Animales en peligro y amenaza de extinción están en riesgo de morir como consecuencia de la construcción del viaducto Francisco Morazán y la ampliación de la carretera Panamericana, en Los Chorros, entre Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, en La Libertad. La infraestructura vial provocará la destrucción parcial de la Cordillera del Bálsamo y del área de conservación El Playón, ecosistemas en el que habitan aves, mamíferos y reptiles. Las especies serán desplazadas y, en el peor de los casos, pueden ser atropelladas en una zona con permanente alta carga vehicular, según advirtieron dos informes oficiales del proyecto: el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el permiso firmado y sellado por Fernando Andrés López Larreynaga, ministro de Medio ambiente y Recursos Naturales (MARN).
La obra, que fue una de las promesas de campaña del presidente Nayib Bukele, también afectará bosques, contaminará tres ríos, disminuirá las recargas acuíferas y dejará temporalmente sin agua a más de 37 mil personas de Colón, debido a que sistemas de agua y fuentes naturales «van a desaparecer».
Para esta investigación, Revista Elementos y Quorum de Guatemala analizaron decenas de documentos oficiales: el estudio de impacto ambiental del MOPT, el permiso ambiental aprobado, informes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), resoluciones de acceso a la información pública y mapas satelitales del área afectada. Fueron entrevistados, además, biólogos, expertos en temas hídricos y de compensación ambiental, así como también funcionarios públicos.
Responsables de la destrucción
El 26 de agosto de 2019, Edgar Romeo Rodríguez Herrera, ministro del MOPT, presentó el formulario ambiental ante el MARN, con el fin de iniciar los trámites para que el proyecto obtuviera el permiso. La solicitud fue registrada en el Sistema de Evaluación Ambiental con la referencia NFA653-2019.
El MARN calificó las construcciones en Los Chorros con la más alta categoría ambiental: Moderado-alto. Según el informe de «Categorización de Actividades Obras o Proyectos de 2014», estas construcciones y su posterior funcionamiento se caracterizan por provocar daños de gran extensión a los ecosistemas y la biodiversidad con consecuencias irreversibles, permanentes y acumulativas.
Debido a esa categorización, el MARN solicitó al MOPT un estudio de impacto ambiental, que fue presentado el 8 de abril de 2022. Un año y dos meses después de esa fecha, López Larreynaga aprobó el permiso para la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera, según consta en la resolución MARN-NFA653-2019-R-550-2023, del 4 de julio 2023.
El proyecto aprobado consiste en la intervención de 14.64 kilómetros de la carretera Panamericana, que iniciará desde el sector de las Delicias, de Santa Tecla, (kilómetro 13+560) hasta el redondel del Boulevard Claudia Lars, conocido como desvío de Opico, en San Juan Opico, (kilómetro 28+321).
La construcción está dividida en tres tramos: el primero contempla la ampliación de la carretera a ocho carriles —cuatro por sentido vial— desde la intersección del bulevar Monseñor Romero hasta el turicentro Los Chorros; el segundo, será la construcción del viaducto en el lateral izquierdo de la carretera, que contará con ocho carriles, desde la zona de los talleres TADISAS hasta la entrada de Colón. Finalmente, el tramo tres continuará con la ampliación de los ocho carriles desde Colón hasta el desvío a Sonsonate, conocido como el Poliedro. Desde ese punto hasta el periférico Claudia Lars tendrá seis carriles, tres por sentido vial. Además, serán construidos tres retornos, un acceso a la zona urbana de Colón, un mirador, carriles para ciclistas y una estación de descanso para motoristas del transporte colectivo, según detalla el informe del MOPT.
Los tramos con mayor afectación ambiental serán el 1 y 2, ubicados desde el Km 13 de la Panamericana hasta la entrada de Colón, según indica el estudio.
Los trabajadores del MOPT iniciaron este año las labores de terracería en el área natural de Los Chorros, que es zona de paso, refugio y fuente de alimentación de los animales. Las obras están destruyendo el hábitat de las especies, provocan desplazamiento y probablemente también caza furtiva.
El estudio ambiental advierte de «atropellamiento de la fauna por vehículos que circulen por la carretera y maquinaria del proyecto producto de la migración de la misma por la pérdida de hábitat».
Según informes del MOPT, las especies de animales que están en riesgo de morir son: ardillas grises, mapaches, cotuzas, venados de cola blanca, el pericón verde, el chocoyo, la catalnica, el garrobo, la iguana verde, el tepezcuintle y la culebra bejuquilla; las últimas ocho especies se encuentran en el Listado Oficial de Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en Peligro de Extinción del MARN, que fue actualizado el 18 de septiembre de 2023. Estas especies fueron incluidas en el listado porque su población y su hábitat se han reducido a «niveles críticos», siendo propensas a desaparecer o exterminarse en el país.
En la carretera Los Chorros ya se registró el atropellamiento de una iguana, dijo Claudia Martínez, bióloga del equipo ambiental de la empresa Dongbu Corporation, durante la jornada de capacitación ambiental con pobladores del municipio de Colón, en la tarde del sábado 13 de abril de 2024.
Explicó, además, que ya fue registrado el atropellamiento de una iguana. «Lastimosamente un carro le pasó en la colita. En este caso, cuando el animal está herido lo llevamos al centro de rescate de fauna silvestre del MARN, en la colonia San Francisco, y ya ellos ven el destino final», agregó.
Según Luis Girón, biólogo especialista en fauna silvestre, las especies cumplen importantes funciones naturales: las ardillas y las cotuzas reforestan por medio de la dispersión de semillas, es decir, mientras comen frutas van dejando por el camino las simientes; el venado de cola blanca y el tepezcuintle controlan la flora, frenan la sobrepoblación de árboles y son alimento para depredadores; el mapache controla algunas especies de crustáceos; y los reptiles y las lagartijas controlan las poblaciones de insectos.
«Si hay una remoción de árboles y la fauna se puede movilizar no hay muchas consecuencias. Caso contrario, si el área boscosa se mantiene y si estas especies son eliminadas ahí puede haber un impacto, un problema en el ecosistema. Se disminuiría el control de insectos, de otras especies y no habría dispersión de semillas para que nuevas especies de árboles se puedan propagar en otros sitios», explicó Girón.
De igual forma, 1 mil 220 individuos de aves, entre residentes y migratorias, serán afectadas por el proyecto. Del total, 61 especies se encuentran en la categoría de especie en amenaza de extinción.
El biólogo y especialista en avifauna, Nestor Herrera, consideró que los impactos en el hábitat de las aves no sería muy significativo, ya que algunas especies son generalistas. «Significa que las afectaciones y cambios que sucedan no serán críticas para la sobrevivencia de las especies, porque ya de por sí son especies adaptables y resilientes», dijo.
La tarde del jueves 8 de febrero, Revista Elementos preguntó al ministro López Larreynaga las razones del por qué había firmado y sellado el permiso ambiental del proyecto y cuáles fueron las bases técnicas ambientales para autorizar la obra. El funcionario se limitó a decir que desconocía el número de referencia del permiso.
Destrucción de bosque, suelo y fuentes de agua
Para ejecutar el proyecto, el Gobierno talará 5 mil 772 tipos de árboles y arbustos. De estos, 526 fueron incluidos en el listado del MARN de las especies en amenaza y peligro de extinción, entre ellos: El Pino, el Caoba, el Bálsamo, el Conacaste Blanco, la Mano de León, entre otras, según verificó Revista Elementos.
La deforestación en la Cordillera del Bálsamo se sumará a la destrucción de bosque que ya existe en Colón: entre 2001 y 2022 perdió 226 hectáreas equivalentes a una disminución del 4.9 por ciento de la cobertura arbórea desde el año 2000, según registró Global Forest Watch. Este sistema de monitoreo de información mundial registró 35 alertas de deforestación en el municipio entre febrero de 2022 y enero de 2024.
Las obras de terracería están dejando daños ambientales en parte del área de conservación El Playón y la Cordillera del Bálsamo. Fotografías: Marvin Diaz.
El diseño del proyecto establece la modificación de 420 millones 920 mil metros cuadrados, abarcando desde el kilómetro trece de la Carretera Panamericana hasta la entrada de Colón, lo que alterará los suelos de la Cordillera del Bálsamo y el Playón, un área que, por ejemplo, representa cinco veces más la zona de construcción de Metrocentro, en San Salvador.
Colón cuenta con una de las mayores reservas de agua. El área posee una potencial recarga acuífera que va desde los 200 hasta los 600 milímetros de agua promedio al año, según el Visualizador de Información Geográfico de Evaluación Ambiental (VIGEA) del MARN.
Esta importante recarga acuífera, y otras zonas del proyecto, ya no tendrán la capacidad de infiltrar el agua lluvia, como consecuencia de la impermeabilización de 771 mil 571 metros cuadrados, que representa un incremento del 77.19%. El área afectada representa 11 veces el terreno del parque Cuscatlán, en San Salvador.
Celia Monge, especialista en hidrogeología, afirmó que las zonas impactadas podrían tener menos recarga acuífera por la falta de infiltración del agua, afectando principalmente nacimientos locales. «Habrá un impacto en la disminución, probablemente sí, pero habría que realizar un monitoreo muy minucioso e importante para ver cuánto es esa medida», reiteró.
La obra también dañará varios sistemas de aguas que se encuentran ubicados en el kilómetro 18 de la carretera, frente al balneario Los Chorros. Una planta de acopio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y sistemas privados «van a desaparecer», así lo especifica el estudio ambiental del MOPT. A estas fuentes llegan camiones cisternas —pipas— a traer agua para transportarla a comunidades afectadas por el desabastecimiento, principalmente en los municipios de Colón, Santa Tecla y Comasagua.
De acuerdo con el informe, en la etapa de construcción 64 colonias y residenciales, ubicadas en Colón, sufrirán cortes del servicio de agua potable, es decir, habrá racionamiento. Es un estimado de 20 mil 583 hogares y 16 mil 631 personas afectadas que viven en Las Moras, Lourdes, Cobanal y el cantón El Manguito.
La falta de agua ya está afectando a las poblaciones de San José del Río 1 y 2, colonia El Mirador, El Poliedro y Las Moritas. ANDA ha racionado el agua para estas comunidades, así lo denunciaron una decena de líderes de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) de Colón.
Para atender la falta de agua en Colón, el MOPT propone medidas de abastecimiento a través de pipas cisternas y restablecer el servicio de agua.
El proyecto también contaminará tres cuencas que se encuentran en el Playón: El río Los Chorros (quebrada el Guarumal y río Colón), río Belén, río Agua Amarilla y los drenajes naturales en época lluviosa. El estudio de impacto ambiental señaló que los sedimentos (desechos) generados por los movimientos de tierra llegarán a contaminar los cauces.
«Estos movimientos de tierra, pueden ser arrastrados por efectos de erosión a zonas cercanas a cauces de aguas, especialmente en los puntos de descarga actuales del drenaje», señala el informe.
Una planta de acopio de ANDA y sistemas privados de agua desaparecerán por la construcción del proyecto. Son 64 colonias y residenciales, ubicadas en Colón, no tendrán agua. Fotografías: Marvin Diaz
Por los daños ambientales, tanto en el área de conservación y en otros tramos de la carretera, el MOPT pagará 1 millón 181 mil 931.81 dólares en concepto de fianza ambiental.
Luis González, abogado de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) recordó que desde el año 2014 existen tribunales ambientales que, de oficio, pueden iniciar investigaciones cuando haya peligros inminentes a los bienes ambientales y, si es necesario, emitir medidas cautelares. En 2021, por ejemplo, el exministro Orestes Ortez fue condenado civilmente por la deforestación en el cerro El Águila, en Ahuachapán.
«Perfectamente pueden iniciar una investigación para comprobar la legalidad o no legalidad, si se ha hecho un estudio de impacto ambiental, si ha habido consultas públicas y, partiendo de esto, puede generar medidas cautelares para detenerlo o una resolución que sancione a las autoridades por no dar un seguimiento adecuado», agregó sobre la construcción del viaducto en Los Chorros.
El Salvador, sin embargo, desde mayo de 2021 vive un momento muy particular: el de la ruptura evidente de la separación de poderes y el castigo de los funcionarios que pretendieron resguardar la autonomía de sus competencias. En ese mes la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, dio un Golpe de Estado a la cúpula del Órgano Judicial, luego los diputados purgaron a una parte de los jueces y los magistrados impuestos trasladaron o jubilaron a otros que, en algún momento, trataron de controlar las acciones de los funcionarios gubernamentales, principalmente los cercanos al presidente Bukele.
López Larreynaga, un arquitecto de profesión, fue nombrado por Bukele en el Ministerio. Ellos tienen una historia personal y política compartida: el primero se desempeñó como gerente de catastro durante la administración del segundo en la alcaldía de San Salvador, en el periodo 2015-2018 y fueron enjuiciados por presuntas irregularidades administrativas en la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) por el arrendamiento del Mercado Cuscatlán.
El ministro es miembro fundador de Nuevas Ideas y fue designado para participar en el conteo de votos de las elecciones presidenciales del 4 de febrero de 2024, en las que su amigo personal fue reelecto, no obstante, la Constitución de la República prohíbe la reelección inmediata.
Medidas de compensación ambiental
Para compensar las afectaciones ambientales que dejará el proyecto, el MOPT propone varias medidas, entre ellas: el monitoreo de la calidad de agua en los ríos; la reforestación de 27 mil 171 árboles en las Áreas Naturales Protegidas San Lorenzo y Talcualuya, ubicadas en La Libertad y Chalatenango, respectivamente; la construcción de un pequeño corredor dentro de la obra de drenaje para que las especies se puedan movilizar y señalizar la carretera, entre otras.
Blanca Estela Juárez, especialista en compensación ambiental, consideró atinadas las medidas ambientales propuestas por Obras Públicas; sin embargo, lamentó que en las Áreas Naturales Protegidas no exista un manejo de la cobertura boscosa.
Para este tipo de proyecto, dijo la experta, debe considerarse hacer “acciones previas” para la protección de la fauna de la zona. Además, lamentó que la mayoría de las medidas de compensación ambiental se hagan durante o después de la construcción de los proyectos. «Cuando las construcciones empiezan, los animales buscan intuitivamente los lugares de escape. Ellos son así. El que se les provea un mecanismo para trasladarse es bueno, pero no debió ser posterior sino antes», explicó.
«Nosotros vamos adelante de los taladores, revisamos el área, si en algún dado caso, algunos de los compañeros de los diferente puestos de trabajo encuentran un animal, nos llaman, preguntamos los datos y lo reubicamos».
El 4 de abril, Revista Elementos envió dos correos, uno a la gerente de comunicaciones y educación ambiental del MARN, María José Guzmán Pinto, y otro al despacho del ministro, para solicitar una nueva entrevista con López Larreynaga. Al cierre de esta nota no hubo respuesta a las peticiones.
El contrato oculto
El MOPT decidió ocultar la información de licitación, adjudicación y los contratos que firmó con Dongbu Corp y Dohwa Engineering, empresas surcoreanas, que fueron seleccionadas para la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera; esta información fue reservada por tres años, es decir, hasta el año 2027, según consta en la respuesta que envió la oficina de acceso a la información de esta institución a Elementos.
El 10 de enero de 2024 fueron solicitados los contratos firmados entre el MOPT y las empresas seleccionadas para la supervisión, construcción y ampliación de la carretera Los Chorros; también, el listado de las que participaron en el proceso de licitación con sus respectivas ofertas económicas y bases técnicas. En respuesta, la Dirección de Planificación y la Unidad de Compras Públicas, dijeron que la información no podía entregarse porque se encontraba en reserva desde el cinco de enero de este año, es decir, cinco días antes de haberlos pedido, siguiendo los mecanismos establecidos en la todavía vigente Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
A pesar de que el ministerio ha reservado la información a los salvadoreños, el ministro Herrera insistió en que el proceso de licitación, adjudicación y el contrato fue transparente y abierto a la prensa. La única información pública que se conoce del proyecto es la que comparte el Ministerio en sus redes sociales y en las de los medios de comunicación oficialistas: anuncios de las fechas de licitación, conferencias, avance de trabajos de la obra, entre otros.
Desde hace cuatro años el Gobierno ha ocultado más y más información que, por ley, debe ser de acceso público para todos los ciudadanos. Durante la cuarentena para disminuir la propagación del coronavirus, por ejemplo, el Ministerio de Salud (MINSAL) declaró secretos los contratos y los montos de las compras de vacunas anticovid y del plan de vacunación. Progresivamente el secretismo se ha extendido a todas las instituciones estatales: Policía Nacional Civil (PNC) que a mediados de 2022 ordenó reserva para las estadísticas de homicidios, feminicidios, denuncias de desaparición de personas, de hallazgos de cementerios clandestinos; el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) que se niega a dar a conocer las cifras de la compra de armas y equipos militar, entre otros. Este patrón lo han documentado oenegés como Acción Ciudadana y Cristosal. Antes de la administración presidencial de Bukele, en estos casos la ciudadanía solíar presentar recursos de apelación en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Desde finales de 2020, sin embargo, los comisionados impuestos por Casa Presidencial se han negado a resolver a favor de los apelantes.
El 6 de marzo, Elementos presentó una solicitud, a las oficinas de Dongbu Corp, ubicada en 101 av. Norte y, C. Jose Martí # 582, en San Salvador, para entrevistar a los representantes de la empresa. Al cierre de este artículo no había respuesta.
El 24 de mayo 2022, el MOPT y el Ministerio de Hacienda invitaron a las empresas a participar en el proceso de licitación para la construcción del proyecto. Casi un año más tarde, el 20 de mayo de 2023, el MOPT adjudicó la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera a la empresa de Corea del Sur, Dongbu Corp. Además, Dohwa Engineering Co. fue seleccionada como consultora del proyecto, según publicó la agencia surcoreana Yonhap.
La obra costará al Estado salvadoreño 410 millones de dólares de los cuales 210 millones de dólares los aportará Corea del Sur por medio del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF, por sus siglas en inglés), mientras que el monto restante será financiado con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según Yonhap.
Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, aprobó al gobierno un préstamo total de 361 millones 800 mil dólares del BCIE.
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