Desde 2020, y en el marco de la pandemia del Covid-19, se han suscitado una serie de prácticas que también vulneran la institucionalidad presupuestaria: el uso exacerbado de la partida del FOPROMID para la atención de emergencias, la falta de acceso a información sobre los gastos reservados del OIE y su incremento en la ejecución de recursos en los últimos años.