El 4 de febrero de 2024 El Salvador celebrará elecciones presidenciales y legislativas. Pero, a diferencias a las organizadas luego de los Acuerdos de Paz, las personas acudiremos a las urnas cargando con la candidatura a la reelección de Nayib Armando Bukele Ortez, no obstante, la clara prohibición contenida en seis artículos de la Constitución. Hay otras anomalías: el control absoluto de la sociedad por medio del régimen de excepción —y de unas dos docenas de reformas penales— y la cooptación de las instituciones clave para el proceso, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es decir: bien puede decirse que los comicios serán todo, menos equilibrados, libres y justos. A esto debe sumarse la avasalladora popularidad de Bukele, cuyo séquito, en periodo electoral, ha instrumentalizado las instituciones públicas poniéndolas en pos de ese proyecto de poder de largo plazo.

Por el contrario, el resto de aspirantes parecen completamente anulados, incapaces de sobreponerse y salir del ahogamiento —mediático, financiero, moral— impuesto por el oficialismo. Esa muerte electoral ha impedido mostrar sus orígenes, sus experiencias, sus virtudes y sus defectos.

En Revista Elementos creemos que la suerte está echada y que no habrá sorpresas el 4 febrero. Pero sí consideramos justo que los lectores conozcan más de los otros candidatos. El propósito es que puedan evaluar cuán diferentes son de quien está consolidando su proyecto de eternización en el poder.

El chino de los chinos

Su primer acto de rebeldía política —según él— fue la lectura de un poema de Otto René Castillo durante un acto cívico en la escuela Miguel Ángel García de Quezaltepeque. No recuerda el año, ni el grado que cursaba. Lo único que tiene en su memoria es que todavía era un niño y que el poema se titulaba «Aún bajo la amargura».

— Lo recité a pesar de que era un poema prohibido en el país, porque mis intereses por los cambios sociales vienen desde que estaba pequeño.

Juan Manuel de Jesús Flores Cornejo (Quezaltepeque, 1965) es el menor de siete hermanos. Según él debido a la pobreza del hogar en el que nació debió trabajar, desde que era un niño, al lado de su mamá —Trinidad Cornejo— vendiendo ropa usada y pasteles de leche, aunque entre los mayores de 70 años era conocida por su carnicería; mientras que su padre, Juan Jeremías Flores, carpintero de oficio, fabricaba ruedas de carretas, yugos y otros. En la adolescencia, cuando estudiaba educación media, se unió al Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria (MERS), influenciado, en buena parte, por el trabajo conspirativo que realizaban sus cuñados.

¿Pero cuál fue su papel en el MERS? Su respuesta, como casi todas las relacionadas con su pasado insurgente, es cortante: «Todo era clandestino (…) era correo: llevaba esto, llevaba lo otro». En 1980, después de enrolarse en las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), viajó a Nicaragua a realizar trabajo «político-diplomático». En Managua conoció a Salvador Cayetano Carpio, principal dirigente de esa organización, de quién, según él, anduvo «cerca». Gracias a esa supuesta cercanía conoció algunos entresijos del salvaje asesinato, de 82 puñaladas y un balazo, de Mélida Anaya Montes el 6 de abril de 1983. Después el conocido como Comandante Marcial se suicidó.

Tratando de conocer más sobre su relación con el fundador de las FPL, su respuesta vuelve a ser evasiva y, además, echa mano de un recurso excesivamente gastado entre los otrora líderes guerrilleros que insisten en mantener en la densidad más sombría los momentos más cuestionables de los grupos que formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): «En su momento voy a escribir un libro y ahí van a aparecer».

Asegura que jamás luchó con un arma en El Salvador, pero en el país centroamericano sí lo hizo como soldado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lo formó militarmente para combatir a los Contras que eran financiados por Estados Unidos. También estudió una licenciatura en biología en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

En 1992, después de la firma de los Acuerdos de Paz, se incorporó a las tareas políticas del FMLN en Quezaltepeque, desempeñándose como secretario municipal. En esos años comenzó a dar clases de zoología y fitomejoramiento a estudiantes de agronomía de la Universidad Técnica Latinoamericana (UTLA). Unos ocho años después fue elegido concejal de la administración de Tito Argüello. En 2003 fue electo alcalde con una ventaja de 1 mil 193 votos sobre el candidato de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), su principal contrincante. Fue la primera de tres elecciones que ganó consecutivamente. Sus primeras dos gestiones destacaron por asfaltar las pequeñas avenidas centrales y las calles adyacentes —otrora adoquinadas y otras de tierra—, remodelar canchas y parques, abrir una casa de la cultura en la que eran impartidas clases de lenguas modernas como francés e inglés, poesía, refuerzos de matemáticas, manualidades, brindar servicios médicos básicos, entre otros.

En los primeros meses de su segundo periodo, entre los años 2006 a 2009, las irregularidades comenzaron a saltar y quedaron consignadas en una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República (CCR) en julio de 2008. En el informe los auditores escribieron que, entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2006, hubo emisiones de cheques por 10 mil 901 dólares a favor de funcionarios municipales para el pago de bienes y servicios, violando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que establecía que todos los pagos debían ser a nombre de proveedores.

La segunda observación tenía que ver con la utilización inadecuada del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), pues, según los auditores, los funcionarios municipales transfirieron 413,930.56 dólares para el «pago de dietas del Concejo Municipal», lo cual era ilegal, pues el Reglamento de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) únicamente permitía utilizar el 20 por ciento de ese fondo para gastos operativos, el otro 80 por ciento se debía utilizar para el desarrollo de proyectos en beneficio de los habitantes del municipio.

La tercera observación tenía que ver con controles inadecuados para la distribución del combustible y uso de vehículos de la municipalidad, pues los auditores encontraron que los administrativos de la alcaldía erogaron, entre mayo y diciembre de 2006, 1 mil 595 dólares para combustible utilizado en el vehículo placas P-100078 —marca Futian—propiedad de Flores; y el cuarto fue porque entregaron dinero al Club Deportivo Marte-Quezaltepeque lo que limitó «la ejecución de obras de beneficio social».  En esos siete meses los concejales aprobaron emitir 25 cheques por 38 mil 722.47 dólares violentando, de acuerdo con los auditores, el artículo 68 del Código Municipal que prohíbe «ceder o donar a particulares» bienes públicos.

En mayo de 2008 Flores y los concejales trataron de subsanar los reparos con los siguientes argumentos. El primero: emitieron cheques a nombre de funcionarios porque algunos proveedores no vendían al crédito a la alcaldía; el segundo: tomaron dinero del FODES «en concepto de préstamo» para pago de planilla debido a la «situación financiera que estamos pasando»; el tercero: estaban gestionando la normalización de la situación; y la cuarta fue que del monto total no todo era dinero de la alcaldía, más bien, había otras fuentes, por ejemplo, 500 dólares donados por Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), de José Aquiles Enrique Rais López, depositados en una cuenta del Banco Agrícola denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque/Atlético Marte-Quezaltepeque.

Todas las justificaciones fueron rechazadas y el caso pasó a la Cámara Cuarta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas donde fueron condenados. Hubo una apelación, pero en marzo de 2014 la Cámara de Segunda Instancia confirmó la sentencia.

Desde que anunció su candidatura presidencial, el 20 de abril de 2023, Flores ha repetido, una y otra vez, que ha tenido una trayectoria política intachable. Pero cuando se le pregunta sobre los reparos en la alcaldía de Quezaltepeque, responde enojado: «se pagó y punto».

A Manuel Flores también se le conoce por haber establecido relaciones políticas y comerciales con la República Popular de China, país con el que adquirió camiones recolectores de basura y otra maquinaria de uso municipal. Cuenta que en 2003 contactó a unos amigos, de otros países, que ya tenían relaciones con la potencia asiática, entre ellos Oydén Ortega Durán, excanciller de Panamá y presidente de la Asociación Panameña de Amistad con China (APACHI).  

— Ese mismo año viajé a China y al regresar fundé la Asociación de Amistad El Salvador-China. Luego lo hice en Costa Rica y en Nicaragua.

Dice que posteriormente también fundó la Federación de Amistad China Centroamérica y fungió como vicepresidente de la Federación de Amistad China América Latina y El Caribe.

Desde entonces, Flores ha sido visto en la política salvadoreña como un hombre de los chinos. De hecho, en enero de 2019, cuando Estados Unidos canceló su visa, algunos de sus compañeros del FMLN, como Jorge Schafik Hándal, señalaron que era un acto de represalia porque el gobierno de Salvador Sánchez Cerén había establecido relaciones diplomáticas con China.

— Yo nunca he hecho un negocio con China, no soy empresario.

En junio de 2019, sin embargo, el presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, Guillermo Hasbún, señaló a Flores por el cobro de un cheque por 27,163.58 dólares del depósito de un arrendamiento para la Quinta Exposición Comercial de China en El Salvador, realizada en noviembre de 2018. En conferencia de prensa, Flores aseguró que esos miles de dólares los había administrado como representante del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y que, por lo tanto, únicamente debía explicaciones a los chinos. Además, acusó al funcionario del Gobierno de Bukele de violar el secreto de confidencialidad por divulgar información del contrato de arrendamiento.

Cuando se le pregunta si ha manejado otros fondos del gobierno de la República de China Popular, Flores contesta «cada vez que hacía ferias ocurría lo mismo». La primera exposición comercial ocurrió en el año 2010.

Él, aunque negó haber tenido un pie en el mundo de las empresas, en el registro de comercio del Centro Nacional de Registros (CNR) fue inscrito, el 30 de noviembre de 2011, como administrador único suplente de Cacaluta Visión, sociedad domiciliada en el Barrio El Calvario, San Julián, Sonsonate. Al año siguiente fue elegido diputado por La Libertad, cargo que mantuvo hasta el 30 de abril de 2021. En esos años continuó promoviendo las relaciones diplomáticas con China, las cuales se establecieron, finalmente, en agosto de 2018, en la administración presidencial de Salvador Sánchez Cerén.

En la Asamblea fue uno de los diputados que hizo algunos de los viajes, pagados con fondos públicos, más caros y más prolongados en el tiempo, de acuerdo con los informes Viajes realizados y viáticos asignados a diputados y empleados de la Asamblea, de los años 2013, 2015 y 2017, de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), así como también lo documentó Diario El Mundo en el artículo Los 5 diputados más viajeros han sumado 286 días en el exterior. Dos ejemplos: entre el 9 y el 16 de julio de 2016 recibió 5 mil 581 dólares en concepto de viáticos por su viaje a China; entre el 12 y el 29 de abril de 2018, es decir durante 18 días, permaneció en ese mismo país. Siete meses después organizó las ferias comerciales chinas. Y ocurrió lo del cobro de los cheques.

Al salir de la Asamblea, se convirtió en panelista de algunos programas televisivos. El 20 de abril de 2023 anunció su participación en las elecciones internas de su partido. Un mes después se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidato presidencial del FMLN.

Durante la campaña ha destacado por su alto optimismo y por hacer una serie de propuestas como «Hambre Cero» con la cual, según él, de llegar a la presidencia reactivaría el agro y crearía «tres megacentros» de almacenamiento de granos para cuando surja alguna crisis como ocurre actualmente con la inflación en los precios de la canasta básica.

El candidato del FMLN también ha destacado por sus tibias posturas respecto a la corrupción de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, así como la de otros exfuncionarios de su partido. También por mantener una afinidad a los gobiernos autoritarios de Nicaragua y Venezuela.

Manuel asegura ser un hombre de izquierda, pero cuando se le pregunta a cuál izquierda pertenece, se limita a responder que la izquierda solo es una y que todo lo demás son «motes».

En la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, Flores aparece como el candidato de la oposición con mayor intención de voto con un 2.9 por ciento. Sin embargo, está abismalmente alejado de los números del candidato de Nuevas Ideas, Nayib Bukele.

El migrante y empresario

Fue en octubre de 1986. Ya había cumplido 18 años cuando, según él, viajaba en un autobús del transporte colectivo con destino al Instituto Nacional Thomas Jefferson de Sonsonate donde estudiaba bachillerato agrícola. A la altura del Desvío de Apulo el Batallón Atlacatl —los cuerpos de élite también estaban integrados por antiguos reclutas— había instalado un retén vehicular. Bajaban a todos los pasajeros y les preguntaban quiénes tenían cédula de identidad. Los que respondieron que sí fueron apartados a un lado de la carretera para ser reclutados forzosamente. Fueron tantos, sin embargo, que los camiones no dieron abasto, hubo tumulto y, aprovechando la confusión, saltó a la escalinata trasera de una ruta 111 y entró. Huyó del ejército y después huyó de la guerra.

— Son imágenes que se les quedan a uno por siempre.

Joel Humberto Sánchez Maldonado (Santa Cruz Analquito, 1968) creció en Cojutepeque, Cuscatlán, donde su madre, María Cruz Maldonado, ejercía la docencia. Asegura que cursó dos semestres y unas semanas del tercero en la facultad de agronomía en la Universidad de El Salvador (UES) y que en 1988 migró indocumentado a Dallas, Texas, donde lo esperaban su padre y su hermano mayor, quienes habían viajado cinco y dos años antes, respectivamente. Su primer trabajo, dice, fue elaborar tarimas de madera; el segundo, hacer cuadros del mismo material; el tercero, en una cafetería. En este último conoció a Elizabeth Vargas, su esposa, con quien vive en Mansfield. Con ella, además, fundó el 1 de febrero de 1999 Premier Cleaning Service, empresa que, según él, se ha extendido a ocho estados y doce ciudades de Estados Unidos. Junto a ellos participan en el gobierno de la empresa Donald J. Jackson y Daniel F. Torres.

Premier fue registrada en Austin, Texas, como puede verificarse en Google Maps y como también lo confirmó el candidato presidencial de ARENA en entrevista con Revista Elementos. Sus principales rubros son los servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento en general y su más importante cantera de empleados son los migrantes latinoamericanos, entre ellos los salvadoreños. La empresa también tiene una sucursal en México, donde recientemente un sindicato dijo apoyarlo en sus pretensiones presidenciales.

Según Sánchez, comenzó a participar —y ganar— licitaciones públicas con el Estado entre los años 2012 y 2020, es decir, en las administraciones presidenciales de Carlos Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, así como también en los primeros dos años de Nayib Bukele. Dice que entre sus clientes contó con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio de Salud (MINSAL), Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Banco Hipotecario (BH), Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Fiscalía General de la República (FGR), Casa Presidencial (CAPRES), entre otros. Al buscar contratos en Comprasal, Gobierno Abierto y en los portales de transparencia institucionales, sin embargo, esa compañía no aparece en ninguna parte porque, en realidad, fue inscrita en el registro de comercio del Centro Nacional de Registro (CNR) hasta 2019. El 19 de febrero de ese año también fue creada su página de Facebook.

Pero sí ganó millonarios contratos con el Estado la sociedad de Sánchez y su esposa fundada el 3 de marzo de 1999 en Estados Unidos, J.E.S.V. Inc. Hay, además, cinco sociedades más con las mismas iniciales —iniciales de los primeros nombres y apellidos de la pareja— inscritas en Missouri, Luisiana, Nevada, California y Florida. Con ella, cuyo registro más antiguo en el país es del 15 de junio de 2012, ganó contratos por servicios de limpieza y desinfección del Hospital Militar Central como puede constatarse en el registro de contratistas del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) del año 2015.

Sánchez Maldonado pudo licitar y ganar amparándose en las reglas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA por sus siglas en ingles). El 18 de enero de 2015 J.E.S.V. registró a su favor la marca PREMIER para amparar desinfectantes, servicios de limpieza de calles, inmuebles e interiores.

Entre enero y octubre de 2017, así como también entre enero y octubre de 2018 J.E.S.V. Inc. ganó en licitaciones, a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), 3 millones 409 mil 209 dólares.

Entre los años 2019 y 2020, en plena cuarentena para disminuir la propagación del coronavirus, según Sánchez la administración de Bukele demoraba hasta seis meses en pagar los contratos que había firmado con sus empresas. Por eso decidió no licitar más. En la actualidad está librando un litigio por deudas que no le han sido pagadas.

— Perder contratos para mí era perder oportunidades de crecimiento.

El 14 de abril de 2021, J.E.S.V. presentó una demanda, en el Tribunal del Distrito Norte de Texas, contra CEL por incumplimiento de contrato. El caso, pendiente de resolución, está en manos de la jueza Barbara Lynn.

Esta empresa, además, ha sido denunciada por violaciones a los derechos laborales. De acuerdo con el expediente 00557/19-SA, de octubre de 2019, el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) le impuso una multa de 300 dólares, por no comparecer en las audiencias conciliatorias después de negarse a pagar indemnización y otras prestaciones laborales luego de supuestamente despedir injustamente al trabajador Alexander Antonio Chamul Chacón; en el proceso 418-19 la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador confirmó que debía pagar 1 mil 260 dólares a una trabajadora como indemnización por despido injusto, aguinaldo y vacaciones proporcionales, complemento de salario mínimo vigente desde 2018 y los salarios caídos. 

El 14 de mayo de 2020 la organización Mujeres Transformando publicó una denuncia en sus redes sociales contra Premier Cleaning Service: «La situación de una trabajadora, quien dio a luz y que desde el mes de abril no le han cancelado su salario. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) le informó que no puede darle el subsidio de la incapacidad porque la empresa no ha pagado la cuota laboral».

Sánchez Maldonado, sin embargo, se presentó a sí mismo como un empresario «humanista, progresista. Creo en los valores y en la defensa de los derechos humanos».

En el registro de comercio, el candidato de ARENA aparece relacionado con Probuilding Maintenance and Promise Service, cuya casa matriz también fue asentada en Texas; Sanvar Elite, con los servicios de limpieza como principal rubro; Consorcio Digital, dedicada al diseño, la publicidad y la venta de artículos promocionales; J&F Producciones, que se centra en el desarrollo de nuevos mercados para la prensa escrita, la radio, televisión por internet y las consultorías en diversas ramas.

Sánchez, en junio de 2023, fue presentado como propuesta presidencial por el movimiento Resistencia Ciudadana No al Golpe. Al mes siguiente ARENA oficializó su candidatura junto a la también empresaria migrante Hilcia Bonilla Vásquez.

De acuerdo con un monitoreo de propaganda de Acción Ciudadana, el candidato ha gastado aproximadamente 13 mil 895 dólares en publicidad electoral. Revista Elementos le preguntó si la estimación coincide con sus propias cuentas, pero se negó a dar detalles.

El militar y abogado 

Los surcos alargados de su cabello oscuro cubren su frente. Sonríe ampliamente con los ojos achinados. Su fotografía acompaña un texto, fechado en 4 de enero de 1979, de un poco más de dos columnas de extensión que comienza así: «18 años, de El Salvador, en Centroamérica, por primera vez en su vida vino a los Estados Unidos… por primera vez en su vida no debe usar un uniforme serio para ir a la escuela y no ha tenido que estudiar 25 horas a la semana para aprobar sus cursos. Por primera vez, no tiene que comer frijoles refritos, arroz y sopa todos los días. Por primera, segunda y tercera vez vio nieve y tuvo peleas con bolas de nieve».

Luis Alberto Parada Fuentes (San Salvador, 1960) terminó su educación básica y media en centros educativos privados. Asegura que el 2 de agosto de 1978 llegó a Depoe Bay, Lincoln, Oregon, para hospedarse en la casa de los esposos Edward y Dolores Kosack después de ser seleccionado en un programa de intercambio. A finales del siguiente año regresó al país y en 1980 ingresó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Casi cumplidos los seis meses sufrió la primera lección de abuso de autoridad y violencia: a él y a sus compañeros de promoción los levantaron en la madrugada a flexionar durante una hora en las duchas y a cada uno le propinaron una golpiza. La suya, sin embargo, le fue aplicada con una dosis mayor de brutalidad y odio después de que lo reconocieron por ser un alumno destacado.

Perdió la consciencia y convulsionó. Casi muere.

En los siguientes cuatro años estudió nuevamente en el país norteamericano, específicamente en la Academia West Point. Entre finales de 1984 y principios de 1985 regresó al ejército salvadoreño con el grado de subteniente. En 1986 fue ascendido a Teniente, como puede verificarse en la página 20 del Diario Oficial número 42, tomo 294, del 3 de marzo de 1987. En los siguientes años fue comandante en el Batallón de Paracaidistas, en el Destacamento Militar número 4 de Morazán y, finalmente, subjefe de la Sección de Criptoanálisis de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que es el antecedente directo del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

En 1989 fue uno de los oficiales de inteligencia que desde el primer momento supieron quiénes eran los autores intelectuales de los asesinatos. El 29 de mayo de 1991 La Prensa Gráfica publicó: «participó en una reunión luego del crimen, efectuada por el Comando de Seguridad en el Estado Mayor». El 17 de noviembre acudió personalmente a las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) a observar la escena del crimen en la que yacían los cadáveres acribillados de Ignacio Ellacuría Beascoechea, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López y López, Amando López Quintana, así como también de Julia Elba y Celina Mariceth Ramos. Pero esto fue después.

A principios de 1990 fue designado como agregado militar en la embajada de El Salvador en Estados Unidos. Al año siguiente comenzó el juicio contra los responsables materiales de los crímenes y fue ofrecido como testigo. En el Juzgado Cuarto de lo Penal declaró que había escuchado al capitán Carlos Fernando Herrera Carranza decir, a través de los radios codificados que pertenecían a la DNI, que Ellacuría había muerto después de resistirse a ser arrestado. En los siguientes años permaneció en el mismo cargo hasta el 31 de diciembre de 1996 que en el escalafón general de la Fuerza Armada fue transferido de la situación activa a la de reserva, como puede verificarse en el Diario Oficial tomo 344, número 144, del 9 de agosto de 1999.

Parada se alejó de los cuarteles, continuó estudiando leyes y se especializó en derecho internacional, específicamente en arbitrajes. Trabajó en bufetes como Arnold & Porter, Dewey & LeBoeuf, entre otros.

En este último estaba trabajando cuando, el 30 de octubre de 2007, se reunió con los abogados Arif Ali y Alexandre de Gramont, de la firma Crowell & Moring, quienes intentaban reclutarlo para trabajar con ellos. En la conversación le contaron que estaban iniciando el camino para emprender un arbitraje contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que se negaba a otorgar a uno de sus clientes una concesión para la explotación minera.

En los primeros seis meses de 2008 intentó, al menos tres veces, reunirse con el fiscal general de la República para informarle lo que estaban preparando los abogados de Pacific Rim Cayman LLC. Pero falló. En el documento Declaración del testigo Luis Alberto Parada puede leerse: «Escribí nuevamente al fiscal general el 8 de abril de 2008, reafirmando mi interés en reunirme con él para discutir el potencial arbitraje (…) estos contactos iniciales eventualmente resultaron en la decisión de El Salvador de contratar a Dewey & LeBoeuf como abogados en este arbitraje».

La demanda contra el Estado fue presentada el 30 de abril de 2009, por un monto de 200 millones de dólares, después de que el Gobierno de Elías Antonio Saca se negó a conceder el permiso a la minera para explotar los yacimientos de oro y plata encontrados en el subsuelo de Cabañas.

En las memorias de labores de la Fiscalía General de la República, de los años 2009 a 2018, fueron enlistados pagos por miles y millones de dólares para el bufete Dewey & LeBoeuf cuyos abogados, Parada, Derek C. Smith, Tomás Solís y Erin Argueta, se convirtieron en los representantes del Estado en el litigio.

En el periodo 2009-2010 el bufete cobró 933 mil 748 dólares en concepto de honorarios. Entre 2010-2011 fueron presupuestados 2 millones 600 mil dólares para pagar sus servicios, pero también por la representación en el juicio que la también transnacional minera Commerce Group había emprendido contra El Salvador en el mismo organismo del Banco Mundial; entre junio de 2011 y mayo de 2012 quedó descrito en las cuentas de la Fiscalía: «Con una deuda acumulada de honorarios a la firma de abogados Dewey & LeBoeuf, por la cantidad de 1 millón 809 mil 766 dólares».

En el periodo 2013-2014 la Fiscalía pagó 2 millones 402 mil dólares en arbitrajes, incluyendo los honorarios de los abogados contratados para representar al Estado. Esos litigios incluyeron el abierto por la italiana Enel. En el siguiente periodo fueron cancelados 3 millones 414 mil dólares en gastos en el caso contra Pacific Rim.

Entre 2015 y 2016, de acuerdo con la memoria de labores institucional de ese periodo, el Estado pagó 1 millón 843 mil 566 dólares en honorarios para los abogados del bufete para el que Parada Fuentes trabajaba. 

Para mayo de 2017 la Fiscalía había gastado en total 45 millones 320 mil dólares en varios arbitrajes. En la memoria de labores 2017-2018, después de que El Salvador venció en los tribunales a la minera, quedó escrito: «como parte de dicho fallo, se condenó a la empresa al pago del 60% de los costos en los que el país incurrió para ejercer su defensa, por lo que la Asamblea Legislativa otorgó (…) el monto de 8 millones 97 mil 72 para solventar compromisos pendientes con las firmas de abogados que han representado al Estado».

Una parte de ese monto fue destinado para pagar los honorarios de Dewey & LeBoeuf.

El 11 de febrero de 2020, Parada renunció a su grado militar después de que Nayib Bukele entrara con militares a la Asamblea. En julio de 2023, Parada y la activista de derechos humanos Celia Medrano, fueron ratificados por el partido Nuestro Tiempo como fórmula presidencial para las elecciones de 2024.

El partido Nuestro Tiempo recibió, entre enero y octubre de 2023, un total de 66 mil 731 dólares en concepto de donación y cuota partidaria. Entre sus principales financistas se encuentran:

Multiservicios Corporativos (Multicorp) se dedica al pago de remesas familiares, de acuerdo el asiento de la empresa realizado en 2007 en el CNR.

El candidato inconstitucional

A finales de 2011 la decisión ya estaba tomada: había que apartar a Javier Tobar, candidato del FMLN en Nuevo Cuscatlán, para poner en su lugar a Nayib Bukele.

Esa decisión se había concretado en una reunión, efectuada en el Mesón de Goya de Santa Tecla, entre tres dirigentes del partido de izquierda: Óscar Ortiz, Roberto Lorenzana y Calixto Mejía.

La propuesta, que implicaba traicionar a un candidato del FMLN, la llevó a la mesa Ortiz y Lorenza. Calixto, según recordó nueve años después, únicamente la avaló como secretario del partido en el departamento de La Libertad. Aunque también fue el encargado de despachar a Tobar, quien, indignado por la forma en que se le había tratado, terminó como candidato del partido Concertación Nacional.   

De esa manera ingresó Nayib a la política: enrolado en una conspiración para usurpar una candidatura que ya tenía dueño.

Cuando ganó las elecciones, en su presentación como alcalde de Nuevo Cuscatlán estuvieron presentes su hermano Karin Bukele y su primo Xavier Zablah Bukele, además de Lorenzana y José Luis Merino por parte del FMLN. 

Ya como alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib se dedicó a darle forma a su proyecto político Nuevas Ideas: creó un logo con los colores blanco y azul cian que esparció por todo el municipio y montó una enorme campaña publicitaria sobre el desarrollo de un pueblo pobre y olvidado; lo hizo fabricando mentiras y apropiándose de una serie de programas sociales que ya habían sido creados (y que él mismo había criticado siendo candidato) en administraciones anteriores. También benefició con permisos de construcción a un grupo de empresarios inmobiliarios que vendieron la destrucción ambiental del municipio como una modernización.

En agosto de 2015, en un afán electorero, como reconocieron posteriormente algunos dirigentes del FMLN, Nayib fue elegido candidato a alcalde de San Salvador. Las elecciones las ganó por unos pocos votos, pero suficientes para continuar consolidando su propio proyecto político. En la capital las cosas resultaron más complicadas, pues las jefaturas del partido ejercían un contrapeso a sus decisiones y entonces encumbró una estrategia de confrontación que terminó con su expulsión del FMLN. Eso le allanó el camino para lanzar su candidatura presidencial.

En 2019 fue electo presidente. Y desde entonces la acumulación de poder ha sido una de sus principales metas.

Al inicio de su carrera política, Nayib se presentó como un joven pulcro y transparente, demócrata, alejado de toda la suciedad política: «Nos gusta la democracia cuando nos favorece, y no nos gusta cuando no nos favorece», manifestó en una entrevista televisiva en febrero del 2012.

Hablaba de democracia pero en muchas de sus actuaciones dejaba ver su talante autoritario, como cuando algunos de sus amigos fueron acusados por ataques cibernéticos y él se plantó afuera de la Fiscalía General de la República (FGR) para desafiar al fiscal general y a sus colaboradores.

En el FMLN, además, conocían su comportamiento tiránico: se ensañaba con quienes se opusieran a sus planes en la alcaldía de San Salvador.

En varias ocasiones, desde que era alcalde, reconoció que la reelección presidencial en El Salvador estaba prohibida legalmente.

Incluso, un año antes de anunciar que buscaría la reelección reconoció que en el país era imposible ser presidente dos veces consecutivas y que «yo estaría fuera a los 42 años».

Lo cierto es que, según el abogado Fabio Castillo, Nayib Bukele y sus hermanos tenían un plan para gobernar el país durante 40 años. Y eso quedó más evidenciado cuando en mayo de 2021 asumió la nueva Asamblea Legislativa con una mayoría del partido Nuevas Ideas. Inmediatamente destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ). Al siguiente mes, los magistrados impuestos emitieron la sentencia 1-2021 con la que habilitaron la reelección.

El vicepresidente Félix Ulloa, a quien Nayib le delegó en noviembre de 2020 hacer un estudio de reforma constitucional, estableció en el informe final que una persona no podía ser presidente de manera consecutiva, únicamente luego de cinco años después de dejar el cargo.

El mismo Ulloa dijo que la reelección inmediata estaba prohibida por la Constitución, pero cuando los magistrados de la Sala resolvieron que sí era posible, el vicepresidente se convirtió, de la noche a la mañana, en el defensor de esa tesis. En octubre de 2022, en una entrevista radial comentó: «Como te digo: es un artículo que estaba escondido, que no ha salido a la luz».

En un principio, el gobierno de los Estados Unidos se mostró en contra de la acumulación de poder de Nayib Bukele. Jean Manes, encargada de negocios en El Salvador, criticó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general; también cuestionó la falta de transparencia y la poca voluntad para extraditar a cabecillas de pandillas. Manes, incluso, comparó el gobierno de Bukele con la Venezuela de Hugo Chávez.

En octubre de 2023, sin embargo, el Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se reunió con Nayib Bukele en San Salvador. Antes de abandonar el país dijo que el tema de la reelección presidencial era un asunto de debate salvadoreño. Al siguiente día, Nayib se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidato a presidente de El Salvador.

El pasado 1 de diciembre las redes oficiales informaron que Nayib dejaba la presidencia para dedicarse a la campaña y que la Asamblea Legislativa nombró a Claudia Rodríguez de Guevara.

Pero en el Diario Oficial jamás se publicó la designación presidencial de Rodríguez.