de base —algunas células terminaron marchitas en las filas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque ella niega haber dado ese paso— y después se aventuró en los vertiginosos vaivenes de la investigación de violaciones a los derechos humanos; Luis aseguró que se enroló en la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) porque era un «joven idealista», que pretendía luchar desde adentro contra los autoritarismos y, hacia afuera, contra los totalitarismos.

Ambos crecieron y se formaron en esos años, a vuelta de hoja en el calendario humano, en los que, citando a Georges Brassens, era muy frecuente mourir pour des idées. Ahora, pasado el siglo de las dictaduras militares, navegan juntos su proyecto político, como candidatos a presidente y vicepresidenta por Nuestro Tiempo, cuya piedra angular es la oposición a la ilegal extensión del poder del presidente Nayib Bukele cuyas estrategias consumadas de cooptación del poder presentan todas las formas de los autoritarismos del presente siglo.

Las hojas de vida ambos son extensas. Luis Parada ingresó al ejército, fue becado para estudiar en Estados Unidos, regresó y alcanzó el grado de capitán, colaboró con la embajada salvadoreña en las negociaciones con la guerrilla y en los años siguientes ejerció como abogado en Washington. En la década pasada ganó más notoriedad cuando, como miembro del bufete Foley Hoag LLP, fue uno de los abogados que defendieron al Estado salvadoreño en cuatro laudos arbitrales en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre estas las demandas por 100 y 248 millones de dólares que presentaron, respectivamente, Commerce Group y Oceana Gold y que terminaron en derrotas para esas transnacionales dedicadas a la exploración y explotación minera.

Celia Medrano trabajó en la CDHES y en la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador (UES). Después de la firma de los Acuerdos de Paz fue parte del primer equipo de investigaciones de la oficina de ombudsman. Luego asumió la dirección general de la Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica (CODEHUCA) en San José, Costa Rica y también fue miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Al volver al país laboró con el Servicio Mundial de la Federación Luterana Mundial. En 2010 asumió como cónsul general de El Salvador en Washington plenipotenciaria para Maryland y Virginia, para después trabajar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Dirección de Gestión Humanitaria y Derechos Humanos. Renunció para trabajar como oficial de programas de Cristosal y, un tiempo después, se convirtió en consultora e hizo investigaciones para ONU, PNUD y otros organismos internacionales.

Esta entrevista fue planificada para ser realizada, al menos, en hora y media. Pero la carretera de obstáculos que es San Salvador —accidentes, tráfico, obra pública a última hora— impidió aprovechar de la mejor manera posible el tiempo.

¿Dónde estuvo usted en la Guerra Civil?

Celia Medrano.

La labor principal que yo desarrollé, durante el conflicto armado, fue la defensa de los derechos humanos desde la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental (CDHES), que fue fundada en 1979 por monseñor Romero (Óscar Arnulfo). Al igual que, desde el Arzobispado, se generó la iniciativa de la fundación de los comités de búsqueda de personas desaparecidas por parte de sus madres y familiares. Y ahí, desde esa labor, que fue un aporte fundamental en el conflicto armado, la investigación de violaciones a derechos humanos.

En ese momento muchas personas también se unieron a la insurgencia, aunque no necesariamente con un fusil.

No he sido combatiente, no he sido guerrillera, pero también, como mucha gente de mi edad, he sido parte de un movimiento de cambio que, al cerrarse los espacios de participación política, de entendimiento ciudadano y democrático, estalló en la guerra; nadie de los que vivimos esa época estuvo ajeno a ese conflicto.

¿Cuándo dice movimiento ecuménico se refiere a las comunidades eclesiales de base?

Fui parte de las comunidades eclesiales de base, principalmente del movimiento juvenil.

¿Cómo llegó a ser cónsul en el gobierno de Mauricio Funes?

No lo buscaba. Yo estaba realizando consultorías con organismos internacionales. Sin embargo, hubo una iniciativa del entonces viceministro de Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, que estaba buscando un perfil de personas de servicio en el exterior que rompiera la tradición de únicamente tramitología de documentos y que rompiera el concepto de que la diplomacia y la labor consular no es comprometida con la defensa de los derechos de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior.  Él me convocó, al igual que a otras personas con perfiles similares al mío, para invitarme a participar a ser cónsul en Houston desde la lógica de implementar un programa de protección consular a salvadoreños en Estados Unidos. Es decir: desde el entendimiento de la Convención de Viena, pero bajo la labor de que es cierto que un funcionario consular o diplomático no debe entrometerse en política ni en asuntos internos del país donde está designado, pero también es cierto que tiene la responsabilidad de proteger el debido proceso legal o el respeto al derecho a la integridad de personas salvadoreñas, sobre todo aquellas que están siendo objeto de un proceso de deportación, por ejemplo. Asumí la responsabilidad, pero se tomó la decisión por el entonces canciller de que fuera asignada a una zona aún más clave, que es la zona de Washington D.C., Maryland y Virginia. ¿Por qué? Porque es la minoría mayoritaria la integrada por los salvadoreños y salvadoreñas, es una comunidad muy exigente y es un foco mediático muy fuerte; se considera que es la capital del mundo.

¿Usted cómo llegó al ejército?

Luis Parada.

Yo había sido un excelente estudiante y podría haber tenido un futuro en cualquier profesión. Pero, la verdad, fue un despertar el ver la realidad que estaba viviendo El Salvador desde que yo tenía doce años cuando, en ese entonces, tuvo lugar en 1972 esa elección (que terminó en el triunfo de Arturo Armando Molina). Y, a esa corta edad, pude percibir que la elección había sido de una forma y que luego los resultados fueron alterados para darle la victoria al candidato oficial, del partido oficial, y que era también militar. En ese entonces, todos los presidentes eran militares que nada más colgaban el uniforme como requisito antes de postularse como candidato, pero que seguían siendo militares y ya en el poder se volvían a poner el uniforme. Vi las protestas que hubo. Vi un intento de golpe de Estado que hubo queriendo revertir ese fraude electoral, que a pesar de que yo no conocía todos los términos, era evidente que había sucedido y empecé a ver la gran importancia que tenía la Fuerza Armada en la vida nacional. Pero vi cómo también cuando los que ejercen el poder, de una forma contraria a las reglas democráticas y utilizan la fuerza para imponer esas decisiones que han tomado, esas decisiones generan más descontento.

Luego, a la edad de 17 años, vi la otra gran lección, similar, donde una coalición de partidos de oposición, a todas luces ganó la elección, y le fue impedido asumir; desde que tenía la edad de 16 años yo veía que El Salvador iba dirigido a un gran conflicto social y que probablemente iba a llegar a ser un conflicto armado. Vi lo malo que estaba sucediendo de lado del gobierno, por otra parte, también vi cómo esas actuaciones de parte del gobierno habían empujado a la oposición democrática a alianzas con un sector que era bastante radical, o sea, ellos se oponían al régimen que existía, pero la respuesta que brindaban era una solución… bueno, tal vez tenían bastante en común y que era la imposición de una ideología que no era la democrática, y yo pensaba que no podía El Salvador estar atrapado entre dos extremos: entre el autoritarismo y el totalitarismo. Al final son dictaduras y todas las dictaduras son malas.

Entonces, ingresé a la Fuerza Armada como un joven idealista, pensando en que cómo iban a cambiar las cosas si la gente buena no se metía a participar en las instituciones que controlaban el poder. Y yo entré de una forma muy idealista, y te digo que, a pesar de que de eso ya pasaron bastantes años, yo todavía soy un idealista, yo todavía pienso que la gente buena tiene que meterse a participar donde se controla el poder y, entre más alto (jerárquicamente hablando), se necesita gente más íntegra, gente mejor, para que fluya un liderazgo positivo, de verdad, de razonamiento.

¿Y de dónde le viene esa idea?

Si alguien tiene poder, el poder tiene que ser ejercido de una forma responsable. Yo me consideraba-me considero-me he considerado siempre una persona honesta, capaz. Pensé que, por el futuro de El Salvador, valía la pena hacer el intento de que las cosas cambiaran; no tiene que haber una guerra para que las cosas cambien, las cosas pueden cambiar desde adentro.

Cuando una persona así está adentro, ya es un agente de cambio positivo y, a medida que vas subiendo en posición de autoridad, puedes tener una influencia mayor. Entonces, mi idea era tener una influencia de adentro para que ninguno de los extremos pudiera tener éxito, porque los extremos nos llevaban a soluciones completamente equivocadas y completamente contrarias a lo que El Salvador necesitaba.

¿Sufrió abusos mientras estuvo en la Escuela Militar? ¿Nunca recibió órdenes que estuvieran fuera de sus principios?

Ingresé a la Escuela Militar de El Salvador en enero de 1980 y estuve seis meses porque, en esos seis meses, fui becado por el gobierno de Estados Unidos, luego me fui a la Academia Militar de West Point por cuatro años. Allá me gradué de oficial.

O sea que usted fue formado en Estados Unidos.

La formación completa la tuve allá. En esos seis meses, te recuerdo, son seis meses a partir de enero de 1980, el año en que comenzó el conflicto armado, pero también inmediatamente después de un cambio radical en el Gobierno de El Salvador, un golpe de Estado que fue iniciado por militares de grados menores, o sea, eran intermedios, queriendo evitar que se siguiera el rumbo que llevábamos con el gobierno de un general, Carlos Humberto Romero, que iba a llevar a El Salvador a un rumbo como la caída del somocismo en Nicaragua, que acababa de suceder. Y el director de la Escuela Militar, el coronel Majano(Adolfo), fue precisamente una de las personas que impulsó ese golpe, y fue miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno. A partir de entonces se instituyó, digamos, un cambio bastante liberal en el trato a los cadetes en la Escuela Militar. Por ejemplo, se prohibieron los castigos físicos y golpes, sin embargo, no se eliminaron completamente.

En lo personal: faltaban pocas semanas para irme a West Point, ya estaba seleccionado; un día de esos los cadetes más antiguos nos levantaron a todos (cadetes nuevos) a las dos de la mañana a flexionar por más de una hora en la ducha, después íbamos saliendo uno por uno y nos iban dando una pequeña golpiza, excepto a mi persona: cuando reconocieron que era yo, que no solo era el comandante de mi curso por tener el primer lugar en las notas, sino también porque ya estaba seleccionado para irme a West Point, me trataron con especial atención, tanta que quedé inconsciente, con convulsiones, y recuerdo despertarme y ver a varios cadetes de años superiores muy preocupados, que tal vez me les podía morir. Gracias a dios no pasó a más y pude darme cuenta que sí se abusaba del mando, del poder, en cosas que formalmente estaban prohibidas, pero informalmente todavía se hacían. Esa fue mi primera experiencia en la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace.

¿Reconoció a quiénes participaron en esa golpiza?

No supe quiénes eran porque tenían sus rostros cubiertos y estaba oscuro. Sin embargo, uno de ellos, por su complexión física era… no había otra persona que tuviera la misma complexión física. Claro que tenía una idea. Ese día hubo varios incidentes similares, no solo con los cadetes de primer año, sino también con los de segundo año. Y tanto que llevó a una investigación al día siguiente, en la mañana, el mismo director de la Escuela Militar me mandó a llamar y me dijo que entendía que yo había sido golpeado y me dijo que quería que yo le diera los nombres.

¿Por qué aceptaron ser candidatos en este contexto?

Celia Medrano.

Porque hay que hacerlo. Es fundamental brindarle alternativas a las personas sin engañarlas, sin decirles que es una elección normal; no es una elección normal; sin engañar a las personas de que es una elección muy difícil, pero realizable, en función de las decisiones que tomen. Hemos hablado con personas que no están contentas con lo que sucede, pero tienen mucho temor de decirlo: los empleados públicos que son obligados a darle like y a usar sus redes sociales para reproducir la propaganda gubernamental o se quedan sin trabajo, que están sufriendo en carne propia las consecuencias de perder su trabajo si levantan la voz, y que les están pagando tarde, les están obligando a hacer horarios y labores que no tienen nada que ver con su capacitación, con su entrenamiento y sus capacidades y, además, están con miedo permanente a perder su trabajo porque ya vieron antecedentes de que cualquiera que alce la voz es agredido y despedido.

Partiendo de eso también hemos hablado con personas que, en el marco de la situación de seguridad que se nos propagandiza frecuentemente, nos han dicho que han pasado de una gobernanza criminal a presión permanente de soldados y policías, de un acoso de grupos pandilleriles al acoso de niñas en las escuelas por parte de soldados en las afueras de las escuelas, que acosan a niñas de doce-trece años y los maestros saben que no pueden denunciarlo públicamente; tienen mucho temor de que si denuncian les apliquen un régimen (de excepción) que está hecho para el control social. Hay muchas personas con las que hemos hablado en ese marco, además de una situación micro económica, que está impactando y siendo vivida por la población de manera cotidiana. Si bien es cierto la data macro económica nos arroja, nos dice que somos más pobres de lo que éramos antes del 2019, conversarlo con personas que nos han dicho que han tenido que suspender un tiempo de comida porque no les alcanza, es una situación muy dura que exige hacer.

¿Qué los diferencia a ustedes de Manuel Flores o Joel Sánchez?

Luis Parada.

Primero, desde mi perspectiva, quiero responder la pregunta que le hiciste a Celia. Yo no estaba buscando ser candidato, a mí, como a Celia, nos buscaron organizaciones de sociedad civil para plantear la necesidad de participar.

Yo lo hice porque sentía que era necesario darle una alternativa a la gente. En lo personal, lo que me movió a hacerlo era pensar que tanto había dedicado de mi vida a querer enrumbar al país en la dirección correcta a través de los cambios en el profesionalismo de la Fuerza Armada, que dejara de ser un actor político y se convirtiera en el garante de la soberanía nacional en el territorio de la república y, en casos excepcionales, ayudar en las tareas de seguridad pública y que, en febrero de 2020, que el presidente actual de la República comienza a abusar de la Fuerza Armada y a utilizarla como un instrumento para su poder personal, para intimidar a los demás actores políticos, a los órganos del Estado, a la oposición, a la sociedad civil.

¿Es viable pensar en la disolución de la Fuerza Armada?

La conducta en la que el presidente de la República ha hecho incurrir a la Fuerza Armada es responsabilidad de su Alto Mando Conjunto: ministro de la Defensa, jefe del Estado Mayor Conjunto, los subjefes, todo ese conjunto de oficiales que se han aprovechado de una regla de obediencia que existe dentro de cualquier organización militar. Y también se han aprovechado de una vulnerabilidad que no se solucionó después de los Acuerdos de Paz. Entonces, para asegurarse de que los hechos violatorios de los derechos humanos y la injerencia de la Fuerza Armada en la política no continuara, yo lo que le sugerí fue una cosa elemental, importantísima, y eso es, además del respeto del poder militar al poder civil, fue el concepto del límite de la obediencia, que aún en una organización en la que la obediencia es tan importante, como lo es para la Fuerza Armada, no es una obediencia sin límites y tiene que quedar claro, tanto en el juramento como en la educación militar, que la obediencia de un militar está limitada a lo legal, que solamente las órdenes legales de un superior deben ser obedecidas, y como contraparte o corolario a eso, que cualquier orden ilegal debe ser desobedecida. Esa parte nunca se hizo, nunca se cambió el juramento militar, nunca se incorporó en la doctrina militar ese sentido del límite de la obediencia a las órdenes legales y por eso es que se dan este tipo de cosas.

Yo creo que es demasiado pronto para hacer conclusiones como las que tú dices, pero definitivamente estos son momentos cruciales para la Fuerza Armada. Como lo fueron durante las negociaciones de los Acuerdos de Paz. Yo estaba en Washington y estaba apoyando al embajador de El Salvador en sus actuaciones con el Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Congreso y el Pentágono y, te voy a decir que había gente, en los altos niveles del gobierno de Estados Unidos, que se estaba preguntando si, la propuesta del FMLN para los Acuerdos de Paz, que era la disolución de la Fuerza Armada, si tendría cabida darle un pensamiento serio. Precisamente porque, desafortunadamente, también mal guiados por el alto mando de la Fuerza Armada, había bastante obstruccionismo para, por ejemplo, hacer una investigación real y llevar justicia en el caso de los sacerdotes Jesuitas. Eso fue un trabajo que tuvimos que realizar para dar confianza y crear fe en que la Fuerza Armada podía cambiar. Ahora, tres décadas después, al caer en esto lo que nos dice es que el trabajo fue incompleto y hay que completarlo, y sería voluntad de la Fuerza Armada ser parte de ese cambio. Si no lo hace, en realidad, esa pregunta que tú me hiciste se la va a estar haciendo mucha más gente en El Salvador.

¿Considera usted, Celia, deseable disolver la Fuerza Armada?

Celia Medrano.

Es un punto que debe discutirse, incluyendo la importancia de que la misma Fuerza Armada juegue el rol constitucional que tiene asignado. Usted hacía la pregunta de qué hacemos con una fuerza armada altamente politizada que responde a un liderazgo que, ciertamente, es el jefe de la Fuerza Armada, pero que no está facultado para exigirle, pedirle, ordenarle a la Fuerza Armada violar derechos humanos. Si bien el principio de obediencia debida es un principio de derecho internacional, que debe de ser respetado aún en un conflicto armado, aún en una guerra, un buen soldado, un buen jefe militar está obligado a no obedecer una orden si ésta viola derechos humanos. Y, en el caso de El Salvador, si ésta viola su mandato.

Es la misma Fuerza Armada la que se está dañando al permitir que se militarice la política con fuerza de bota militar, cuando permite ser instrumentalizada para imponer beneficios políticos y decisiones de carácter político a través de los militares. Es la misma Fuerza Armada la que está labrando institucionalmente su daño y destrucción, al permitir ser instrumentalizada para militarizar la política en función de los intereses de una familia y en función de los intereses de grupos de poder que controlan Casa Presidencial actualmente. Entonces, es la acción de la Fuerza Armada la que obligaría a un liderazgo determinado, democrático, a revisar si la Fuerza Armada tiene razón de existir si únicamente es instrumentalizada con finalidades políticas del gobierno de turno.

Me consta de graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Fuerza Armada por órdenes de sus superiores, y he trabajado toda mi vida en función de la protección de esas personas contra ese tipo de situaciones vividas por mí misma: he sido detenida por la Guardia Nacional, por la Sexta Brigada de Infantería, torturada por la Policía Nacional de la época y, aun así, desde una labor de defensa de derechos humanos asumí, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental, el dar talleres a patrulleros dentro de un programa del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en pleno conflicto. Y fui de las primeras en ser certificadas por ONUSAL para trabajar en la formación de los derechos humanos en instancias estatales, incluidas la FAES y fuerzas policiales.

¿Qué quiero decir? Que es fundamental apostar y trabajar en la formación de elementos militares y policiales que respondan a principios de derechos humanos, a las leyes, si queremos que estas instituciones funcionen. Desde el momento en que se adultera y se empieza a generar una policía nacional militarizada, con doctrina militar como la tuvimos durante la guerra… por eso se anularon la Guardia Nacional, la PN y la Policía de Hacienda. Porque, al desnaturalizarse y prostituirse la labor de estos actores para convertirlos en los vigilantes y los garantes con fuerza militar y policial de los intereses de sectores de poder, perdieron toda su naturaleza y se justificaron en violaciones graves a derechos humanos y fueron altamente odiados por la población. Y en ese marco volver a tener una policía militar, una policía militarizada que hace mucho perdió su naturaleza civil; y volver a tener una fuerza armada en función de esos intereses de poder, desnaturaliza las mismas instituciones, degrada a los mismos policías, degrada a los mismos militares. Es fundamental devolver a ambas instituciones a las labores legales y a principios de derechos humanos de los que nunca debieron de retirarse.

¿Eso implicaría pensar en purgar tanto a la PNC como a la FAES?

Luis hablaba de aspectos que quedaron pendientes de los Acuerdos de Paz. En el caso de la PNC, hubo una decisión que la podemos entender retroactivamente en la necesidad de tomar decisiones lo más consensuadas posibles, pero fue un error y yo lo señalé en la época, al igual que otros analistas y defensores de derechos humanos, de que la nueva PNC no podía estar integrada por excombatientes y mandos de la guerrilla, y mucho menos de los cuerpos de seguridad que habían sido disueltos. Ahora tenemos un director (Mauricio Antonio Arriaza Chicas) de la Policía Nacional, ya no la llamaré civil, que es el mejor ejemplo de esa vieja práctica de instrumentos policiales y de seguridad pública que actúan sobre una base militar y con una instrumentalización política, que está regresándonos al pasado que nos llevó al conflicto armado. Más que una purga, lo que se necesita es garantizar la profesionalización del actuar de estas instancias; porque, al alejarse de esa labor profesional, constitucional y legal, son estas mismas instancias las que se condenan, tarde o temprano, a su desaparición.

Cambiando de tema: ¿qué opinan del ajuste fiscal implementado por el Gobierno?

Celia Medrano.

A nivel fiscal esta gestión gubernamental ha fracasado totalmente. No ha tenido capacidad eficiente de recaudación y ha debido recurrir a violación de leyes para poder apropiarse del dinero de pensiones; ha tenido que obligar a la banca privada a aceptar la deuda corta de bonos (LETES y CETES) para recurrir a un fondo que jamás deberían de tocar que es la reserva de liquidez. También ha instrumentalizado el Banco Central de Reserva (BCR) para utilizar sus fondos en función del malgasto público, en una serie de gastos decorativos en función de propaganda y en función de contratar, de ampliar los empleados públicos a un nivel no visto antes, sin garantizar que haya procesos transparentes de que sean personas contratadas por idoneidad, capaces, profesionales y sin ni siquiera estar claro cuál va a ser su rol.

Este Gobierno tiene una alta carga de contrataciones, supera la de la empresa privada, es altamente grave y dependemos totalmente de las remesas; un 25% del PIB son las remesas que salvadoreños pobres envían a los salvadoreños pobres de acá. Partiendo de realidades como estas lo que hay es un malgasto público en función de propaganda y proselitismo, instrumentalizando las instancias estatales como plataformas políticas de proselitismo electoral, violación de las leyes, falta de transparencia, que están llevando al país a una crisis económica sin precedentes. Se está haciendo historia en materia de crisis económica a la que nos están llevando y, desde ese punto, es urgente poder reactivar mecanismos de transparencia, por ejemplo, de información pública, para saber qué se nos está ocultando con respecto al uso de los pocos recursos de los que podría disponer este gobierno y, lo más grave, el endeudamiento público que es el más alto visto en los últimos 30 años.

¿Tendrá el Gobierno que pensar en medidas de reparación para los 7 mil exprivados de libertad que, según el ministro Gustavo Villatoro, han sido liberados?

Luis Parada.

Sí, claramente. El Estado salvadoreño, el Gobierno actual, ha incurrido en muchas fallas en la forma de implementación de las capturas masivas que comenzaron a hacer durante el Régimen de Excepción que, sin ninguna evidencia, a veces nada más respondiendo a cuotas que les daban los jefes, hacían redadas de gente por el delito de ser joven, con el agravante de ser pobre, o con el agravante de vivir en una zona rural, o con el agravante de vivir en una comunidad que históricamente ha estado organizada y que se ha opuesto cuando ha habido violaciones de derechos de parte del Gobierno. Esos no son crímenes, no son delitos, no debería estar esa gente ahí.

Qué irónico que están acusando a las personas de delitos de lesa humanidad, (hablando de) los ambientalistas de Cabañas, que en realidad están presos desde hace más de siete meses por haberse opuesto a la minería metálica en El Salvador; los están acusando de delitos de lesa humanidad porque dicen que mataron a una persona en 1989, sin que haya nada de evidencia y, al mismo tiempo, ellos están incurriendo en delitos de lesa humanidad.

Indudablemente esos funcionarios han incurrido en delitos, en responsabilidad penal y han involucrado en la responsabilidad al Estado de tener que darles indemnización a estas personas. Yo le hago un llamado al Gobierno a que cese esa violación, que cese la represión, como dijo monseñor Romero. Porque sí: están violando derechos humanos.

¿No se sienten en desventaja al competir contra el presidente Bukele?

Nosotros sabemos que estamos en lo correcto y lo legal y tenemos que defender a esta gente que no tiene nadie quien la defienda, tenemos que defender al resto de la gente a quien la ha engañado el Gobierno, pero que está sufriendo las consecuencias de una desastrosa economía, de una seguridad que está muy bien pero que es insostenible, que ni siquiera sabemos con qué bases falsas ha sido construida.

Nos hemos metido a esto, precisamente, porque sabemos que las circunstancias están como están. Nosotros somos patriotas, somos valientes y somos luchadores. En circunstancias normales no nos habríamos metido a andar…estamos aquí precisamente porque somos las personas indicadas y, como tu habrás visto en nuestra trayectoria de vida, esto nos llevó a esta situación.

Además, nos estamos enfrentando, si el presidente cumple lo que ha dicho de buscar la inscripción de una candidatura claramente inconstitucional, ilegal e ilegítima, y el TSE, como ya ha adelantado criterio la mayoría de los magistrados, inscriben esa candidatura, será una candidatura ilegal que no puede dar lugar a otro gobierno. Si se presenta a elecciones y, de cualquier manera, ganara las elecciones, no habría un gobierno legítimo, constitucional y legal, al que ningún salvadoreño debería hacerle caso, ni siquiera considerarlo como gobierno; al que la Fuerza Armada tendría, respetando la Constitución, que desconocer como comandante general de la Fuerza Armada. Yo le hago un llamado al presidente de la República de que desista de sus fantasías de ser dictador y que, si quiere que continúe su proyecto, que busque a otra persona de candidato, porque nosotros no estamos compitiendo con él porque sería una candidatura ilegal, e inconstitucional y por lo tanto inválida, no existiría.