La democracia fallida y el impostor

El fin de la guerra civil tuvo múltiples significados. Pero jamás la consolidación de un régimen democrático como lo hicieron ver los artífices del tratados de paz.

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septiembre 13, 2022
Imagen Elementos

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Habían transcurrido menos de siete días desde el ascenso presidencial de Alfredo Cristiani cuando FUSADES presentó un estudio socioeconómico que contenía los pilares fundacionales para construir una economía de mercado.1 Todo partía de principios liberales. El ser humano era el centro de todo. Luego los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley, porque la igualdad social era una quimera, una falsedad, puesto que cada persona era responsable de sus decisiones, de sus actos, de su propia superación. Nada de egoísmos. El progreso generado por el mercado debía alcanzar a todos. Pero los éxitos eran individuales. Nunca colectivos. El respeto a la propiedad privada debía ser fundamental para garantizar el orden, la armonía, la paz social. El papel del Estado debía estar al margen de la economía. Su rol debía ser auxiliar, sobre todo velar por la justicia y la seguridad. La economía de mercado requería de la descentralización en la toma de decisiones. Nada de controles en la producción ni en los precios. La competencia era clave: ni monopolios, ni mafias, ni oligopolios. Nada de eso. Únicamente la competencia libre, garantizando el funcionamiento del mercado, reflejando en sus precios las preferencias de los consumidores: «Bajo este sistema es indispensable que no haya monopolios, oligopolios o carteles que puedan ejercer un control sobre la oferta de los productos afectando artificialmente los precios… la competencia, por lo tanto, es motor del progreso, de la innovación y del desarrollo de toda la sociedad», enfatizaba el estudio que también afirmaba que en términos económicos la función del Estado era complementaria: únicamente debía evitar las prácticas mafiosas y los comportamientos desleales: «Es especialmente importante que el Estado no garantice legalmente la existencia de monopolios y otras imperfecciones», reiteraba el estudio que también expresaba que el Estado debía asegurar que todos los ciudadanos pudieran integrarse a los mercados y acceder a sus beneficios: «La eliminación de la extrema pobreza es entonces una de sus responsabilidades principales», subrayaba el estudio que también subrayaba que la estrategia para implementar el nuevo modelo económico era generar un crecimiento económico para salir del subdesarrollo y aumentar el bienestar de los habitantes. También era necesario estabilizar la economía para generar confianza en los productores nacionales y en los inversionistas extranjeros. Esto iba a provocar una explosión laboral que revertiría las condiciones de miseria en la que vivían la mayoría de los salvadoreños: «Un objetivo urgente de la estrategia es lograr una significativa disminución de la extrema pobreza. Niveles mínimos de vida y de servicios básicos son fundamentales para que todos puedan beneficiarse e integrarse adecuadamente a los mercados y así aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento».

La mayoría de las recomendaciones en política fiscal eran similares a las que Arnold Harberger, uno de los maestros de los Chicagos Boys, había dado en sus asesorías y seminarios.

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Al principio la rejuvenecida élite económica creía que el conflicto armado no impedía la instauración de un nuevo modelo económico. La clave era tener voluntad política. Reconocer los errores. Revertir algunas reformas. Ejecutar nuevas estrategias, nuevos planes. Pero con el tiempo se convencieron de que la voluntad política era insuficiente. Había que enmudecer las balas. Pactar con la guerrilla un acuerdo de pacificación para llevar la liberalización económica hasta sus últimas consecuencias. Así, de diálogo en diálogo, de conversación en conversación, fue firmada la paz el 16 de enero de 1992.

El fin de la guerra civil tuvo múltiples significados. Pero jamás la consolidación de un régimen democrático como lo hicieron ver los artífices del tratado: «La crisis profunda hizo surgir la posibilidad real de la democracia en nuestro país, y si antes hablábamos de democracia incipiente, ahora, a partir de estos acuerdos, podemos decir que la democracia salvadoreña nos pertenece a todos»2, expresó el presidente Alfredo Cristiani en su discurso pronunciado en el Castillo de Chapultepec, donde también reconoció que la guerra había tenido raíces económicas, sociales, culturales, políticas: «En el pasado, una de las más perniciosas fallas de nuestro esquema de vida nacional fue la inexistencia o la insuficiencia de los espacios y mecanismos necesarios para permitir el libre juego de las ideas, el desenvolvimiento natural de los distintos proyectos políticos, derivados de la libertad de pensamiento y acción. En síntesis, la ausencia de un verdadero esquema democrático de vida».

Pero esas formas pertenecían al pasado. Ahora El Salvador era una democracia. Una democracia total.

Ese era el nuevo estribillo. Como si el cambio de régimen fuera cosa de discursos pirotécnicos, optimistas, cargados de entusiasmos y sentimentalismos.

Es verdad que el texto de los Acuerdos de Paz había puesto fin a la guerra. Pero hablar de una democracia total y plena era martillar mentiras.

Actos preparatorios para celebrar la firma de los Acuerdos de Paz. Foto EDH, 16 de enero de 1992. Consultado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de El Salvador.

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¿En verdad era algo nuevo la economía de mercado que proponían los tecnócratas de FUSADES y la liberalización económica promovida por el presidente Alfredo Cristiani? ¿Acaso no eran los mismos esquemas del liberalismo económico inglés de mediados del siglo XIX, los cuales habían resucitado ante el fracaso de los colectivismos y totalitarismos a finales del siglo XX? Sí. Porque lo que se vendía como una nueva doctrina del desarrollo y el progreso tenía escasas diferencias con la ingeniería económica que se fabricó en Inglaterra a mediados del siglo XIX, cuando se liberó la economía del control social y político para fortalecer una nueva institución llamada libre mercado. A partir de ahí los precios de todos los bienes, incluyendo el de la fuerza laboral, se modificaron sin tomar en cuenta las consecuencias sociales. Incluso, para echar andar la economía del laissez-faire fue necesaria la intervención estatal para convertir las tierras comunales en propiedad privada. El resultado: la mayor parte de la propiedad en la economía de mercado agrícola pasó a manos de los grandes latifundistas. No menos importante para la formación del libre mercado fue la Ley de pobres, la cual obligó a las personas a aceptar trabajo a cualquier tarifa establecida por el mercado.3

El libre mercado, entonces, se volvió hegemónico en la mayor parte del mundo.

En El Salvador también hubo una reforma liberal que expropió a las comunidades indígenas y campesinas de sus terrenos, y luego los lanzó al mercado laboral sin ninguna protección, rompiendo golpe a golpe una institución de protección legada por la colonia española. Fue el presidente Rafael Zaldívar, quien gobernó El Salvador de 1876 a 1885, el que abolió las tierras comunales y ejidales en nombre de la productividad y el progreso. Lo hizo a través de una serie de leyes que terminaron beneficiando a los terratenientes con más poder adquisitivo.4 El resultado: la expansión de la producción cafetalera, sí, pero también la consolidación de una nueva élite económica en torno al café.

Luego las desigualdades. La ruptura social. El control del Estado. La crisis económica de 1929. La matanza de 1932.

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¿Era necesario instaurar una democracia para el funcionamiento del libre mercado? No. Lo que era imprescindible era finalizar el conflicto armado, estabilizar el país, generar las condiciones para el crecimiento económico. Pero eso no hubiera sido posible sin conceder algunas libertades políticas. Y eso fue lo que sucedió con los Acuerdos de Paz. Hubo reformas constitucionales que permitieron la transformación del sistema electoral. La conversión de la guerrilla en partido político. La participación de la izquierda sin restricciones. Porque la exclusión había sido una de las causas del conflicto y terminó siendo una de las soluciones fundamentales. También se debilitó a la Fuerza Armada. Se disolvieron los cuerpos represivos. Se construyó una nueva institucionalidad de seguridad pública. Una nueva institucionalidad de derechos humanos. Se permitió el retorno de los exiliados. La pluralidad de ideas. Nacieron nuevas revistas, nuevos espacios para el debate, la crítica, la polémica. Pero el entusiasmo duró poco. Muy poco. Las libertades comenzaron a limitarse tempranamente. La denuncia periodística fue censurada. El sistema judicial fue cooptado. La nueva policía empezó a corromperse. Los militares volvieron a las calles. Las elecciones se volvieron sospechosas. Los partidos políticos, autoritarios y corruptos, desataron una cadena de purgas. Los funcionarios públicos consolidaron las antiguas redes clientelares. La corrupción sin freno. El progreso económico se quedó en unas pocas manos. En las manos de una nueva élite. La miseria, los salarios de hambre, la falta de oportunidades siguió siendo la regla. Los flujos migratorios fueron inevitables. Luego los cientos de deportados. El estallido social. Las pandillas, la violencia, los asesinatos con y sin tregua. El caos generalizado. La nostalgia por el caudillo, por el mesías redentor de siempre.

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Los nuevos gobernantes lo tenían claro: había que privatizar, privatizarlo todo, todo privatizado. Los bancos, las telecomunicaciones, la energía eléctrica. Todo. Desde un inicio trabajaron en ello.

El 22 de noviembre de 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Saneamiento y Fortalecimiento de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo.5 Inmediatamente se creó el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI) para limpiar las deudas, con fondos públicos, de las instituciones financieras que habían sido nacionalizadas en 1980. Fueron cinco bancos y cuatro asociaciones de ahorro y préstamo las que fueron entregadas a manos privadas.

Los bancos: de Desarrollo, de Comercio, Agrícola Comercial, Cuscatlán y Salvadoreño.

Las financieras: Casa, Credisa, Atlacatl y Ahorromet.

Para saldar las deudas el gobierno emitió bonos por un valor equivalente a 302 millones de dólares. Pero eso no fue todo. El 29 de noviembre de 1990 fue aprobada la Ley de Privatización de los Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo, la cual, entre otras cosas, establecía la venta preferencial de las acciones a favor de los empleados y de los pequeños inversionistas.6

El proceso, sin embargo, fue poco transparente. En muchos casos, según diversos estudios, los trabajadores fueron utilizados como testaferros u obligados a vender sus activos.7

Fue así como el poder económico se concentró en una nueva élite. Esta vez en una élite financiera.

Los bancos pasaron a ser controlados por un poderoso círculo de jóvenes empresarios. La mayoría vinculados a FUSADES.

El Banco Salvadoreño, por ejemplo, que antes de ser nacionalizado en 1980 había pertenecido a la familia Guirola, ahora era propiedad de la familia Simán.

El Banco Agrícola, que había pertenecido a las familias Escalante y Sol-Millet, ahora era propiedad de los Baldocchi Dueñas.

El Banco Cuscatlán, que había pertenecido a los Hill, ahora era propiedad de los Samayoa Cristiani.

El Banco de Comercio, que había pertenecido a los Regalado Dueñas, ahora era propiedad de los García Prieto.

Y así, una tras otra, las instituciones financieras pasaron a ser propiedad de los Salaverría, de los Zablah, de los Poma, de los Murray Meza, entre otros.8

La nueva élite financiera se completó, a finales de los años noventa, con la privatización de los fondos de pensiones.

Pero toda esta reinvención de la economía no estuvo exenta de las antiguas prácticas mafiosas. Los monopolios, por ejemplo, sobrevivieron a la doctrina neoliberal. Un ejemplo fue la aerolínea Taca, empresa de la familia Kriete, que durante años mantuvo un privilegio económico en Centroamérica y elevó los precios de los boletos a su antojo. En 1997 absorbió a tres aerolíneas que estaban en las ruinas: Lacsa (Costa Rica) Sahsa (Honduras) y Aeronica (Nicaragua). De esa manera consolidó su poderío en la región.9 Otro ejemplo fue La Constancia, empresa de la familia Meza Ayau, que durante décadas fue la única distribuidora de cervezas y gaseosa en El Salvador. Más recientemente, en 2008, la Superintendencia de Competencia multó a la empresa de harinas Molsa, propiedad de una de las ramas de la familia Salume, por prácticas anticompetitivas. Las sanciones fueron ratificadas, en mayo de 2017, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.10

El modelo neoliberal, pues, acabó con los monopolios de Estado. Pero permitió la consolidación o el surgimiento de nuevas mafias empresariales que crearon sus propios monopolios.

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Los primeros años de la posguerra salvadoreña fueron turbulentos. Había optimismos, deseos de reconstrucción, entusiasmos por el cambio. Pero también había destrucción, pobreza, resistencia a la modernización. Miles de muertos. Miles de lisiados. Miles de desplazados. La miseria se había extendido por todo El Salvador.

Al finalizar la guerra, el entonces Ministerio de Planificación detalló que 3.2 millones de salvadoreños (de una población de 5.3 millones) eran pobres y 1.6 millones vivían en extrema pobreza.11 No solo eso. La migración interna era numerosa: al menos 500 mil personas, muchos de ellos campesinos, habían llegado a las ciudades en busca de oportunidades. Pero lo único que encontraron fue desempleo. Aproximadamente un millón de salvadoreños habían migrado hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos. La ruptura familiar era evidente: unos 60 mil hogares de San Salvador eran liderados por mujeres, según datos del Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) del año 1988.12

Francisco Campos Gámez, de 31 años, fue amputado tras patear una mina en Berlín. Foto EDH,  enero de 1992. Consultado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de El Salvador.

A pesar de todas las adversidades, durante los primeros años de la posguerra los salvadoreños se mostraron optimistas. Estaban hartos de la violencia, de la confrontación y los muertos, por eso empujaron al país a una solución pacífica. A mediados de 1992, el 70 por ciento de los salvadoreños tenían una opinión positiva sobre los Acuerdos de Paz. Creían que las cosas estaban cambiando13. Los años siguientes fueron similares. Las valoraciones positivas continuaron vigentes. Pero en 1995 hubo una ruptura: solo el 33 por ciento de los salvadoreños creía que los tratados de paz habían logrado cambios favorables. El 36.4 por ciento creían que solo habían cosechado fracasos. 14

La disolución de los antiguos cuerpos de seguridad y la creación de nuevas instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) generaron optimismo, pues se suponía que dejarían atrás un pasado lleno de abusos, de terror, de múltiples violaciones. El problema fue que la nueva policía fue conformada por exguerrilleros y exmilitares que lo único que sabían era dar tiros, reprimir y asesinar. El resultado fue una corporación corrupta, poco formada y mal pagada, que siguió cometiendo tropelías y garantizando la impunidad. Algunos de sus miembros se involucraron, desde mediados de los años noventa, en grupos de exterminio. Hubo jefaturas que comenzaron a trabajar para delincuentes desalmados, cabecillas de pandillas, estructuras del crimen organizado. 15

Esa ha sido una tendencia que aún persiste.

Desde un principio los salvadoreños sintieron poca confianza en la PNC y más bien respaldaron el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. A inicios de 1995 el 61.6 por ciento de los ciudadanos creían que la participación de los militares haría más efectivo el combate a la criminalidad.16 Para entonces, los barrios y colonias eran controlados por pandilleros, muchos de ellos deportados de los Estados Unidos, donde se habían integrado a clicas dirigidas por migrantes latinos.

Lo cierto es que los militares nunca abandonaron las tareas de seguridad pública. Los gobiernos areneros los utilizaron, sobre todo en sus estrategias de mano dura, desplegando militares y policías en comunidades marginales del país. Años después, el primer gobierno de izquierda los siguió usando en operativos de rutina y también les asignó tareas de seguridad en las cárceles. Pero eso no fue lo peor. Paradójicamente, la antigua guerrilla, que había destacado la desmilitarización como uno de los grandes logros de los Acuerdos de Paz, les volvió a asignar un rol político,17 cuando el presidente Mauricio Funes nombró al general David Munguía Payés como ministro de Seguridad y al general Francisco Salinas como director de la PNC. Posteriormente ambos nombramientos fueron declarados inconstitucionales.

Pero todo fue inútil. Ni la nueva policía ni el uso recurrente de los militares sirvió para controlar a las pandillas. El conflicto armado terminó. Pero la violencia encontró nuevos espacios. De hecho, las cifras de homicidios en los primeros años de la posguerra han sido las más altas en la historia de El Salvador. En 1994, por ejemplo, se registraron 7,673 homicidios. En 1995 hubo 7,877. En 1996 se contabilizaron 6,792. 18

Foto LPG, 25 de julio de 2003. Consultado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de El Salvador.

En los años posteriores las cifras descendieron. Pero se volvieron a disparar a mediados de la década pasada. En 2015, por ejemplo, hubo 6,656 asesinatos.

Al cabo de tres años, luego de la firma de la paz, los salvadoreños se estrellaron con una realidad ineludible: la inseguridad, la miseria, la política sucia seguían contaminando el ambiente. Pocas cosas habían cambiado. Los verdaderos problemas seguían inalterables, punzantes, erosionando a la sociedad. Se había salido de una orgía de sangre para sumergirse en otra igual de horrorosa. El caos estaba nuevamente instalado. Para octubre de 1995, casi el 76 por ciento de los salvadoreños estaba de acuerdo en que El Salvador «necesita un líder fuerte y decidido que ponga orden». Es decir: la solución a todos los males estaba en la elección de un dirigente autoritario. 19

Ni los cincuenta años de militarismo, ni los innumerables abusos, ni las constantes violaciones hacía reflexionar a los salvadoreños. Nada. Únicamente anhelaban vivir en paz. Y si para ello había que invocar el autoritarismo, estaban dispuestos a hacerlo. Porque la realidad era implacable, dura, despiadada. Las oportunidades de superación eran mínimas y la migración hacia el extranjero era la única salida.

Mientras tanto, la nueva élite económica únicamente se preocupaba por acumular. Lo suyo era generar más riqueza. Nada más. El resto no importaba. Al fin y al cabo, la migración generaba ríos de remesas que mejoraban la operatividad de sus nuevos bancos.

Mientras tanto, los políticos —los de izquierda y de derecha— se deleitaban del juego electoral, pero eran incapaces de generar confianza y empatía en los ciudadanos. Eso se vio reflejado en las elecciones de 1994, en las que hubo un 50 por ciento de abstención.20 Los salvadoreños percibían la política como algo ajeno a sus principales preocupaciones. La sensación de eficacia política era nula.  Creían que las elecciones no servían para mayor cosa. Por eso el poco interés en acudir a las urnas.

En 1995, el politólogo Stefan Roggenbuck, en su ensayo Cultura política en El Salvador, observó que el «elitismo-autoritario» seguía siendo fuerte en las formas de organización política salvadoreña. También notó que «la cultura del fraude electoral, todavía no superada, encuentra una nueva fuente de manipulación: la computadora».

Observó, además, que había un elemento autoritario en los aparatos que generaban opinión pública: «en los periódicos se siguen publicando artículos con pensamiento de la guerra fría». Y para terminar de rematar, la intolerancia estaba presente por todos lados. Una pequeña muestra: «los empresarios retiran la pauta publicitaria cuando algún artículo les desfavorece».

Su sentencia era pesimista: «Estos últimos ejemplos hacen pensar que en El Salvador se puede establecer una forma moderna de cultura autoritaria, tal vez parecida al autoritarismo blando que se ejerce en algunos países asiáticos como en Japón o Singapur».

7

Si fue un accidente histórico, un error político, una conspiración maquiavélica, es lo de menos. Lo verdaderamente importante es que la elección de los magistrados constitucionalistas de 2009 —pocos meses después de la llegada del primer gobierno de izquierda— configuró una nueva manera de concebir la política. Fueron ellos, a través de sus resoluciones, que remacharon la idea de que el poder político es limitado, que no solo el Estado podía controlar las acciones de los ciudadanos, sino que también estos tenían las herramientas legales para controlar las acciones del Estado, principalmente de los empleados públicos, de todos, desde el más insignificante al más poderoso, desde un diputado o un ministro o un juez hasta el propio presidente de la República. Nadie es absoluto. Nadie es intocable. Cualquier ciudadano salvadoreño, a través de una demanda, a través de un amparo, a través de un hábeas corpus, podía poner freno a los abusos de los gobernantes despóticos y corruptos.

Las formas de reinventar el derecho fueron peculiares: influenciados por la corriente austríaca y por las resoluciones del Tribunal Constitucional Alemán, y siguiendo la moderna doctrina del constitucionalismo, establecieron que la Constitución es el punto de partida, pero no el punto final. Había que interpretarla de diversas maneras, complementarla con tratados internacionales, enriquecerla con jurisprudencia de países avanzados. Y eso no significaba trastocar o reformar la constitución, sino garantizar derechos fundamentales ausentes como los de las mujeres, de vivienda, de salud, entre otros.

Los nuevos constitucionalistas implementaron jornadas de formación cívica, pues era imprescindible que los salvadoreños fueran conscientes de que el Estado de Derecho no era una abstracción, sino una forma de garantizar el funcionamiento de las leyes de manera equitativa, imparcial, sin distinción alguna. Fue así como emitieron algunas resoluciones que hicieron rabiar a los políticos, de todos lados, de izquierda y de derecha, que abusaban de su poder. Por ejemplo, declararon ilegal uno de los mecanismos que había permitido el saqueo de fondos públicos en los gobiernos de derecha, es decir, la transferencia de grandes sumas de dinero a la partida de gastos reservados. Eso enfureció al entonces presidente Mauricio Funes, el primer mandatario de izquierda, quien terminó inventando nuevas formas para robarse el dinero de los salvadoreños. Los constitucionalistas también declararon ilegal los nombramientos de funcionarios de segundo grado por sus claros conflictos de interés al estar vinculados a partidos políticos. También impugnaron el nombramiento de dos generales en cargos de seguridad pública. También abrieron las listas electorales para que los ciudadanos votaran por el candidato de su preferencia, así como también habilitaron la participación de candidatos no partidarios. También recibieron demandas contra particulares y resolvieron en contra de bancos y empresas, porque en un Estado de Derecho nadie podía escapar al control constitucional.

La lista de resoluciones fue amplia. Algunas generaron crisis institucionales, porque los políticos, de todos lados, de izquierda y de derecha, se resistían al control. Y aunque se decían demócratas, demostraban, con sus acciones, que lo suyo era cualquier cosa, menos la defensa de la pluralidad, el balance de poderes, las reglas democráticas.

Es verdad: estos hombres no fueron infalibles, cometieron errores, en algunos casos despacharon resoluciones de manera exprés, extraña, sospechosa.

Pero no se puede negar que fueron esos controles constitucionales, así como la denuncia periodística y ciudadana, la que llevó a políticos y empresarios a los tribunales de justicia, a cárceles y bartolinas policiales, al cobarde exilio.

En ese ambiente, en el que se tomaba conciencia de toda la podredumbre y corrupción de los gobiernos pasados y actuales; en el que los crímenes, la miseria y la migración seguían alimentando el círculo vicioso de siempre, apareció el redentor, el falso profeta que hablaba en clave democrática y prometía acabar con toda la suciedad política, pero que al llegar al poder  —o antes de llegar al poder presidencial— había dado suficientes muestras que estaba vestido con los mismos vicios que decía combatir.

Su nombre: Nayib Armando Bukele Ortez.

Desde 2019, El Salvador no solo se ha estancado en materia de control constitucional de los poderes políticos y económicos, sino que se han ido limitando derechos fundamentales y ha demolido la poca institucionalidad que se había logrado tras el fin de la guerra civil.

Ha instalado, nuevamente, el verticalismo. El autoritarismo más detestable.

 

NOTAS

[1] FUSADES, Hacia una economía de mercado en El Salvador: Bases para una nueva estrategia de desarrollo económico y social, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, 1989.

[2] Discurso del presidente Alfredo Cristiani durante la ceremonia de la firma de los Acuerdos de Paz, en el Castillo de Chapultepec, México, 16 de enero 1992.

[3] Diario Oficial 197, tomo 10, 26 de febrero de 1881. En la instrucción del decreto legislativo dice: «Que la indivisión de terrenos poseídos por comunidades impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo… que tal estado de cosas debe cesar cuanto antes como contrario a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado».

[4] Eric Hobsbawm, La era del capital 1848-1875, Editorial Critica, 2003.

[5] Diario Oficial 276, tomo 309, 6 de diciembre de 1990.

[6] Diario Oficial 280, tomo 309, 12 de diciembre de 1990.

[7] Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), F&G Editores, 2015.  «Los mecanismos empleados por estos grupos empresariales para hacerse con la mayoría de las acciones de estos bancos no siempre fueron legítimos o transparentes. En algunos casos se valieron de terceras personas para burlar los límites impuestos por la ley de privatización (en particular, la restricción que establecía que una sola persona, natural o jurídica, podía adquirir como máximo el 5% de las acciones)».

[8] María Dolores Albiac, Los ricos más ricos de El Salvador, ECA, octubre de 1999.

[9] Taca, el grupo aéreo más poderoso de Centroamérica, La Prensa, 31 de mayo de 2008.

[10] SC cierra caso más emblemático sobre harineras, Superintendencia de Competencia, 16 de agosto de 2008. La sanción a Molsa fue de $1,971,015.16 mientras que Harisa pagó $2,061,406.20. En el informe, la Superintendencia de Competencia estableció que «el acuerdo entre estas dos harineras les habría lucrado por más de USD $10 millones cada uno de los tres años que fue investigado el cártel, dado el sobreprecio generado artificialmente, el cual se ha calculado en un 22%».

[11] Violencia del FMLN incrementó la pobreza y el desempleo, El Diario de Hoy, 16 de enero 1992.

[12] Violencia del FMLN… El Diario de Hoy, 16 de enero 1992.

[13] Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), UCA, 1992. Encuesta sobre la visión del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y valoraciones políticas de los salvadoreños.

[14] Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), UCA, 1995. Encuesta sobre cultura política, plan y coyuntura económica.   

[15] Héctor Silva Ávalos, Infiltrados, Crónica de la corrupción de la PNC (1992-2013), UCA Editores, 2014.  La PNC «fracasó en la tarea de construir una nueva cultura de aplicación a la ley y en la de cambiar la conducta de sus oficiales. Fracasó en la tarea de crear métodos efectivos de depuración interna. Y, con consecuencias devastadoras para su misión de perseguir y prevenir la actividad criminal, fracasó en su tarea de entrenar agentes capaces de investigar a los transgresores de la ley sin importar sus conexiones políticas, ideologías o su estatus económico o social. Como antes hacían los cuerpos policiales que se desmantelaron, la PNC también se especializó en obstruir la justicia y en garantizar la impunidad para aquellos con suficiente influencia o dinero».

[16] Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), UCA, 1995. Encuesta sobre cultura política, plan y coyuntura económica.  

[17] Discurso de Schafik Hándal durante la ceremonia de la firma de los Acuerdos de Paz, en el Castillo de Chapultepec, México, 16 de enero 1992.  «Lo principal de este logro es el fin de la hegemonía militar sobre la nación civil, el final de una larguísima época durante la cual fueron ahogados los ideales liberales de los próceres de la independencia en beneficio de una minoría opulenta apoyada en la fuerza que llegó a volverse insensible al clamor del pueblo laborioso y pobre».

[18] Knut Walter, La muerte violenta como realidad cotidiana, El Salvador 1912-2016, ACCESARTE, 2018.

[19] Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), UCA, 1995. Encuesta sobre el sistema político salvadoreño. 

[20] Stefan Roggenbuck, Cultura política en El Salvador, Konrad Adenauer Stiftung, 1995.

 

INTRODUCCIÓN: La raíz autoritaria (contra la democracia)

PRIMERA PARTE: Arquitectos del falso amanecer

    
 
Luis Canizalez

One comment on “La democracia fallida y el impostor”

  1. Buen análisis para entender “ como llegamos a donde estamos”
    Lastimosamente la gran mayoria de la poblacion es “masa “ se deja llevar por las emociones y no lee.

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