Nunca recibieron un correo oficial.

Karla Díaz fue auxiliar de cátedra del departamento de periodismo. Durante once meses su trabajo consistió en apoyar los procesos de aprendizaje de 636 estudiantes de la que es una de las carreras con más demanda en la Universidad de El Salvador. Fue, según sus palabras, «bastante agradable». Hasta que, de un día para otro, terminó. «Me llegó el rumor de que el programa iba a ser pausado por las crisis financieras», recordó.

Julio César Grande, decano de la Facultad de Ciencias Y Humanidades, explicó que esa política de ahorro ha implicado, además de la suspensión del programa de auxiliares de cátedra, recortes para el mantenimiento de los edificios o compra de materiales didácticos, la imposibilidad de la contratación de nuevos docentes, entre otros. «Los edificios están con una limpieza deficiente porque no tenemos los recursos para, por ejemplo, detergente», detalló.

A principios de abril la Asamblea General Universitaria —una de las principales autoridades institucionales— calculaba que, de seguir el Gobierno de Nayib Bukele negándose a pagar sus obligaciones con la autónoma, la deuda aumentará de unos 52 a más de 90 millones de dólares al cierre de 2024.

En diciembre de 2022 el Ministerio de Hacienda adeudaba a la UES más de 16 millones de dólares. A finales de 2023 la deuda ascendía a 27 millones de dólares.

Hasta este momento no existe claridad de por qué el Gobierno se ha negado a pagar a la única universidad pública de El Salvador. Lo que sí es claro es que las prioridades de la administración Bukele son otras. En la campaña para las elecciones presidenciales de 2024, por ejemplo, Nuevas Ideas y el Gobierno fueron responsables de la emisión de propaganda por un monto superior a los 18 millones de dólares, de acuerdo con un estudio de la oenegé Acción Ciudadana.

Tus impuestos convertidos en propaganda pro Nayib

En 7 millones 647 mil 799 dólares puede estimarse el costo de la propaganda emitida por la institución Gobierno de El Salvador entre el 23 de agosto y el 24 de febrero de 2024, según la oenegé Acción Ciudadana que, a su vez, la dividió en dos categorías: la primera puede considerarse meramente electoral con el evidente propósito de aumentar la divulgación de los mensajes de corte político-ideológico que sostienen la narración que la familia Bukele impulsa, desde el año 2012 cuando Nayib Bukele se convirtió en alcalde de Nuevo Cuscatlán y, con mucha más intensidad, desde que este asumió la Presidencia de la República el 3 de febrero de 2019.

La segunda es de promoción de los logros de la administración Bukele que, en circunstancias distintas a las que padece actualmente El Salvador —debilitamiento de los controles institucionales, subordinación de los tres poderes del Estado a la familia presidencial, reelección contraria a la Constitución, permanente régimen de excepción— podría considerarse dentro de las fronteras de la comunicación institucional.

Entonces, el Gobierno de El Salvador, que en realidad es Casa Presidencial, ha emitido propaganda en televisión, radio, prensa y vallas publicitarias por un valor aproximado de 6 millones 405 mil 149 dólares, según los cálculos de Acción Ciudadana. Por ejemplo: para publicitar la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de Febrero fue emitida publicidad cuyo costo aire en radio y televisión fue de casi medio millón de dólares. Los mensajes incluyeron el anuncio de la supuesta reducción del precio de la factura de la energía eléctrica.

Casa Presidencial también emitió al menos seis mensajes distintos en línea con uno de los ejes comunicacionales al uso de la familia Bukele: el que vilipendia los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992 entre el Estado salvadoreño y la entonces insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Esta narración se concatena con la estrategia de desgaste de la reputación de los partidos políticos que gobernaron durante 30 años el país y que, a su vez, es uno de los elementos de la ideología anti-ARENA/FMLN que empezó a tomar forma hace más de diez años, pero que se consolidó después de que el ahora presidente Bukele fuera expulsado de una de esas organizaciones políticas el 10 de octubre de 2017.

La emisión de esos seis mensajes Acción Ciudadana estimó su costo en más de 2 millones de dólares. Pero hay más.

De acuerdo con el monitoreo, la emisión del mensaje Recuerdas a estos prisioneros tuvo un valor similar: 2 millones 466 mil dólares.

«Los anuncios con mayor valor económico corresponden a los de tipo electoral publicados por la Presidencia de la República», se puede leer en el informe de la oenegé.

En total las instituciones emitieron unos 136 anuncios con el evidente propósito de «incidir en la decisión de los electores» lo que también incluyó anuncios para destacar las obras públicas ejecutadas por la administración Bukele. Además de Casa Presidencial, también se convirtieron en anunciantes la Dirección de Obras Municipales (DOM) que está repitiendo el papel que protagonizó a principios de 2022, como lo publicó FOCOS. A esta estrategia se sumaron el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y el Despacho de la Primera Dama.

La DOM, por ejemplo, publicitó la instalación de cableado subterráneo lo que principalmente ha sido realizado en el Centro Histórico y en algunas de las zonas turísticas más destacadas de San Salvador, como la Zona Rosa; pero este proyecto también ha sido implementado en Ahuachapán, Cabañas o Usulután.

La institución, que principalmente se nutre de los fondos que anteriormente el Ministerio de Hacienda entregaba a las alcaldías, también se ha jactado de estar generando fuentes de empleo.

En su caso, el Ministerio de Obras Públicas publicitó obras que se supone ha ejecutado en Santa Ana y San Salvador, así como también se ha jactado de acciones específicas como la construcción de pasos a desnivel, entre otros.

Julia Evelyn Martínez, catedrática de economía, explicó que la principal fuente de financiamiento para esta propaganda fue el Fondo General de la Nación porque, según ella, desde agosto de 2023 el Ministerio de Hacienda comenzó a realizar transferencias de dinero hacia los caudales del Fondo de Obligaciones Generales del Estado y Casa Presidencial. «La publicidad en sí no solo ha sido 'vota por Nuevas Ideas' sino que ha sido posicionar la marca del presidente Bukele», recordó y ejemplificó con que esta labor también la realizaron, por ejemplo, ministras como María Chichilco y Michelle Sol.

«Han ocupado la publicidad de todas las instituciones para posicionar la marca Nayib Bukele», expresó.

Entre el 23 de mayo y el 14 de noviembre de 2023 los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados, por orden del Gobierno, reorientaron más de 26 millones de dólares a básicamente dos instituciones: Casa Presidencial y DOM, como puede verificarse en los decretos aprobados por los diputados.

Los días 5 de septiembre y 4 de octubre la Asamblea aprobó reorientar 7 millones 300 mil dólares a la DOM.

Los días 23 de mayo, 23 de agosto y 14 de noviembre para Casa Presidencial fueron reorientados más de 18.6 millones de dólares a Casa Presidencial.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, dijo que el contenido detectado en los mensajes firmados por Casa Presidencial principalmente trataba de infundir temor al retorno a las calles de los miembros del Barrio18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) en caso de una eventual recuperación de terreno electoral de los partidos de oposición. «La propaganda en general no hablaba de lo que iban a hacer, no hablaba de futuro, solo hablaba de lo que se había hecho», comentó.

Ruth Eleonora López, de Cristosal, coincidió en que el dinero del erario fue la principal fuente de financiamiento para la campaña electoral que llevó a la reelección inconstitucional a Bukele. «Se ha desarrollado una propaganda electoral en función del fortalecimiento de la imagen de una persona, o de algunas personas, y para eso se han utilizado los recursos que son aportados por los salvadoreños a través de los impuestos», expresó.

El influenciador Castro

Utilizando TalkWalker —herramienta de análisis y monitoreo para cuentas de redes sociales basada en la inteligencia artificial— fueron monitoreadas las cuentas de redes de seis ministerios, de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa para comprender cuáles fueron las funciones que desempeñaron en la campaña electoral de reelección anticonstitucional de Bukele y, además, aproximarse a una cuantificación de su costo.

En principio, debe aclararse que el monitoreo se vio obstaculizado por las nuevas políticas de privacidad implementadas por Facebook. Es decir: la escucha activa se vio fuertemente limitada al punto de casi anularla y, como alternativa de búsqueda, limitarla a la red social X, antes Twitter.

El primer hallazgo es que, entre el 3 de octubre de 2023 y el 31 de enero de 2024, fueron realizadas 147 publicaciones que, directa o indirectamente, mencionan a Nayib Bukele, alaban su liderazgo, elevan a la categoría de «históricas» las cifras obtenidas en su administración presidencial, entre otros.

De esta forma, y siguiendo la línea de análisis, es evidente que las cuentas institucionales de los ministerios de Hacienda, Seguridad, Trabajo, Educación, Economía, de la Defensa, así como también de la Asamblea y de Casa Presidencial —unas en mayor y otras en menor medida— fueron instrumentalizadas también para el blanqueamiento de la candidatura de Bukele.

Por ejemplo: el 29 y el 30 de noviembre de 2023 esas cuentas se pusieron en pos de intensificar el alcance de los mensajes emitidos desde Casa Presidencial, a propósito de la inauguración de un centro de salud en la Isla Tasajera, en San Luis La Herradura, La Paz y colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional donado por China. Las publicaciones, las republicaciones y todas las interacciones generaron más de 7 mil reacciones en ambas jornadas. Al día siguiente Bukele pidió permiso a la Asamblea para supuestamente dedicarse a la campaña.

En ese sentido, de acuerdo con el análisis las cuentas que más destacaron como influenciadoras fueron las de Casa Presidencial, Ministerio de Trabajo (MINTRAB) y la Asamblea Legislativa.

El MINTRAB pudo desempeñar ese papel debido a las denuncias públicas de violación a los derechos laborales de los trabajadores, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Es decir: las constantes quejas de los salvadoreños fueron también aprovechadas para aportar a la estrategia de blanqueamiento de la imagen del candidato oficial y a una de las narrativas impulsadas por el Gobierno: la que establece que el Estado salvadoreño ahora es fuerte y actúa rápidamente contra cualquiera que viole las leyes y sin importar quien sea.

Debe decirse, además, que esa cuenta ha desempeñado una doble función: adular a Bukele, pero también al ministro Rolando Castro.

En el periodo electoral la institución hizo trece publicaciones en las que elogiaba a Bukele, ya fuera citándolo directamente o arrobándolo. Una parte de ellas recibió respuestas de algunos usuarios y el MINTRAB las respondía. Un ejemplo: en la mañana del 3 de febrero publicó: «En el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, se ha superado el récord histórico de 1 millón de cotizantes y continuamos con una tendencia creciente» acompañado de una gráfica de siete barras.

También debe decirse que en las publicaciones de todas las cuentas institucionales analizadas nunca dejaron de referirse a Bukele como presidente, no obstante, formalmente dejó de desempeñar el cargo cuando depositó el poder en Claudia Juana Rodríguez de Guevara en diciembre de 2023.

¿Puede calcularse el costo de usar las cuentas institucionales para la campaña electoral a favor de Bukele? Revista Elementos consultó con dos expertos en redes sociales y la respuesta es que no existen criterios objetivos con los cuales pueda definirse el valor monetario. Pero sí hay experiencia que muestra que influenciadores con más 350 mil seguidores como el MINTRAB o la Asamblea con más de medio millón pueden cobrar entre 300 a 500 dólares por publicación única. O influenciadores como Adriana Hasbún pueden cobrar entre 1 mil 500 a 2 mil dólares, según explicaron.

Los viejos empresarios de siempre y los bitcoiners

Nuevas Ideas, en el periodo de interés, fue la responsable de la emisión de propaganda por aproximadamente 10 millones 230 mil 731 dólares, según Acción Ciudadana, lo que representa el 95 por ciento del total gastado por todos los partidos en ese periodo de la campaña electoral. Es decir: el oficialismo dispuso de todo el dinero para promover la imagen de su candidato mientras otros, por mencionar ARENA y el FMLN, carecieron de la capacidad económica para, al menos, acercarse a la cuarta parte de ese monto.

Los montos más altos pueden encontrarse en los últimos dos meses de 2023 y el primero de 2024, es decir, el tramo final de la campaña presidencial. En noviembre registró un gasto aproximado de 838 mil 137 dólares y en diciembre de 1 millón 684 mil 539 dólares; en enero repuntó hasta los 6 millones 60 mil 213 dólares.

De la totalidad de la inversión, más del 90 por ciento fue destinada para la emisión de propaganda en televisión, mientras el dinero restante fue distribuido en prensa, radio, publicidad exterior y redes sociales.

«No existieron otras fuerzas políticas que hicieran contrapeso al valor de la propaganda emitida por el partido oficial», puede leerse en el informe de la oenegé.

De acuerdo con la Constitución, el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, el dinero para la campaña electoral puede tener dos fuentes: las donaciones privadas y la deuda política que paga el Ministerio de Hacienda.

Revista Elementos, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), intentó presentar una solicitud de información a Nuevas Ideas para conocer las fuentes de su financiamiento electoral. Sin embargo, ni siquiera fue posible encontrar a una persona encargada de recibirla.

En las elecciones de 2019, cuando Bukele era candidato por Gran Alianza por la Unidad (GANA), fue posible conocer que, por ejemplo, Alutech había donado 1 millón de dólares a la campaña y que en la actual administración presidencial esa empresa recibió una concesión para administrar la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. También, por información obtenida por Acción Ciudadana, pudo conocerse que también donaron dinero los empresarios Rogelio Antonio Cervantes Aguirre y Adolfo Salume Artiñano.

En aquel momento también fue posible conocer que las primeras asesorías de Salto Angel Consulting, la empresa consultora propiedad del venezolano Lester Toledo y asentada en Estados Unidos, había cobrado cerca de dos millones de dólares por sus servicios, una cantidad superior a la que cobraba el estratega costarricense Danilo Morales.

Pero en la actualidad conocer estos detalles es imposible debido a la imposición del más oscuro secretismo, no obstante, tratarse una parte de fondos públicos y otra parte de potenciales conflictos de interés.

Escobar explicó que, según el Ministerio de Hacienda, ningún partido había recibido el dinero de la deuda política. «No sabemos de dónde obtuvo recursos el partido para hacer propaganda. O, al menos de fuente pública, pareciera que no lo recibió», dijo.

Martínez consideró que Bukele y Nuevas Ideas pudieron haber recibido dinero para la campaña de algunos bitcoiners y de una parte de los empresarios nacionales que antiguamente donaban a ARENA y al FMLN, así como también de transnacionales que operan entre el Centro y el Sur de América.

Financiamiento forzado

Martínez y Escobar recordaron también que Nuevas Ideas ha obligado a una parte de los empleados públicos a pagar cuotas partidarias. Esto ha sucedido, por ejemplo, con trabajadores de algunos de los ministerios, como lo documentó Revista Factum, que publicó recibos de transferencias a las cuentas del partido oficial en Banco Atlántida.

La economista explicó que ha conocido de la imposición de cuotas a los empleados de la Superintendencia de Competencia (SC), de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME). «No es a todos, es a quienes ellos consideran gerenciales, de confianza, algunos asesores», aclaró.